De qué se trata el proyecto que busca legalizar a cuidacoches con control estatal

Según pudo saber El Litoral, el debate sobre la situación de los cuidacoches en Rosario suma un nuevo capítulo con el reciente ingreso al Concejo Municipal de un proyecto que busca legalizar la actividad bajo estrictos controles estatales.

La iniciativa, impulsada por la concejala Fernanda Gigliani, propone un cambio de paradigma: integrar a los llamados "trapitos" en un padrón municipal, capacitarlos y establecer un sistema de regulación que garantice tanto el respeto por los automovilistas como los derechos de quienes desempeñan esta labor.

El proyecto, que rescata una propuesta presentada originalmente en 1995, contempla medidas como el uso de uniformes municipales, la inscripción obligatoria en un registro oficial y la implementación de cupos por género. Además, los cuidacoches recibirían capacitación para profesionalizar su tarea y los pagos que reciban serían estrictamente voluntarios, según el texto presentado en el Concejo.

La problemática de los cuidacoches no es nueva en Rosario. En los últimos años, las denuncias de extorsión y amenazas por parte de personas que ofrecen "cuidar" vehículos han sido recurrentes. Esta situación se agrava en eventos masivos, como la Fiesta de las Colectividades, donde recientemente el Ministerio de Seguridad reportó la detención de seis personas acusadas de extorsionar a automovilistas.

Fernanda Gigliani defendió su proyecto afirmando que los cuidacoches representan "una salida laboral ante la falta de empleo formal". La edila destacó que esta actividad, aunque informal, "permite la subsistencia de muchas personas". En este sentido, planteó que la ordenanza buscaría ofrecer garantías a ambas partes: "Por un lado, los automovilistas tendrán la certeza de saber quién es la persona que cuida sus vehículos, y por otro, los trabajadores podrán desempeñar su tarea de forma segura y sin conflictos legales".

Sin embargo, no todos los sectores coinciden con esta postura. Desde otro enfoque, el ex concejal Miguel Tessandori presentó, en su momento, un proyecto que combina regulación y sanciones. Su propuesta incluye la posibilidad de censar a los cuidacoches, pero con requisitos como certificado de antecedentes penales, licencia oficial otorgada por la Secretaría de Control y Convivencia y la aprobación del 10% de los vecinos del barrio donde planeen trabajar.

Además, Tessandori propone multas que oscilan entre los 3.000 y 57.000 pesos para aquellos que obstruyan el tránsito, extorsionen o realicen actividades ilícitas. Su iniciativa también establece tareas educativas como sanción para quienes cometan infracciones, buscando generar conciencia sobre la convivencia urbana.

El debate en el Concejo Municipal sobre los "trapitos" tiene un largo historial de propuestas que no han prosperado. Ni el nuevo Código de Convivencia, aprobado en 2023, logró resultados significativos. Según sus críticos, las normativas vigentes no atacan el problema de fondo: la intervención de mafias en la actividad y la falta de herramientas efectivas para sancionar los abusos.

En este sentido, el ex concejal Roy López Molina calificó el Código de Convivencia como "una simulación" que no cambia la realidad de los automovilistas. A su juicio, las medidas actuales trasladan la responsabilidad al vecino, quien debe probar que fue víctima de extorsión, un proceso engorroso y muchas veces inviable.

Por su parte, Gigliani señaló que su proyecto se diferencia por apostar a la formalización de la actividad, algo que considera fundamental para desarticular las redes de extorsión que operan en algunos sectores de la ciudad. "Regular la actividad no solo brindará seguridad a los automovilistas, sino que también protegerá a los trabajadores honestos que ven en esto una oportunidad laboral legítima", sostuvo.

El contexto social y económico también juega un rol clave en esta discusión. Con un mercado laboral en crisis y una creciente informalidad, los cuidacoches han encontrado en esta actividad una alternativa para generar ingresos. Sin embargo, la falta de regulación adecuada ha alimentado una grieta entre quienes defienden la legalización y aquellos que piden prohibirla por completo.

Mientras tanto, desde la Comisión de Obras Públicas del Concejo, advierten que el escenario "se ha complejizado" debido al avance de las mafias en el control de esta actividad. Incluso, algunos cuidacoches han expresado su temor a participar en audiencias públicas por miedo a represalias.

El proyecto de Gigliani promete abrir un nuevo debate en la agenda legislativa local. Legalizar a los cuidacoches con control estatal es, según sus defensores, una forma de abordar el problema desde una perspectiva integral. Sin embargo, la propuesta deberá sortear resistencias políticas y sociales antes de convertirse en realidad.

El desafío para el Concejo Municipal será encontrar un equilibrio entre las necesidades de los cuidacoches, las demandas de los automovilistas y la obligación del Estado de garantizar seguridad y orden en la vía pública