Un escándalo sacude un campamento veraniego ubicado en la provincia de Álava (España), luego de que varias familias denunciaran que sus hijos —entre 13 y 15 años— fueron obligados a ducharse desnudos en grupos mixtos y en presencia de adultos.
Cuatro familias presentaron una denuncia judicial afirmando que sus hijos fueron obligados a bañarse desnudos en grupos mixtos junto a monitores adultos durante un campamento en Álava. La causa ya está en manos de la Justicia y reaviva el debate sobre límites y protección infantil.

Un escándalo sacude un campamento veraniego ubicado en la provincia de Álava (España), luego de que varias familias denunciaran que sus hijos —entre 13 y 15 años— fueron obligados a ducharse desnudos en grupos mixtos y en presencia de adultos.
Según las denuncias presentadas, esta práctica habría ocurrido en diferentes momentos durante los años 2021 a 2024, a pesar de los reclamos de los menores y sus padres. La Justicia ya investiga posibles delitos contra la libertad sexual.
Las denuncias sostienen que las duchas colectivas no diferenciaban por género ni edad, de modo que adolescentes de ambos sexos debían desnudarse y compartir el espacio con otros menores y también con adultos presentes.
Relatan que las quejas iniciales fueron desoídas, y que la situación se repitió en varias oportunidades. Una de las madres testimonió que su hija fue sometida entre cinco y seis veces a esas duchas, aun cuando había expresado incomodidad y pedido que no la obligaran a participar.
Por su parte, los responsables del campamento defendieron la metodología aplicada, señalando que se basaba en principios de “normalización corporal” e “inclusión”, y que no tenía carácter sexual.
Aseguraron además que estas prácticas fueron informadas durante el proceso de inscripción y que existen precedentes de proyectos similares en otros espacios recreativos.
Sin embargo, las familias denunciantes cuestionan esa explicación y advierten que nadie en el momento expuso clara y detalladamente la naturaleza de esas duchas.
Frente a la gravedad de las acusaciones, el juzgado correspondiente abrió una causa penal por posibles delitos contra la libertad sexual.
La policía autonómica del País Vasco (Ertzaintza) ya ha recabado testimonios y documentación relacionada con el campamento. El expediente fue puesto a disposición del Ministerio Fiscal para que evalúe imputaciones o sanciones contra los responsables.
El caso, además de generar conmoción social, abrió un intenso debate en España sobre los límites de la educación corporal, el resguardo legal de los menores y el control estatal en establecimientos privados.
Varias entidades defensoras de derechos infantiles pidieron que se profundice la supervisión de estos espacios, mientras que legisladores anunciaron iniciativas para endurecer normas sobre colaciones y campamentos veraniegos.
Las familias que promovieron la denuncia demandan una sentencia ejemplar y acciones preventivas que eviten la repetición de situaciones semejantes.
Reclaman que se garantice la protección efectiva de los niños y adolescentes, y que el Estado establezca controles más rigurosos en la autorización y evaluación de campamentos que atienden menores.




