Restituyeron la matrícula de Entre Ríos a un médico condenado por impedir aborto legal

La cartera sanitaria entrerriana había determinado, en noviembre del año pasado, que el ginecólogo debía "abstenerse de ejercer la medicina y cerrar su consultorio", medida que tomó luego de que se hiciera pública una carta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias, y asambleas.

El médico tocoginecólogo Rodríguez Lastra, fue condenado en Río Negro, en octubre de 2019, a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pena confirmada por otro tribunal.

La condena judicial llegó porque Rodríguez Lastra impidió la práctica de un aborto legal y así obligó a gestar y parir a una joven víctima de una violación. El médico había comenzado a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, con un consultorio en un instituto privado.

El 26 de noviembre de 2020, a través de la resolución 4.649/20, el Ministerio entrerriano consideró que mantenerle su matrícula provincial de médico sería una "concreta violación a las normas que rigen la actividad, a la ética y al interés público y social".

Por eso, a través de esa resolución, la titular de la cartera, Sonia Velásquez, ordenó suspender su matrícula y "cerrar su consultorio y abstenerse de ejercer la medicina" en Entre Ríos. Contrario a ello, a través de la resolución 416/21 el Ministerio revocó la suspensión el 12 de febrero, si bien la decisión oficial se hizo pública en las últimas horas, y lo habilitó a ejercer la medicina.

Si bien "ostenta una sentencia penal impuesta en razón de su actividad de médico en Río Negro, no se encuentra firme y consentida" ya que su defensa presentó un recurso en queja, confirmaron desde la cartera sanitaria entrerriana.

​Eso "justificaría el levantamiento y revocación" de su suspensión, la cual, aseguraron, "no se trató de una inhabilitación de una matrícula sino una suspensión cautelar provisoria". La matrícula 12.642 le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales provincial, con vigencia hasta 2025.