Discapacitaron la discapacidad

La auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad refleja que los derechos de las personas discapacitadas han sido vulnerados casi sistemáticamente en los últimos años, por ejemplo con el otorgamiento de pensiones "truchas".

No solo el abuso de pensiones otorgadas por supuesta invalidez debido a discapacidades motoras ha producido un desfalco a las arcas del Estado nacional -tal cual lo describimos en nuestra nota anterior, publicada el 25 de julio pasado bajo el título "Burlando la discapacidad"-, que no es otra cosa que nuestro dinero, de los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Sino que, además, ese desfalco puede costarnos cerca de 2.000 millones de dólares al año, si las estimaciones sobre las pensiones "truchas" se confirma, a través de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin olvidar, por otra parte, que a esos millones hay que sumarles los erogados por las prestaciones terapéuticas a personas con discapacidad que nunca las recibieron.

Este mecanismo de hacer dinero por prestadores "truchos", es una copia del sistema del dinero destinado a los comedores escolares que nunca llegó, o de los fondos destinados para construir casas o caminos que jamás se vieron materializados. El mecanismo de esta estafa esta originado en un Certificado Único de Discapacidad (CUD), que puede ser otorgado correctamente o en forma indebida. Por medio de ese CUD, la persona beneficiaria por la ley Nº 24701 tiene acceso a una cantidad de terapias y beneficios en salud física, psíquica y social muy importante, además del transporte que facilite el acceso a las citadas prestaciones (un vehículo con chofer hacia donde dispongan las terapias, sin límite prácticamente). (*)

Es ahí donde comienzan los abusos hacia el financiador, el Estado nacional y a cualquier obra social o prepaga. Uno de esos abusos puede consistir en facturar terapias que llegan hasta los 3 millones de pesos por mes en una internación por discapacidad, en la cual la persona portadora del CUD quizás jamás pisó una clínica. A ello se le suman los insumos que pueden sumarse a esas jugosas facturaciones que nunca se realizan, como equipamiento costosísimo para personas con discapacidad: sillas de ruedas, ortesis y prótesis importadas, cirugías y medicación, terapias ambulatorias y el supuesto transporte del paciente hacia las terapias.

Dentro de los abusos más comunes -sobre una persona que verdaderamente tiene una discapacidad- y una estafa -sobre una supuesta persona que está en tratamiento-, está el cambio de dirección en el DNI, que se hace para "alejarlo" del lugar de las terapias. Entonces, por un recorrido corto, cambian la dirección legal hacia otra dirección "más alejada" (de un pariente por ejemplo) y así los transportistas facturan más de lo debido. Lo mismo pasa con los prestadores de terapias que sobrecargan a las obras sociales con prestaciones, pero el paciente recibe menos de las autorizadas y facturadas. Esto puede ser inferido y auditado, ya que ha hecho mucho ruido que parte del denominado colectivo de Discapacidad se haya opuesto rotundamente al sistema de auditoría de las prestaciones de la Andis mediante el uso de tecnología de geolocalización

Hace unos meses, la Andis quería implementar la geolocalización para tener un seguimiento de las personas con discapacidad que son beneficiadas por las prestaciones. Como en el "Caso Loan", donde se peritan los celulares para saber dónde estaba cada uno de los supuestos implicados en la desaparición del niño, en el ámbito de la Discapacidad podríamos saber si el paciente con su celular está, o no, próximo a sus lugares de terapia cuando los prestadores dicen que lo está, vía seguimiento del celular (como el sistema LoJack en los vehículos).

Esto haría más verosímil y tecnológico el control del presentismo a las terapias y al transporte de las personas, generando una confianza a los financiadores de las terapias, ya que sabrían quiénes son los prestadores que trabajan honestamente, además de generar un ahorro a las arcas del Estado nacional y las obras sociales, cajas profesionales y prepagas que brindan coberturas de salud indispensables para el bienestar del colectivo de Discapacidad, que honestamente las requiere.

Recordemos que, por el llamado Mecanismo Integrador, las prestaciones de salud de las obras sociales nacionales, todas las erogaciones (tratamientos, transporte e insumos) que abonan los distintos financiadores (obras sociales) se les reintegra en la Nación. Es decir que las obras sociales nacionales no tienen costo alguno sobre prestaciones de afiliados con CUD, y reciben el cheque de esas prestaciones. Lo que se pone en juego aquí es la reputación de esas obras sociales nacionales, porque si no auditan a los prestadores, son cómplices de una estafa al Estado nacional.

La pregunta que todos nos hacemos hoy en día es: ¿Vamos a seguir permitiendo que se despilfarre el dinero de los contribuyentes? Así jamás vamos a poder obtener la baja de impuestos y entonces la Justicia Social siempre será, meramente, el sostenimiento de bienes y servicios en forma gratuita a quienes "no tienen", en contra de aquellos que producen dinero mediante la venta de bienes o servicios y el Estado les cobra impuestos por ello. Porque, si de por sí financiar la Justicia Social impone un debate enorme, financiar las estafas de prestadores en salud es injusto y está penado por la ley.

¿Será quizás la Discapacidad otra parte del Estado que es apretada y expulsa pus? Solo con la intervención de la justicia lo sabremos, si es que se animan los fiscales y quienes tienen que actuar. O seguirán, como siempre, pagando justos por pecadores, como nos hemos -lamentablemente- acostumbrado los argentinos.

(*) Sancionada el 5 de noviembre de 1997, esta normativa es la que establece en todo el territorio argentino el llamado Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Fue promulgada el 2 de diciembre del mismo año.