Uruguay: advierten que "crece" el contrabando en la frontera con Brasil

Hace dos semanas el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Aceguá -una localidad fronteriza que tiene un "lado" brasileño y otro uruguayo-, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica, incautó una carga valuada en más de 400.000 pesos. El contrabandista, un hombre de 60 años, cargaba en un auto decenas de cajas de zapatos, lentes de aumento, gorros, buzos, camperas y pantalones, según informó La Voz de Melo. Un tiempo antes, a principios de junio, siete personas fueron detenidas cerca de la localidad de Arachania, a 22 kilómetros de Melo, por cargar carne porcina, comida para perros, bebidas y comestibles —presuntamente de contrabando— en dos camionetas.

Los procedimientos recibieron fuertes críticas de políticos locales y del senador y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana, quien consideró “un exceso” la actuación de las autoridades.

Cuando se dan estos hechos, el resto del país mira a los departamentos fronterizos —puntualmente los que limitan con Brasil— con suspicacia y descreimiento. ¿Cómo puede estar tan legitimado el contrabando?

Nuevas formas

“El contrabando existe desde que nace la frontera”, dice el edil nacionalista Fabián Magallanes. Y Botana afirma: “Mientras exista diferencia de precios entre Brasil y Uruguay, va a existir el contrabando”.

La diferencia, hoy, no es de unos pocos pesos. Una pasta de dientes de 180 gramos se puede encontrar en un supermercado de Aceguá a 4,8 reales; un poco menos de 40 pesos uruguayos. Ese producto, de la misma marca y gramaje, vale 269 pesos uruguayos en un supermercado nacional de gran superficie en el centro de Melo. Y, en el medio, el contrabando: en un almacén céntrico que vende productos nacionales y brasileños, esa misma pasta cuesta 69 pesos. A cuatro cuadras de ese comercio, se la encuentra por 55 pesos.

En definitiva, en un radio de menos de 10 cuadras, el mismo producto tiene tres precios distintos, con una diferencia de más de 200 pesos entre el mínimo y el máximo. ¿La razón? Dos de los comercios compraron la pasta de dientes en Aceguá; la otra, la del supermercado grande, vino desde Montevideo, pese a que el envase dice “industria brasilera” como las demás.

Sucede lo mismo con el resto de los productos de la canasta. La misma marca de café instantáneo de 200 gramos cuesta 113 pesos en Brasil y 337 en el supermercado nacional; el producto es de industria brasileña en ambos casos.

“Nosotros no conocemos el azúcar uruguayo. Recién cuando vino un supermercado grande nos enteramos. Pero acá nadie compra ni aceite ni azúcar uruguayos”, dice Mariela Moura, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. “Nosotros compramos brasilero, y los compramos acá en el almacén de barrio. Muy pocos almacenes de Melo tienen productos uruguayos. La mayoría tienen productos brasileros, y nosotros, como usuarios de ese consumo, no lo desconocemos”, agrega Moura. Ningún melense se atreve a decir lo contrario. Tanto, que una vecina aconseja: “No vayan a decir que están en contra del contrabando”.

Este consumo de productos de primera necesidad traídos de Aceguá es histórico, pero los comerciantes melenses se encuentran ahora con una ampliación de la oferta brasilera: muebles, colchones, zapatos, productos de ferretería, barraca e incluso de farmacia. Moura denuncia que el “delivery” de comercios de Aceguá a Melo se ha vuelto “algo de todos los días”. “El cliente llama como a cualquier otro comercio y Aceguá le trae las cosas en un flete con un costo del 20% a la puerta de su casa. A veces, los productos no son competitivos —en algunos rubros la mercadería es más barata acá— pero igual la gente usa este sistema de pedir a los comercios de allá”.

Esta modalidad no es nueva, pero sí se ha vuelto más fluida y ahora abarca rubros más allá del alimento. Dice la presidenta del centro comercial: “Antes venía una carga puntual para una obra puntual en el rubro construcción. Pero ahora precisás una cisterna o una tapa de inodoro y la pedís allá, no venís a la ferretería de tu barrio a comprar”. Una vecina, que prefiere el anonimato, cuenta que hace poco compró un mueble en Aceguá y lo pagó acá, en Melo. Esa es la garantía: si al flete lo paran en Aduanas, el consumidor final no pierde su dinero. Si el mueble llega, como le llegó a esta vecina, el servicio incluye armado y solo le cobran un 20% más por todo el servicio.

Frente a este escenario, Moura sabe que no hay soluciones fáciles, pero la única salida que le ve a esta diferencia de precios tan acentuada es bajar los costos de este lado. “No peleamos contra el contrabando. Es ridículo que le saquen un surtido a una familia. Sí peleamos por tener precios competitivos en la frontera”, dice Moura. “Que nosotros tengamos la posibilidad de comprar los productos con otro precio, para que los podamos vender mejor a nuestro consumidor. Que no llevemos todo nuestro sueldo a la frontera porque eso no vuelve al país”, se lamenta.

Los dos lados

A medio camino entre Melo y Aceguá, en la localidad de Isidoro Noblía, hay un surtidor de nafta automático, un perro al sol y una pantalla con instrucciones. Un matrimonio estaciona su auto, saca dos bidones de la valija y toca la pantalla para empezar. Completan el paso a paso: nafta súper, 3.000 pesos, consumidor final, débito. Insertan la tarjeta para confirmar el pago y poner en marcha el surtidor, pero la pantalla se congela en “procesando”. Pasan uno, dos, tres minutos y el hombre cancela la operación para empezar otra vez. A su lado, la esposa le dice que algo habrá hecho mal, que capaz la tarjeta había que ponerla después. Él vuelve a seguir las instrucciones, esta vez leyendo en voz alta cada palabra que aparece en la pantalla (la máquina no emite sonido) y cada número que digita. S U P E R. 3 0 0 0. O K.

El proceso vuelve a quedar trunco en el mismo lugar.

Paciente y despreocupada, la señora sugiere probar con la tarjeta de crédito. Ella y su marido hicieron 20 kilómetros desde Melo porque este surtidor automático, inaugurado este año, tiene el descuento del Imesi: está justo a 20 kilómetros de la frontera con Brasil.

El matrimonio ya lleva más de 15 minutos intentando poner nafta. No tienen suerte con la otra tarjeta; concluyen que es el sistema lo que falla. Pero intentan otra vez, nada los apura. Y, otra vez, el mismo error. Él toca un botón amarillo en la pantalla que dice “para solicitar asistencia”, pero del otro lado de la máquina no hay nadie. Tampoco en la casilla a pocos metros del surtidor. No hay rastros de vida humana en Noblía, en la estación construida tan estratégicamente.

—Y bueno. Nafta brasilera nomás.

Recogen los bidones y parten rumbo a Aceguá, donde compran las cerámicas que usan para una pieza de la casa que están refaccionando. Y de paso, un surtido. Y el combustible. Y los bidones.

La “nafta de frontera” —que exactamente goza del 30% de descuento del Imesi— no llega a Melo. Esto es porque el descuento es para ciudades ubicadas a menos de 20 kilómetros de cualquier límite fronterizo.

En la estación Ipiranga, en Aceguá, hay una pizarra con el precio de cada combustible: un tipo de nafta cuesta 6,75 reales; la otra, 10 centésimos más. En el uniforme de los pisteros está bordada la bandera de Uruguay y la de Brasil, ambas unidas en el asta. Los tres jóvenes del turno del mediodía —la hora de la siesta en los dos lados de la frontera— son brasileros y hablan español a la perfección. Uno de ellos dice que el flujo de autos uruguayos ha caído en el último tiempo por una leve suba en Brasil. Que ahora, en comparación con los brasileros, “tan solo” el 70% del consumo proviene de uruguayos. “Eso sí, vienen y llenan el tanque, bidones, de todo”, comenta uno. Acá el litro de nafta cuesta 57 pesos uruguayos; en Melo, 80.

Detrás de la estación hay un espeto corrido para unos 20 comensales. Juliana, la chica de la recepción, recita el menú del día: arroz con poroto, fideos con tuco y milanesa de carne con ensalada rusa y papas fritas. El plato sale 160 pesos. En el parador no hay más de 15 personas, pero “los de aquellas mesas son uruguayos”, dice Juliana, y señala a dos familias. El resto de Aceguá —el municipio, unas pocas casas, dos free shops del lado uruguayo, tres supermercados grandes, almacenes, una farmacia y dos barracas— descansa. En las pocas despensas abiertas son reticentes a hablar. “Esto tiene mala repercusión en Brasil”, se limita a decir el propietario de un supermercado.

Del lado uruguayo, a un paso de los free shops cerrados, hay una pequeña tienda. Las góndolas exhiben cajas de alfajores nacionales y frascos de varias marcas de dulce de leche. Podría intuirse que es la tienda que completa el circuito “turístico” de Aceguá: un free shop, otro free shop y un souvenir comestible hecho en Uruguay. Al final del pasillo, una heladera con fiambres y quesos es el salvavidas del pequeño comercio.

La franja olvidada

Según el edil nacionalista Fabián Magallanes, los que habitan esta franja de Uruguay son “incomprendidos” cuando dicen, como dijo él la semana pasada, que el del quilero es un trabajo digno. “La nota que me hicieron en Montevideo (por una publicación de Montevideo Portal) tenía solo comentarios negativos. En la misma nota publicada acá, en un portal local, el 99% de los comentarios eran positivos”, cuenta.

—¿Cómo se convive con el contrabando? ¿Cómo se castiga?

—La sociedad arachana no castiga. Convive con eso y se alimenta de eso. Pero si mañana te agarran cargando drogas, la sociedad te apunta con el dedo, porque eso enferma a mi hijo, a mi familia. Pero a la gente que trae comida, nadie la apunta. Entonces ¿quién nos culpa? ¿Quién culpa a los bagayeros? La Justicia. Sí, bárbaro, está escrito, no se puede contrabandear. Pero entonces, ¿qué hago? Qué hago si es mi trabajo, si es lo único que sé hacer; y a su vez me beneficio yo, pero también se benefician todos. No es el malo de la película el bagayero. Por algo los homenajeamos. Están las esculturas en la ruta, ¿y quién nos dice algo?

Magallanes advierte que lo suyo no es apología al delito sino un “reconocimiento” de lo que pasa. Que la dignidad del quilero está en el sacrificio de traer la carga, contra viento, frío, calor o lluvia, en lugar de “quedarse en la casa esperando un plan social o, yendo a un extremo, robar”. Asimismo está en contra del contrabando de pollo o de cualquier otro animal que comprometa la sanidad uruguaya. Y de cargas que estén fuera de las necesidades básicas. También está en contra del contrabando de combustible, “porque esa pérdida es dañina para el Uruguay”. Él defiende a los que traen productos básicos. Pero matiza: “No porque estas cosas estén instaladas hay que aceptarlas. Pero esto solo se cambia con políticas. Y mientras no lleguen… No es un tema de gobiernos ni partidos, es histórico. Ahora somos la coalición y esto no es una crítica, es una realidad. No nos podemos callar”.

Botana dice que “el gobierno está en un debe muy grande con la frontera”. Según el senador, la única manera “inteligente” de darle solución al tema del contrabando, de generar empleo y subir los niveles de actividad en la frontera es habilitar regímenes de importación simplificada. Con ese objetivo fue que presentó un proyecto de ley el año pasado junto al senador Guido Manini Ríos, que establece bajas impositivas y autorización de importación por parte del comercio formal de cierta cantidad de mercadería en función del número de empleados formalizados que tenga la empresa. Ese proyecto espera un informe “más adecuado” de parte del Ministerio de Economía, dice Botana. “Nuestro deber es hacer políticas de frontera, y es una de las pocas cosas que este gobierno no ha cumplido. Está muy en falta el gobierno”, concluye.

Pablo Guarino, edil frenteamplista, dice que todos los partidos políticos suelen coincidir en Cerro Largo cuando se habla de los quileros, del contrabando y de la necesidad de más políticas de frontera. “En el diagnóstico de la situación y en la necesidad de más políticas hay acuerdo. Estamos viendo cuáles son las mejores alternativas, y ahí es cuando chocás con el centralismo del gobierno desde Montevideo”, dice el edil. “Somos concientes de que no es una solución fácil. Empezando con: ¿cuál es la línea que marca la faja de frontera? ¿20 kilómetros, 60 kilómetros?”.

En tanto, la Comisión Nacional del interior del Frente Amplio sesionó días atrás en Río Branco. La principal preocupación que se planteó en el territorio fue, justamente, la falta de políticas de frontera. “Se encomendó a la comisión plantearlo en la Mesa Política nacional del Frente Amplio, para que conformen un equipo para analizar en profundidad y tomar definiciones” en este tema, adelanta Guarino. “El Frente también ha estado omiso en dar respuestas. No es de este gobierno, esto viene de gobiernos del Frente también”, finaliza el edil.

Menos ingresos y más pobreza en la frontera

Las cámaras empresariales de frontera participaron en junio en la Comisión Especial de Frontera con Brasil de la Cámara de Diputados. Representantes de los centros comerciales de Chuy, Rivera, Cerro Largo y Artigas expresaron sus inquietudes y su prisa por una solución que los contemple. La situación laboral y económica de estos departamentos es la peor comparada con el resto del país, según datos proporcionados por el contador Guzmán Ifrán de la OPP a la comisión.

Por ejemplo: los ingresos medios de los hogares en 2020 se ubican en 45.200 pesos para los departamentos con frontera con Brasil; la cifra asciende a 69.000 pesos en los departamentos no fronterizos. Por otro lado, un 14% del total de la población fronteriza vive bajo la línea de pobreza, respecto a un 11,6% del total país. La tasa de desempleo acompaña la media nacional, pero la informalidad es preocupante: cuatro de cada diez personas empleadas en la frontera trabajan “en negro”. En el resto del país, los que sí se encuentran contemplados en el sistema previsional son ocho de cada 10 trabajadores.

Con información de El País