Institucionalidad democrática en riesgo

La institucionalidad es la que nos determina moralmente. Hacia allí deben apuntar las acciones colectivas que hacen, entre otras cosas, al respeto de los derechos individuales de los ciudadanos. Todo avasallamiento a la referida institucionalidad pone en riesgo el orden existente entre nosotros. Si ello ocurre… ¿de quién es la responsabilidad de que se avasallen esos derechos? ¿O bien, quién es el responsable en el caso de que el Estado no cumpla con el supremo valor de hacer respetar esa institucionalidad?

Hace unos días, el secretario de Comercio de la Nación resolvió -según su fundamento- controlar a supermercados y cualquier comercio que manipule mercadería comestible, en función de bajar la inflación. Y para ello acordó con el gremio de Camioneros que este último se haga cargo de una de las responsabilidades que en realidad tiene el Estado en cuanto al control que debe ejercer como tal.

De hecho, ello constituye una verdadera barbaridad. Ojo, no la aparición del gremio, porque hasta podemos pensar que lo hace de buena fe -como aporte a la patria-, no, lo que es una barbaridad es que el secretario de Comercio no ponga a trabajar al personal del Estado que tiene a su disposición para ejercer semejante tarea, que genera normales fricciones, porque los comerciantes no están acostumbrados a que se los controle.

Uno pregunta: ¿El funcionario en cuestión no sabe respetar la institucionalidad de la que hablamos (es decir la Constitución Nacional)? No ve que claramente se genera violencia sobre la propiedad privada. Si no respetamos la propiedad privada… ¿qué nos queda sobre los derechos individuales? Y entonces vuelvo a preguntar: ¿El secretario de Comercio es parte del actual gobierno y no respeta la propiedad privada, a cuánto estamos de que se obligue a los comercios que hoy se controlan, a ser vendidos o entregados a movimientos sociales o gremios?

En esta resolución, el secretario de Comercio, autorizado por el presidente de la Nación y el Ministerio de Economía, incurre en la posibilidad constitucional de juicio político. Asimismo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también queda incurso en la figura del juicio político, por no actuar ante el avasallamiento público del gremio de Camioneros a la propiedad privada. Para ello es responsable de la policía de la ciudad, para la defensa irrestricta de los derechos ciudadanos y de la propiedad.

¿Ahora bien, quién le pone el cascabel al gato? Los mismos que ejecutan este desvío institucional proponen un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. ¿En estos casos estarán cumpliendo con la institucionalidad constitucional? ¿No estaremos, concretamente, siendo objeto de un avasallamiento (sujetar o someter a alguien a obediencia) del Estado hacia la ciudadanía?

Por otro lado aparece, como siempre, el presidente de Copal y de la UIA, hablando enfáticamente de que "el control es una función indelegable del Estado". Tiene razón, pero… ¿por qué no nos preguntamos qué hace este señor, que vive sentado en los escritorios oficiales del gobierno? Que se presente, porque da la impresión que siempre está a favor de todo y que todo está bien. Bueno sería que se sacaran "la careta" los empresarios y hablaran. Y que no se dejaran avasallar.

Hoy es esto, pero si mañana vienen por sus comercios,… ¿a quién se van a ir a quejar, o a quién reclamarán respeto por sus derechos? Si todo está bien, sigan "careteando". Nuestra institucionalidad está en severo riesgo. ¿Por qué? Veamos: el funcionamiento del Poder Legislativo, en consonancia con el Poder Ejecutivo, en contra del Poder Judicial.

El secretario de Comercio depende del Ministro de Economía y este depende del presidente. Y salen a controlar con un gremio a los comerciantes, algo que es inconstitucional. ¿Qué podemos esperar nosotros, los impávidos ciudadanos de un lado y del otro? ¿Qué podemos esperar? No sé si el hoy, pero el mañana es de preocupación. Una vez una persona dijo "vamos por todo", y no le creímos. Bueno, empecemos a dormir con un ojo abierto.

Los ciudadanos no tenemos ninguna garantía de respeto a nuestros derechos, menos con la conducción que nos demuestran los políticos que administran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con la representación unánime que les otorga nuestra Constitución Nacional, el pueblo no gobierna, lo hacen los representantes que hemos elegido en las diversas elecciones. ¿No debieran rendirnos cuenta de sus acciones entonces?

En realidad, si se continúa con este avasallamiento institucional, vamos a ser un pueblo dominado, sin respeto ni consideración; sin opinión y sin derechos. Por eso digo: me duele mi patria.