La Nueva Ley

I - El viernes 12 de septiembre de 2025, hace poco más de un año, se juraba el nuevo texto constitucional de la provincia de Santa Fe, la "Invencible", según reza una vieja muletilla acuñada por su bravura en la defensa de su autonomía, tanto en lo político como en los campos de batallas.

El actual gobernador exhuma ese término, que repite en cada una de las tarimas a la que sube para hacer escuchar su discurso. Y hasta bautizó un estadio con esa adjetivación. En la tarde de aquel día, los convencionales se convocaron en la sala de la Legislatura para jurar la nueva Carta Magna.

Así fue como 62 de los 69 prometieron fidelidad a los preceptos plasmados en el texto luego de dos meses de intensa actividad. El primero en hacerlo, como dato, fue el también senador Felipe Michlig, que autojuró.

Terminado con los colegas, todo se trasladó a la explanada en donde desfilaron las otras autoridades de distintos poderes del Estado y luego habló el gobernador. La línea de su anuncio careció de novedades y giró en torno a ese histórico temple indomable. No mucho más.

Fue un acto emotivo y cargado de esperanzas. Muchas expectativas que cerraron un tiempo de debates: varios de los legisladores confirmaron (o aseguraron) sus esperanzas de lograr un mandato más (sí, otro). El pueblo, lo más importante, abraza esa ilusión: que los derechos proclamados en sus párrafos le lleguen a la vida diaria.

II - Los intentos de reforma, se remontan a los primeros y felices días de la recuperación de la democracia; a poco de esbozarse, se topaban con un enfático no al tener la cláusula de la reelección. Como no hay espacio para las explicaciones que ameritan, diremos que nadie, estando en la oposición, tolera la posibilidad de ello. Porque sí.

La actual gestión no fue la excepción. Apenas las conversaciones en cruces de pasillo o aquellas de café de por medio, la negativa fue clara. A nada de ello y ante el argumento fuerte de "tenemos los votos y el goberna está dispuesto", los rostros cambiaron al mismo ritmo que los principio, tornando empírica la manifestación de Groucho Marx.

Del tridente político que sostiene la mayoría en las últimas cinco décadas, dos (UCR, PSP) están en ese sello llamado "Unidos", de forma que solo quedan "los peronismos" que rápidamente internalizaron el mensaje y pasaron a jugar en el equipo de los reformistas bajo la máxima de "siempre tuvimos esa vocación".

Solo un grupo -La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad-, difícil de justipreciar, se mantuvo en la cerrada negativa. Tal vez analizaron que debían ser depositarios de cierto descontento que siempre existe y hasta, tal vez, apostaron al fracaso de alguna parte o de algo de los cambios.

III - El trabajo de los licurgos en esas agitadas jornadas se plasmó en la modificación de 42 artículos y en la incorporación de otros 46. Se conformó una norma de 161 artículos y 27 cláusulas transitorias.

En los 55 artículos de la parte dogmática, se actualizaron las garantías sociales, políticas y ambientales; concretamente se incluyó la protección del agua, derechos digitales y el acceso a la cultura y la memoria.

En el segmento de la participación ciudadana se fortalecieron las herramientas de la democracia participativa, lo que importa la realización de audiencias públicas obligatorias al momento de discutir los servicios o el dictado de ciertas normas. Se confirmó el modelo público y solidario para el régimen previsional, tema muy discutido en el propio seno de Unidos y más precisamente, de la UCR.

En la parte orgánica hay muchas más reformas. La primera -según algunos, la que más importaba- se habilitó la elección de dos períodos consecutivos para el cargo de gobernador y vicegobernador. Los legisladores tendrán límites a su reelección hasta dos mandatos, claro que se cuentan desde el próximo de forma que los actuales pueden aspirar a dos más.

Para el caso, Alcides Calvo, de Castellanos, lleva siete períodos consecutivos y con la nueva norma podrá llegar a nueve. Bien se podría decir, una vida en la banca departamental.

Se suprimió la inmunidad de proceso y se recortó la exoneración de arresto. El período de sesiones será del 15 de febrero al 30 de noviembre. Vinculado a la Justicia, se fijó un límite de edad (75 años) para los miembros de la Corte Suprema de Justicia (los nuevos) y para su integración se deberá tener en cuenta la paridad de género y la distribución territorial.

Se otorgó rango constitucional tanto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) como a su par de la defensa. Ambos órganos del nuevo sistema penal tenían un "complejo" arraigo legal.

Un tema muy reclamado fue el de inhabilitación para ocupar cargos públicos a personas condenadas por delitos graves, que se conoce como Ficha Limpia, que se consagró. En cuanto a las ciudades y comunas se reconoce la autonomía institucional a partir que dicten sus propias cartas orgánicas. Se incorporaron normativas sobre ordenamiento territorial y hábitat.

En definitiva, la nueva Constitución conserva la estructura republicana y democrática, pero incorpora principios modernos: equidad de género, memoria activa, sostenibilidad ambiental, inclusión social y reconocimiento de derechos de cuarta generación.

IV - Lo que resta ahora es saber el impacto en la gente, dicho esto casi como una metáfora, que comprende a las personas, a las instituciones y a la vida diaria. En todos los discursos, desde el más amplio abanico de sectores, tanto de los que impulsaban las reformas hasta los que se oponían a ella, siempre se hizo mención a "la gente".

En los últimos años, varios provincias y países de la región, modificaron sus constituciones en la línea de discursos que refieren a la profundización de la democracia y los nuevos derechos.

No obstante, observando los textos desde una perspectiva basada en un ideal de la igualdad y la democracia, es posible hallar que, pese a los avances obtenidos, las transformaciones a menudo no son tan profundas y, sobre todo, que lo novedoso se confunde con bastante frecuencia y sin mayores inconvenientes, con lo que se quería dejar atrás.

Cuestiones como la concentración del poder han sido poco analizados, y en ello se puede encontrar las principales contradicciones de estos nuevos textos constitucionales. Frente a ello se podría decir, cosa que ocurre, que la implementación de los derechos requiere de poder concentrado.

Una respuesta que ensayamos es que hay un problema serio si esa es la razón que se invoca, cuando lo que se está tratando de hacer es incorporar herramientas destinadas a favorecer la participación política de la ciudadanía, o herramientas para fortalecerla social y políticamente. Se llega a una lógica fatal: hay un problema cuando se quiere desconcentrar el poder pidiéndole ayuda al poder concentrado.

Crear los medios para favorecer la participación popular, esperando que esta sea puesta en marcha por aquel que va a ver socavado su poder de modo más directo, es un inconveniente casi imposible de superar.

La experiencia indica que algunos reformistas han trabajado por la descentralización del poder y la mayor participación política de la ciudadanía, ignorando el modo en que el poder político se mantenía centralizado. Es inconsistente abogar por la democratización del poder en nombre del pueblo marginado mientras se mantiene el poder político concentrado.

En la historia es recurrente el intento del Poder Ejecutivo de expandir su propio poder a costa de los otros poderes, y hasta a costa del poder popular. Más aún, se tiende a invocar o citar el poder popular como acompañamiento o como aclamación, pero no como poder autónomo.

Una mirada, así sea rápida, permite ver la forma recurrente en que el poder político concentrado tendió a entrelazarse con el poder económico concentrado, o a favorecer su concentración.

El hecho es que la Constitución ha permitido el ingreso de la ciudadanía, y en particular de los grupos más postergado, en su cuerpo, pero solo a través de la sección de los derechos. Es hora de que se consagre su ingreso en lo que Roberto Gargarella llama "sala de máquinas" de la Constitución, en el poder real y efectivo y no en las declaraciones.

V - Le cabe, con esta realidad, a la Legislatura santafesina la redacción de las leyes que hagan operativos los principios. Abrigamos esperanzas, cada día más desabrigadas, que las normas se encaminen en esa dirección.

Observamos con preocupación que nuestra Legislatura marcha al ritmo del Senado y ese es el espacio de concentración del poder: la ley de convocatoria a la Reforma fue hecha a su medida y el resultado fue que casi todos los senadores fueron convencionales y que cada una de esas bancas está tomando el perfil de los barones territoriales en donde quedan de lado las disputas ideológicas y cada uno cuida su comarca.

Cualquier parecido con esa novela del risorgimento en la Sicilia del siglo XIX, no es pura casualidad. A guisa de ejemplo: el proyecto de modificación al Código procesal penal que ingresó en mayo es una clara muestra. El debate está abierto, el desafío es poder cambiar esa matriz y lograr que lo "proclamado" sea efectivo y llegue a la vida diaria.