Bolivia declaró la emergencia energética y social ante la crisis económica

En un intento por contener los efectos de una profunda crisis económica que sacude al país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, declaró este miércoles la emergencia energética y social en todo el territorio nacional.

La medida, oficializada a través del Decreto Supremo 5517, apunta a enfrentar el desabastecimiento de combustibles, la escasez de divisas y la creciente inflación que atraviesa la economía boliviana.

Según el comunicado emitido por el Ejecutivo, la situación actual compromete seriamente la capacidad del Estado para garantizar el suministro de energía, la continuidad de la actividad productiva y el acceso a bienes básicos para la población.

Combustibles, en el centro del conflicto

Uno de los principales focos de la crisis es la falta de diésel y gasolina, cuya distribución se ha vuelto intermitente en las últimas semanas, generando largas filas en estaciones de servicio, paralización de sectores productivos y protestas sociales. Esta situación se agrava por la escasez de dólares, que complica la importación de hidrocarburos y otras materias primas esenciales.

El Gobierno señaló que se atraviesa un "proceso inflacionario" que ha derivado en una “emergencia económica y social”, por lo cual se dispuso la intervención directa y temporal del Estado en la cadena de abastecimiento de combustibles.

Las medidas del decreto

El decreto presidencial establece una serie de disposiciones urgentes y excepcionales:

• Autorización para la importación privada de combustibles: Por un período de un año, personas físicas y jurídicas podrán importar, comercializar y distribuir productos derivados del petróleo. Esta actividad estará sujeta a precios de mercado de importación o “pre-terminal”.

• Suspensión del control sobre el diésel: Se elimina la clasificación del diésel como sustancia controlada, lo que permite su libre circulación sin necesidad de autorización previa.

• Simplificación administrativa: Se instruyó a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a modificar sus procedimientos para facilitar la entrada de combustibles al país.

• Garantía de acceso no discriminatorio a la infraestructura: El decreto establece que todas las empresas privadas podrán acceder a las redes e instalaciones necesarias para el transporte y la distribución de combustibles.

• Estas medidas tienen vigencia inmediata y se extenderán por 12 meses, con posibilidad de revisión según la evolución del contexto económico.

Un país atravesado por la incertidumbre

Bolivia enfrenta una inflación acumulada de más del 20% en los últimos meses, con severas restricciones en la disponibilidad de divisas extranjeras. A ello se suma un creciente malestar social por el aumento del costo de vida, el desabastecimiento y la incertidumbre política.

La emergencia declarada busca evitar un colapso en sectores clave como el transporte, la producción agrícola y la generación eléctrica, todos dependientes del acceso a combustibles.

El presidente Rodrigo Paz, que asumió recientemente el poder tras un proceso electoral marcado por la polarización, apuesta por un modelo de liberalización parcial y medidas de excepción para estabilizar la situación, al menos de forma transitoria.

Una salida compleja

Si bien la apertura a la importación privada busca aliviar el desabastecimiento, expertos advierten que podría generar aumentos en los precios internos si no se implementan mecanismos de regulación adecuados. Además, se teme que la liberalización del mercado energético derive en mayores desigualdades en el acceso a recursos esenciales.

En este contexto, la ciudadanía boliviana enfrenta semanas decisivas, mientras el gobierno intenta frenar el deterioro económico y recuperar la confianza social con políticas de emergencia.