El Gobierno nacional dejó sin vigencia el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública de desarme que funcionó durante más de 15 años en Argentina y que permitía a los ciudadanos entregar armas y municiones de manera anónima a cambio de un incentivo económico. La consecuencia inmediata es que, desde el 1 de enero de 2024, quienes poseen un arma y desean deshacerse de ella voluntariamente ya no cuentan con un mecanismo oficial para hacerlo.



































