Chile decide bajo tensión social si reemplaza la "Constitución de Pinochet"

Las bajas pensiones, las deficiencias de la salud y la educación pública y la desigualdad provocaron el año pasado un “estallido social” en uno de los países más estables de América Latina, el que fue canalizado hacia un referendo constitucional a través de un amplio acuerdo político promovido por el gobierno de centroderecha del presidente Sebastián Piñera.

El referendo debió realizarse en abril, pero la irrupción del coronavirus, que desató una severa crisis económica y elevó el desempleo en Chile a máximos históricos, obligó a aplazarlo. Ahora, la pandemia y sus efectos son otra variable en un proceso que durará más de un año, que coincidirá con los esfuerzos de recuperación económica y la campaña para la elección presidencial en 2021.

Sin embargo, el referendo y todo lo que podría desencadenar tiene un fuerte componente simbólico pues es visto como un cierre definitivo a la Constitución de 1980, redactada a puertas cerradas durante el régimen de Pinochet. “Hay una primera expectativa, la minimalista, que es la de relegitimar las reglas del juego a través de un nuevo pacto político y social, donde todos sintamos que el producto de este proceso tiene nuestras huellas dactilares, no de un solo sector”, dijo a Reuters el académico y analista político Cristóbal Bellolio, partidario de redactar un nuevo texto.

Pero por otro lado, señala, una serie de expectativas “maximalistas” -como considerar que una nueva Constitución resolvería asuntos más bien del orden de las políticas públicas como pensiones o educación- puede desatar frustración y choques con quienes consideran que el texto debe obedecer exclusivamente a la voz de quienes salieron a la calle a protestar. “Me da la sensación que hay mucha gente que está pensando en la Constitución como un programa de gobierno”, plantea Bellolio, cuando justamente se trata de alejarse de la política contingente.

El expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), que promovió la más amplia reforma al texto de 1980, alertó en una reciente entrevista con Reuters sobre crear expectativas demasiado altas en torno a una nueva Constitución, aunque destacó el valor de un acto que renueve la confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones. A muchos chilenos este referendo les rememora el plebiscito de 1988 que derrotó a la dictadura militar.

Un total de 14,8 millones de electores están habilitados para votar el domingo por las opciones “Apruebo” o “Rechazo”, y qué órgano sería el encargado de escribir el nuevo texto, si una convención mixta compuesta por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos popularmente o un cuerpo sólo de constituyentes elegidos para ese fin. Para Bellolio, será importante analizar cuántas personas voten finalmente y por cuánta diferencia se impondrá la opción ganadora que, según las encuestas, será el “Apruebo”.

El próximo paso será la elección en abril de los constituyentes, cuando recién podrá evaluarse el equilibrio de visiones para la redacción del texto. Hay hasta 12 meses para redactar la nueva Constitución, que además deberá ser ratificada en otro plebiscito. En caso de ser rechazada, seguirá vigente la actual. Según la ley para el procedimiento, las normas del nuevo texto deberán ser aprobadas por dos tercios de los constituyentes, por lo que también se prevé un proceso que favorecerá los grandes acuerdos, dejando de lado visiones y enfoques más extremos.

Mariano Machado, analista para América Latina de la firma de análisis de riesgo Verisk Maplecroft, dijo que si el referendo abría la puerta a una nueva Constitución, esto podría contener las recientes tensiones, la inestabilidad política y malestar social, pero no erradicarlos. Por su parte, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, estima que el proceso constitucional abre las puertas a que Chile siga siendo un líder en la región. El país podría entrar en una etapa “en la cual se mantengan los principales elementos que generaron el éxito chileno, en términos del crecimiento económico de las últimas décadas; pero que también esto se complemente con una agenda de cobertura social, con unas finanzas públicas más progresivas”, afirmó.

El domingo pasado, a una semana del plebiscito, una manifestación por el primer aniversario del estallido social derivó en violentos disturbios sobre todo en el centro de Santiago, donde dos pequeñas iglesias fueron incendiadas.