Malena, Aysa y el subsidio de todos como a ninguna

Malena Galmarini habló, en la conferencia de prensa que el gobierno nacional brindó con motivo de la quita progresiva de subsidios a ciertos servicios públicos, como si no fuera una funcionaria nacional a cargo de una empresa del Estado Nacional. O, peor aún, lo hizo como si todos los argentinos contaran con el servicio de agua y cloacas de Aysa que, en realidad, solo cubre a los habitantes de la capital federal y a una parte de los bonaerenses, en casi todo su conurbano.

La presidenta del directorio de Agua y Saneamientos Argentinos obvio lo principal: que es con los aportes de los contribuyentes de todo el país que el Estado nacional paga los subsidios que han evitado, hasta aquí, que las tarifas tengan una suba que debió ser del 400% tan solo para cubrir los costos de producción y mantenimiento. La expansión de la infraestructura sanitaria va en otra cuenta, también solventada con la misma fuente.

Como si se tratara de un mérito, expresó que esos subsidios se otorgan "a canilla libre" como "casi en ningún país, sin ningún tope", porque en su enorme mayoría el servicio no está medido y de hecho el consumo de agua potable excede en mucho las recomendaciones internacionales de 180 litros por día. Agregó que sin embargo "en Argentina se consumen 1.300 litros". En realidad, debió decir en la jurisdicción de la concesión de Aysa.

Canilla libre

Debe decirse que el grifo de los subsidios de todas las jurisdicciones del país a la que el gobierno nacional trata "como a ninguna", léase la capital federal y el Gran Buenos Aires, derrocha de a miles también, los millones.

Lo dijo la ex diputada nacional, electa en 2019 que dejó su banca a dos días de asumir, para presidir Aysa: "este año el ahorro" por la "redistribución del subsidio" será de unos 2.000 millones de pesos. Y, para cuando termine 2023 de 45.000 millones.

La canilla libre es fácil de medir para cualquiera que busque las rendiciones públicas de la contabilidad de la empresa: cada mes la Nación le gira a Aysa (a usuarios bonaerenses y porteños) 2.000 millones de pesos; en 2021 eran 1.600 millones, cada año se ha actualizado por inflación. Y eso no tiene en cuenta las obras en infraestructura que también les paga la Nación.

La funcionaria dijo que hoy cada usuario soporta apenas el 36% de los costos reales del servicio y que el Estado nacional se hace cargo del restante 64%. Al cabo de más de tres años y medio de gestión, anunció que a partir de ahora se explicitarán en cada una de las facturas esos aportes estatales para cuando solo alcancen a la porción de usuarios que no puede pagar. Hasta aquí, poco se hizo para, por lo menos, alertar a los usuarios sobre cerrar el grifo. El del agua y el de los pesos.

Comparaciones

La empresa Aguas Santafesinas SA, en tanto, desde 2010 expone con pelos y señales cuánto de la factura es cubierto con aportes del Estado Provincial. Cada usuario de los 15 distritos servidos por Assa sabe qué porción de su factura se cubre con aportes estatales de todos los santafesinos (con o sin servicio).

La empresa provincial sufrió una grave crisis por la bajante del río Paraná y la ayuda nacional para afrontarla fue, en 2020 y 2021, de 500 millones de pesos en total. La inversión más importante nacional en materia de saneamiento tiene lugar en las dos plantas potabilizadoras más importantes, en Rosario y Santa Fe, pero su volumen está muy lejos de lo que recibe Aysa.

Un "portaaviones"

Son ciclópeas las dimensiones de Aysa, como las de su antecesor Aguas Argentinas, o las de su precedente Obras Sanitarias, como gigante es el río de la Plata podrán decir bonaerenses y porteños. Pero lo cierto es que la empresa que distribuye agua potable y colecta residuos cloacales tiene un tamaño más que inusual a nivel mundial. El bello Palacio de las Aguas Corrientes terminado en 1897 da cuenta de su poder.

Alguna vez, cuando todavía corría la década del '90 El Litoral publicó una entrevista en la que un Ceo de la multinacional Suez le explicó a este diario que la concesión de Buenos Aires era "el portaaviones" del grupo (que por entonces tanto tenía esa compañía como la santafesina Aguas Provinciales).

Hoy no se ve a la nave insignia que estuvo en manos francesas hasta su reestatización (un año luego que en Santa Fe, en 2006) como un ducto capaz de aspirar dólares (que valían solo un peso), sino como una poderosa herramienta política que tiene interacción con cada una de las jurisdicciones del Conurbano, además de un trato de igual a igual con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por supuesto que es vital para cualquier política social y por algo su expansión no se detuvo casi nunca. Tampoco durante del gobierno de Mauricio Macri, que también cubrió con subsidios buena parte de la provisión del servicio, al igual que los gobiernos anteriores del kirchnerismo.

A nadie debe extrañar que -de manera recurrente- se plantea desde el interior del país que pasen a las jurisdicciones que corresponden a sus usuarios las empresas de energía eléctrica privadas Edenor y Edesur, que sus concesiones queden en manos de los porteños y bonaerenses a los que provee en lugar del Estado Nacional que las subsidia. Lo curioso es que poco o casi nada se diga del portaaviones cuyo almirantazgo está en manos de la esposa del ministro de Economía, Sergio Massa.

En diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández tomó una decisión consensuada con el jefe de gobierno de Caba, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: no pasar a la órbita del Amba las dos compañías de electricidad, para que no se corte el flujo de ayudas nacionales en medio de la pandemia. Del grifo abierto en Aysa apenas si se ha hablado. Mientras el debate parece enfocarse sobre si el peronismo ha ordenado un tarifazo o una redistribución de subsidios "con justicia social", los dirigentes políticos de "las provincias" deberían poner la lupa en esa acuosa corriente de recursos.