José Jerí asumió la presidencia interina de Perú tras la destitución exprés de Dina Boluarte

El Congreso de Perú destituyó a primera hora de este viernes a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago aprobado con el voto de 118 congresistas. El presidente del Congreso, José Jerí, juró de inmediato como mandatario interino, en un contexto de fuerte crisis política e inseguridad ciudadana.

Boluarte, de 63 años, fue apartada del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, convirtiéndose en la séptima presidenta peruana desde 2016. La sucesión de mandatos interrumpidos y renuncias refleja la inestabilidad política crónica del país, con dos mandatarios destituidos, dos que dimitieron y uno que apenas completó un mandato transitorio.

“Incapacidad moral”: la causa formal de la destitución

La mayoría parlamentaria aprobó el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su “permanente incapacidad moral” para dirigir el Ejecutivo. La principal razón fue el agravamiento de la inseguridad en todo el territorio peruano, con aumentos sostenidos de la extorsión y la criminalidad organizada.

“El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, declaró la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, durante la sesión previa al voto.

Boluarte rechazó asistir al Congreso para ejercer su defensa. Su abogado, Juan Carlos Portugal, argumentó falta de garantías y de tiempo suficiente para preparar el descargo, denunciando una “decisión política disfrazada de juicio constitucional”.

Desde el entorno presidencial calificaron el proceso como una “emboscada parlamentaria”, y advirtieron que “Perú se sumerge otra vez en el vacío institucional”. Sin embargo, la moción fue aprobada sin sobresaltos y Jerí juró ante el pleno en la madrugada.

Sin apoyo político ni social

La ya exmandataria gobernaba sin bancada propia y con mínimo respaldo ciudadano. Su estrategia de alianzas con fuerzas conservadoras le permitió esquivar anteriores pedidos de vacancia, pero la ola de extorsiones, asesinatos y denuncias de corrupción terminó por aislarla políticamente.

En sus casi tres años de gestión, Boluarte acumuló procesos judiciales y escándalos que debilitaron su imagen pública:

Represión de protestas (2022): la Fiscalía la investigó por la muerte de más de 50 personas tras las manifestaciones que siguieron a la caída de Pedro Castillo.

Abandono de cargo: fue procesada por haberse sometido a una cirugía estética sin autorización del Congreso.

Rolexgate: en 2024, protagonizó un escándalo por lucir joyas de lujo no declaradas, valoradas en miles de dólares.

Su salida deja un vacío institucional y abre la puerta a nuevos conflictos judiciales. Sin el fuero presidencial, Boluarte podrá ser procesada y eventualmente condenada.

Un nuevo presidente interino y viejas incertidumbres

José Jerí, líder del Parlamento y miembro del bloque de derecha, juró como presidente interino cerca de las dos de la madrugada. Prometió “garantizar la continuidad del Estado y recuperar la paz interna”. No obstante, enfrenta un Congreso fragmentado y una ciudadanía desconfiada.

“Vamos a trabajar con firmeza para devolverle al pueblo la seguridad y la esperanza”, declaró Jerí, quien deberá gobernar hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026. Su asunción fue recibida con aplausos en el recinto, pero también con protestas en las calles de Lima, Cusco y Arequipa.

Analistas locales advierten que el nuevo mandatario “tendrá el desafío de restaurar la confianza institucional” y de impulsar reformas urgentes en seguridad y justicia, en un país donde el descrédito político parece ya estructural.

La comunidad internacional, en tanto, pidió “transparencia y respeto al orden constitucional”. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), se convocó a una sesión extraordinaria para analizar la situación peruana y enviar una misión de observación política a Lima.

Inseguridad, crisis y desconfianza

El trasfondo de la destitución está marcado por un contexto de violencia creciente, con más de 1000 homicidios registrados en lo que va del año y redes criminales que operan con fuerte presencia en zonas urbanas. En paralelo, la inflación y el desempleo juvenil mantienen altos niveles de malestar social.

A pesar de la nueva sucesión presidencial, la población peruana expresa cansancio y desconfianza frente a la clase política. Las encuestas previas a la crisis mostraban que más del 90 % de los ciudadanos desaprueba al Congreso y más del 80 % al Ejecutivo.

Mientras tanto, el gabinete de ministros se mantiene en funciones transitorias. Se espera que Jerí anuncie en los próximos días una reorganización parcial del gabinete y convoque a diálogo con las fuerzas políticas y empresariales para intentar estabilizar el país.

El desafío inmediato será contener la crisis social y económica que amenaza con escalar, en un escenario donde Perú suma ya siete presidentes en menos de una década.