La Justicia ratificó la imputación al sospechoso por los incendios en El Bolsón

La justicia de Río Negro ratificó la imputación y la prisión preventiva de Nicolás Heredia, un hombre de 31 años oriundo de Senillosa, Neuquén, acusado de iniciar los incendios forestales en El Bolsón, que devastaron aproximadamente 3.500 hectáreas.

Heredia fue detenido el 6 de febrero en posesión de una botella con líquido inflamable, lo que levantó sospechas sobre su participación en los siniestros.

Según el informe oficial, Heredia se encontraba en "actitud sospechosa" cuando dos vecinos de la zona, Agustín Peralta y Milagro Medina, lo interceptaron. Ambos declararon como testigos en la causa.

Los fiscales Francisco Arrién y Martín Lozada presentaron cargos en su contra, y el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, avaló la formulación de cargos y dictaminó prisión preventiva por un mes mientras avanza la investigación.

Defensa y declaraciones familiares

La defensa de Heredia sostiene que él se encontraba en la zona con la intención de colaborar en la lucha contra el fuego, llevando alimentos a los brigadistas y sumándose como voluntario en las tareas de combate.

Su madre, Sandra Gramajo, expresó en una entrevista radial: "Es una situación fea, mi hijo está preso por venir a dar una mano. Está muy triste, muy decaído. Él es de Senillosa, se había venido de vacaciones, justo se encontró con los incendios y quiso ayudar".

Además, Gramajo afirmó que su hijo fue encarcelado "por ser morocho y pobre", sugiriendo una posible discriminación en su detención.

Impacto de los incendios

Los incendios en El Bolsón dejaron consecuencias devastadoras. Un relevamiento preliminar del gobierno de Río Negro indicó que el fuego, desatado el 30 de enero, destruyó 221 viviendas y afectó a 612 personas.

Así mismo, la región patagónica sufrió múltiples incendios forestales en las últimas semanas.

En total, más de 15.000 hectáreas de bosques nativos fueron arrasadas por las llamas en las provincias de Río Negro y Neuquén. Estos siniestros causaron la muerte de al menos una persona, la destrucción de 120 viviendas y la evacuación de más de 500 familias.

Las condiciones climáticas adversas, sumadas a la sospecha de intencionalidad en algunos focos, complicaron las tareas de extinción y generaron preocupación entre las comunidades afectadas.

Polémica por las medidas del gobierno

En respuesta a la crisis, el gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como grupo terrorista, acusándolos de estar detrás de los incendios en la Patagonia.

Esta decisión, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó controversia, especialmente entre las comunidades mapuches que rechazan ser catalogadas como terroristas.

Facundo Jones Huala, único miembro identificado de la RAM, negó su participación en los incendios, aunque fue condenado anteriormente en Chile por actos violentos.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas de los incendios y buscan a los responsables de estos desastres ambientales que afectaron gravemente a la región patagónica