Lula: un candidato acorralado

Susana E. Dalle Mura

“Esta prisión es producto de la vanidad personal del juez Moro, que tiene una subordinación total al grupo de medios O’Globo, que se ha transformado en el verdadero jefe de la Operación Lava Jato”. Frase del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El ex mandatario brasileño, Lula da Silva (2003-2010), fue sentenciado a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Federal Regional de Apelación de Porto Alegre el 24 de enero pasado. Ese tribunal amplió la condena de primera instancia dictada por el juez Sergio Moro, quien lo había condenado a 9 años y seis meses de prisión en julio de 2017. Lula, además, ya tiene otros siete procesos judiciales pendientes por corrupción. Sin embargo, en su defensa, declaró desde su cuenta de Twitter que es él el líder más votado del mundo en elecciones presidenciales, con 136,3 millones de votos. Si en el recuento, incluyera la segunda vuelta, el ex presidente alcanzaría 278 millones de votos, apuntó por su parte el Instituto Lula, que fue el primero en difundir la lista que luego replicó el mismo ex mandatario en su propia cuenta. El estudio apareció después de su nueva condena y deja al ex presidente al borde de la inhabilitación política, lo que le impediría competir en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. De acuerdo con un sondeo de la encuestadora Datafolha, si Lula no fuera inhabilitado como candidato, obtendría en la primera vuelta entre un 34 y un 37%, y entre un 44 y un 49% en la segunda instancia (definitiva), con lo cual sería por tercera vez ungido presidente de la República Federativa del Brasil. No obstante, las opiniones están divididas, el 51% de los encuestados considera que el ex jefe de Estado debería ser inhabilitado y quedar fuera del proceso electoral; con lo cual se ha abierto una nueva división: a favor de la cárcel y en contra de la candidatura o a favor de su libertad y de su reelección como presidente.

Los sufragios

El problema de Lula es que cree que la cantidad de sufragios puede acallar, solapar o hasta legitimar los hechos de corrupción y en esta materia nada tiene que ver el caudal electoral que obtuvo en elecciones pasadas o podría obtener en las próximas. Sólo cuenta si obró o no ilícitamente y si obtuvo o no las ventajas patrimoniales de las que se lo acusa. El dilema es si la persona que se desempeñó como presidente de la República (2003-2010) lo hizo con la honestidad requerida para ese cargo o fue deshonesto. La Justicia brasileña ha dictaminado una condena tanto en primera como en segunda instancia, por lo cual desde su punto de vista, es una confabulación del Poder Judicial en su contra; tal como lo consideran sus acérrimos partidarios más ciegos por ideología que por la realidad de los hechos. Mientras tanto, después de sus derrotas judiciales, Lula interpuso un habeas corpus preventivo para evitar ir a la cárcel. El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) salvó el 22 de marzo pasado a Lula de un inminente encarcelamiento al admitir para su tratamiento ese recurso, por 7 votos contra 4. Pero la votación decisiva sobre el habeas corpus se produjo el miércoles 4 de abril y determinó la prisión del ex presidente.

Cabe destacar que el juez Moro, después de la condena de enero en segunda instancia, ordenó inmediatamente subastar el tríplex de lujo atribuido a Lula, por el cual fue condenado y que él niega que sea de su propiedad. Según sus defensores, sólo la declaración de un testigo lo incrimina y no hay ni un papel que diga que ese departamento en realidad le pertenezca. El departamento hasta fue ocupado por sus partidarios y se subastó el 15 de mayo pasado en la “módica” suma de 2.200.000 de reales que al cambio son unos U$S 600.000. El juez Moro dictaminó que ese dinero ilícito retornara a la empresa perjudicada por la maniobra: la estatal Petrobras.

Las encuestas

Según ellas, Lula, en una simulación de escenarios, está entre un 34% y un 37% en intención de voto. Su más directo adversario es Jair Bolsonaro (derecha), militar retirado y partícipe de la última dictadura (1964-1985), tiene una intención de voto entre el 16% y el 17%. En cualquier caso, en una segunda vuelta electoral o ballotage, vencería Lula. Hay más escenarios electorales. En el caso que Lula no pudiera ser candidato, un total del 36% podría adoptar estas posiciones: votar en blanco, anular el voto o abstenerse de ir a votar. Pero en este contexto, Bolsonaro no crece tanto, sino sólo dos puntos. Los que sí crecen son otros candidatos de izquierda, el ex gobernador de Ceará, Ciro Gomes y la candidata evangelista ambientalista, Marina Silva, en un cinco y un cuatro respectivamente. El candidato del PSDB de Fernando Henrique Cardoso, el actual gobernador del Estado de San Pablo, Geraldo Alckmin sólo tiene el 8% de los votos y los candidatos vinculados con el gobierno actual sólo un uno por ciento (Maia, Meirelles o el mismísimo Michel Temer). Lula no sólo conservó su caudal electoral sino que lo aumentó después de la sentencia condenatoria del mes de enero y aunque no se pudiera presentar a la elección influiría en los votos del candidato que el Partido de los Trabajadores proponga en su reemplazo.

La batalla judicial

El profesor de la Duke University School of Law, Charles Dunlap Jr. acuñó el neologismo lawfare, combinando dos palabras: law (ley) y warfare (guerra). Así definió con un nuevo concepto “el uso de la ley como arma de guerra”. En la práctica, la utilización del aparato judicial, como “arma para destruir a la política y a los líderes opositores”. Los votantes de Lula están convencidos de que el establishment brasileño necesita impedir su candidatura por la vía judicial y que el primer paso fue la condena del 12 de julio de 2017, por el juez Sergio Moro, en el marco de la megacausa Lava Jato. El segundo paso fue cuando el Tribunal Federal Regional de Apelación de Porto Alegre, lo condenó el 24 de enero pasado a 12 años y un mes de prisión, dejándolo de hecho fuera de la contienda electoral por una ley llamada Ficha Limpia. Esa ley impide ser candidatos a los condenados con una sentencia condenatoria firme. Los magistrados por unanimidad ratificaron y ampliaron la sentencia del juez Moro para condenar a Lula por haber recibido un departamento tríplex de lujo con sauna, cocheras y cuatro suites (215 metros cuadrados) en la playa de Guarujá (SP) a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la Petrobras. Su candidatura presidencial para las elecciones podría quedar inhabilitada, aunque la decisión final será del Tribunal Electoral. Los partidos pueden cambiar su abanderado hasta 20 días antes de las elecciones, pero el Partido de los Trabajadores (PT) admitió que su “único y exclusivo” candidato es Luiz Inácio Lula da Silva de 72 años. Es así que, tiempo antes de esa sentencia, líderes políticos, intelectuales, académicos del Brasil y del mundo, emitieron un documento titulado: “Elección sin Lula es fraude”. Sus adversarios, mientras tanto, gritan en las calles: “Lula, ladrón, tu lugar es la prisión”. La novela brasileña continúa con uno de sus principales protagonistas condenado por corrupción y en la cárcel desde el mes de abril, a la espera de saber si podrá o no ser nuevamente candidato a una tercera presidencia de la República Federativa del Brasil.

Lula cree que la cantidad de sufragios puede acallar, solapar o hasta legitimar los hechos de corrupción y en esta materia nada tiene que ver el caudal electoral que obtuvo en elecciones pasadas o podría obtener en las próximas.

Los partidos pueden cambiar su abanderado hasta 20 días antes de las elecciones, pero el Partido de los Trabajadores (PT) admitió que su “único y exclusivo” candidato es Luiz Inácio Lula da Silva de 72 años.