El eterno retorno del fujimorismo en Perú

En "La ciudad y los perros", Mario Vargas Llosa retrata una sociedad donde la lucha por el poder, la supervivencia y la imposición de la autoridad moldean la conducta de los individuos. En el Colegio Militar Leoncio Prado, la ley del más fuerte parecía imponerse sobre las normas formales, reflejando una dinámica que trascendía los muros de la institución y alcanzaba a la sociedad peruana.

La novela expone cómo las instituciones pueden reproducir jerarquías rígidas, lealtades inquebrantables y profundas divisiones. Más de seis décadas después de su publicación, Perú parece revivir algunas de esas tensiones en las urnas: una elección presidencial definida por apenas unos cientos de votos, marcada por la polarización y por el regreso de un apellido que sigue dividiendo al país.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, ha vuelto a adelantarse en el conteo de la segunda vuelta contra Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, por apenas 651 votos según los últimos reportes, con más del 98% de las actas escrutadas y miles aún impugnadas. Esta ajustada ventaja, en un país que ha tenido nueve presidentes en una década, no es novedad.

Fujimori compite por cuarta vez por la presidencia (2011, 2016, 2021 y 2026), alcanzando la segunda vuelta en todas las ocasiones. Su persistencia encarna el intento de continuar el legado de su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, cuya era combinó estabilización económica y mano dura contra el terrorismo con acusaciones graves de violaciones a los derechos humanos, esterilizaciones forzadas y autoritarismo.

Esta cuarta candidatura de Keiko no es mero capricho personal; es un fenómeno de resiliencia política en un contexto de inestabilidad crónica. Derrotada estrechamente en 2011 por Ollanta Humala, en 2016 por Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 por Pedro Castillo, Fujimori ha construido un movimiento fujimorista que controla bloques significativos en el Congreso y mantiene influencia en instituciones clave.

Su campaña en 2026 enfatiza "orden" y "mano dura" contra la delincuencia y extorsiones -temas que resuenan en una sociedad exhausta por la inseguridad-, prometiendo despliegue militar, control de cárceles y atracción de inversión extranjera, especialmente estadounidense.

Frente a ella, Sánchez, heredero político de Castillo (condenado por rebelión), propone mayor intervención estatal en recursos naturales, aumento de salarios y revisión de contratos mineros, aunque ha moderado su discurso para calmar mercados.

Max Weber distinguía el liderazgo legal-racional, tradicional y carismático. Desde esta perspectiva, Alberto Fujimori fue visto por amplios sectores de la sociedad peruana como un líder de rasgos carismáticos, capaz de generar adhesiones que trascendieron las instituciones. El fujimorismo puede interpretarse como un intento de proyectar ese capital simbólico sobre una nueva generación política.

Sin embargo, este modelo choca con la democracia moderna, generando polarización extrema. Perú ilustra la "trampa del caudillismo" en América Latina: líderes fuertes que prometen estabilidad, pero erosionan instituciones, perpetuando ciclos de crisis (como las vacancias presidenciales recientes).

La estrechez del margen de diferencia en el conteo de votos -posiblemente la tercera elección consecutiva por debajo del 1%- evidencia no solo división, sino fatiga democrática y desconfianza en el sistema.

Esta dinámica revela fallas estructurales en Perú: una economía minera dependiente que crece por debajo de su potencial debido a inestabilidad política, brechas rurales-urbanas y desconfianza en las élites. Fujimori promete continuidad macroeconómica favorable a los mercados, mientras que los detractores de Sánchez sostienen que sus propuestas podrían incrementar el gasto público y generar tensiones fiscales.

Ambos cargan escándalos: Keiko enfrentó acusaciones por un caso de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Tras pasar por la cárcel, el Tribunal Constitucional terminó archivando el proceso. Sánchez, por su parte, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo.

Esa asociación le genera un peso político considerable, dado que el expresidente fue condenado a 11 años y medio de prisión tras intentar disolver el Congreso y concentrar poderes en 2022. El resultado final, que se dilatará por impugnaciones, determinará una legitimidad frágil.

Quien gane el 28 de julio enfrentará un Congreso fraccionado y una oposición feroz, en un país donde el riesgo político ahuyenta inversiones pese a una solvencia crediticia relativa. La perseverancia de Keiko —cuatro intentos, tres derrotas en balotaje previas— simboliza tanto la tenacidad de un movimiento como la rigidez de un legado controvertido.

Su defensa del padre, pese a condenas por derechos humanos, polariza: para sus seguidores, es una defensa de logros; para sus críticos, se trata de negacionismo puro. Esta elección no resuelve la pregunta "vargasllosiana" implícita: ¿en qué momento se jodió Perú? Más bien, la actualiza en un laberinto de votos donde el pasado autoritario acecha y el futuro parece incierto.

En última instancia, estas elecciones subrayan la fragilidad de la democracia en contextos de alta polarización y legados fuertes. Perú necesita trascender caudillos hacia instituciones robustas, pero la persistencia del fujimorismo sugiere que el camino será largo y disputado.

La historia reciente muestra que las victorias estrechas, lejos de promover la integración social, exacerban tensiones. Mientras el conteo continúa, el país aguarda un veredicto que, como en la novela de Vargas Llosa, expone las grietas profundas de la ciudad peruana.

La elección de 2026 no responderá la vieja pregunta de Vargas Llosa sobre cuándo se jodió el Perú. Sin embargo, sí puede ofrecer una pista sobre algo más urgente: si el país está dispuesto a seguir atrapado en sus viejos laberintos o comenzar finalmente a superarlos.

El autor es analista internacional, profesor de Ciencia Política, consultor y escritor.