El populismo y la farsa de los derechos humanos

I

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, prófugo de la justicia de su país, dice desde una tribuna que se atribuye representar la causa de los derechos humanos, que a Cristina Kirchner habría que compararla con San Martín y Evita. El prófugo populista adula a la condenada populista. Una mano lava la otra y entre las dos nos lavamos la cara. Del operativo higiénico el principal afectado es San Martín, quien ni en sus pesadillas más bizarras se le hubiera ocurrido que en el futuro sería comparado con la presidente más corrupta de nuestra historia. Y me atrevería a decir que la propia Evita no estaría demasiado cómoda con la comparación del prófugo ecuatoriano. Lo interesante, y al mismo tiempo lo patético de todo esto, es que la puesta en escena se desenvuelve en una tribuna que invoca los derechos humanos, en un local denominado Centro Cultural Néstor Kirchner, un señor que con la cultura la única relación consistente que mantuvo fue a través de los íconos de los bolsos y las cajas fuertes.

II

La iniciativa se titula "Foro mundial de los derechos humanos". Un titulo demasiado ostentoso para los objetivos que pretende, es decir, adular a dictadores y caudillos populistas cuya obra política más distintiva es la violación sistemática de los derechos humanos. Estamos hablando de Miguel Díaz Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, un trío al que desearía sumarse gustosa la señora Cristina cumpliendo el precepto bíblico que reza: "Por sus frutos la conoceréis". El foro que se atribuye la representación universal de una causa justa no dirá una palabra acerca de los gobiernos y dictaduras que en América latina violan descaradamente las libertades. No solo no habrá palabras de consuelo a las víctimas, sino posibilidades de darle la palabra a refugiados y exiliados de dictaduras por haber pensando diferente o por haber ejercido el derecho de resistir a las tiranías. En tiempos del general Jorge Rafael Videla, el gobierno de James Carter denunció los atropellos de la dictadura militar; y en 1979, representantes de la OEA vinieron a la Argentina para tomar las denuncias de las víctimas. Ni James Carter, ni los caballeros de la OEA tenían algo que ver con el marxismo. Tampoco eran ingenuos y no desconocían que muchas de las víctimas por las que ellos reclamaban sostenían ideas políticas opuestas y en algunos casos radicalmente opuestas a la de ellos. Ninguna de esas consideraciones impidieron reclamar a una dictadura el respeto a la vida. Un guerrillero, o un comunista, o un cristiano de la teología de la liberación podían en ciertas circunstancias ser detenidos, pero lo que la moral y la ética de la modernidad, la legislación fundada en principios liberales y humanistas no podían, no debían consentir, es el secuestro, el asesinato, los botines de guerra o los vuelos de la muerte. Así se defienden los derechos humanos. Defendiendo los derechos y las garantías de los que piensan diferente, incluso de los que piensan radicalmente diferente a nosotros, porque para defender los derechos de los que piensan lo mismo, no hace falta una política, una teoría y una ética de los derechos humanos. Esta verdad elemental está ausente en el "Foro Mundial" del populismo.

III

Por supuesto, Cristina no se privó de hacer uso de la palabra. La condenada habló y está en su derecho a hacerlo, del mismo modo que yo tengo el derecho a denunciarla como farsante y desvergonzada. ¿Qué otros adjetivos emplear con quien con absoluto descaro enuncia que los medios de comunicación firman las condenas que luego los jueces ratifican? Traducido a términos prácticos, lo que esta buena señora nos dice es que a su condena no la dictaron los jueces sino los periodistas. El lawfare como alianza entre jueces y periodistas; el lawfare como coartada para hacer realidad una oscura utopía del populismo criollo: un mundo, un país sin jueces y periodistas independientes. El sueño de la dictadura perfecta: corromper, robar, encarcelar disidentes sin que nadie lo sepa. Y todo esto expresado en nombre de los derechos humanos. Nada para sorprenderse. Quien defiende el orden político de dictaduras como la cubana, por ejemplo, no nos debería llamar la atención que desee para su patria condiciones políticas e institucionales más o menos parecidas. La experiencia histórica en ese sentido es aleccionadora: a todo dictador o aspirante a dictador se lo reconoce por su afición a liquidar la prensa libre y la justicia independiente. Es lo que hicieron en nuestro país las dictaduras militares desde 1930 a la fecha. Al combo se suma el régimen cívico militar conocido como peronismo, que se inició en el poder enjuiciando a la Corte Suprema, mientras que su hazaña más destacada en materia de libertad de prensa fue la expropiación del diario La Prensa. Y sus funcionarios emblemáticos se llamaron Apold y Visca, como hoy podría llamarse Tailhade, Soria o Parrilli. Los tiempos han cambiado, pero setenta años después otra vez el peronismo intenta juzgar a los jueces de la Corte y denuncia a los periodistas y a los medios como los responsables del sabotaje a las delicias de los gobiernos nacionales y populares.

IV

La Señora se esfuerza en explicarnos que a ella no la condenan por ser la responsable de la cleptocracia más eficiente de nuestra historia, sino por su lucha contra los ricos y por los logros en materia de igualdad. Equivocada y mentirosa. No la condenaron por luchar contra los ricos, sino por enriquecerse saqueando recursos nacionales; tampoco la condenaron por haber logrado una igualdad que solo existe en su fantasía o que, en todo caso, si lo logró fue a través del perverso sistema de igualar para abajo: después de cuatro períodos de gobiernos kirchneristas, todos somos más pobres. Y los ricos son más ricos, incorporando a sus elencos al kirchnerismo y a sus colaboradores. Conclusión: a los derechos humanos en la Argentina había que defenderlos cuando estaban violados y cuando defenderlos significaba un riesgo, riesgo que los Kirchner se ocuparon cuidadosamente en evitar. Y no cuando se recurre a ellos para manipularlos políticamente, o para invocar su prestigio histórico para asegurar la impunidad de una condenada por la justicia. ¿O es necesario decir una vez más que Cristina no está condenada por ser una luchadora social o una defensora de una sociedad más libre e igualitaria, sino por ser una ladrona?