El lábil vínculo entre la ley y la ciudadanía

La tormenta que se cernía sobre el horizonte institucional del país en 1993, tenía características ciclónicas.

Embriagado, como la mayoría de los argentinos, por los efectos estabilizadores de la Ley de Convertibilidad del Austral, que había conjurado las angustias sociales generadas por las destructivas hiperinflaciones de 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem se mostraba decidido a ir por todo.

Reaparecía en la escena política la tentación hegemónica que impregna largos tramos de la historia nacional. La inusitada paridad cambiaria del "uno a uno" con el dólar, creaba un fervor de naturaleza religiosa que alentaba una extendida creencia en el milagro económico. E impulsaba al presidente Menem a intentar romper el cepo constitucional a la reelección indefinida, alternativa que había sido introducida durante el gobierno del general Juan Domingo Perón por la reforma constitucional de 1949, luego eliminada por la de 1957.

Con pocas barreras en la opinión pública, el mandatario riojano embestía contra la lógica de la norma constitucional que, nacida de amargas experiencias históricas, limitaba los ciclos presidenciales. La palabra proscripción volvía al debate público bajo el argumento de que una norma vetusta no podía cercenar la voluntad popular.

Con un clima social favorable, el empuje de la iniciativa se hacía difícil de resistir. En esas circunstancias, el anterior jefe del Estado, Raúl Alfonsín, cuyo gobierno había sido devorado por la hiperinflación de 1989, en su condición de principal líder de la oposición puso en marcha una silenciosa estrategia para frenar el plan de Menem, al menos en su extensión inicial.

En la urgida situación, contaba a su favor con un proyecto de reforma constitucional que él mismo había encargado durante su precedente presidencia y que había elaborado el Consejo para la Consolidación de la Democracia.

Con esa carta en la manga, comenzaron las reuniones secretas con el presidente Menem, conversaciones mantenidas en total reserva política hasta que ambos llegaron a acuerdos que se tradujeron en la Ley 24.309/93, con la que el Congreso habrá de sancionar la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, acotándose el riesgo institucional implícito a través del Núcleo de Coincidencias Básicas que le ponía una manea de cuero bien sobado a la discusión abierta de sus principales contenidos.

En ese proceso arreciaron las críticas, sobre todo contra Alfonsín, en particular al interior de la Unión Cívica Radical. Pero en tales circunstancias los tejedores del complejo acuerdo demostraron condiciones que diferencian a los hombres de Estado de los dirigentes políticos llanos.

La principal coincidencia, con efecto sobre la realidad política inmediata, era la reducción del mandato presidencial a cuatro años con reelección por un solo período, lo que en caso de que el voto popular acompañara, estiraba el ciclo presidencial a ocho años (a diez, en el caso de Menem, quien había asumido con la norma de seis años del texto que se pretendía reformar). Por añadidura, se computaba el mandato presidencial en curso como primer período. Así, el peligro mayor quedaba conjurado.

Por otra parte, como producto de lo imaginado por Alfonsín para atenuar el sistema presidencialista, se creaba la figura de un jefe de Gabinete de ministros, con atisbos de la institución del primer ministro en las democracias parlamentarias europeas. Y aunque a semejanza de éstas, cabía la posibilidad de que el Congreso pudiera removerlo mediante un voto de censura, lo real es que este funcionario de naturaleza híbrida sería nombrado y removido por el presidente de la Nación.

Pero mi intención no es avanzar sobre los contenidos de las reformas y sus efectos en el tiempo, aspectos que serán abordados por quienes en forma quincenal traten diversas cuestiones dignas de análisis, sino dar inicio a la serie acordada entre la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional y El Litoral para acompañar durante el año que corre la celebración de las tres décadas transcurridas entre aquella última reforma del texto constitucional y el presente.

Un ejemplar de El Litoral en cada banca

En este sentido, es bueno recordar que el 31 de mayo de 1994, con motivo del comienzo de las sesiones en Santa Fe -la apertura de la Convención se había escenificado el simbólico 25 de Mayo en el Teatro 3 de Febrero de la vecina ciudad de Paraná, sede del primer gobierno confederal en 1853- los convencionales tuvieron sobre sus respectivas bancas una edición especial del vespertino.

La entrega, que acompañó la apertura de las deliberaciones, estaba integrada por tres cuadernillos de 24 páginas cada uno con los siguientes títulos: "Santa Fe y Paraná en el tiempo de la Organización Nacional", "El arduo trabajo de construir la República" y "Reforma Constitucional para el siglo XXI". Periodistas, historiadores, politólogos, dirigentes políticos de larga trayectoria y especialistas en Derecho Constitucional, habían compuesto para los lectores y los convencionales una significativa pieza de comunicación en una instancia histórica relevante para el país.

Aquella entrega, con sus páginas ahora envejecidas por las oxidaciones del tiempo, incluía numerosas dudas y admoniciones de quienes expresaron sus posiciones por escrito. Muchas de ellas se vieron confirmadas por el paso de los años. Otras, siguen planteando interrogantes. Se sabe que no hay sistema perfecto porque la naturaleza humana está lejos de serlo. Por consiguiente, los forjadores de acuerdos y de las normas que los expresan, aún aceptada en líneas generales su hipotética buena fe, trasmiten a sus obras sus propias limitaciones e imperfecciones.

Del nomos a la anomia

La historia de la ley en nuestro país es paradójica. Mientras sucesivas convenciones intentaban, desde visiones a menudo contrastantes, acompañar dinámicas sociales e incorporar nuevos derechos, en la convivencia social del día a día las conductas se apartaban de modo sostenido del espíritu y la letra de las normas. A este proceso se lo denomina anomia, vocablo que refiere a la pérdida de vigor de la ley, a su creciente laxitud o a su incumplimiento liso y llano.

Se trata de un fenómeno que expresa las fisuras del contrato social, la pérdida de compacidad de la sociedad, provocada en nuestro caso por largas décadas de desvíos políticos e institucionales con deletéreos efectos sobre la economía, la educación y la cultura. Sus máximas manifestaciones han sido, hasta ahora, los recurrentes ciclos inflacionarios con correlativas devaluaciones de la moneda, la destrucción de importantes segmentos de la clase media, el hundimiento en la pobreza y la indigencia de vastos sectores populares, la continua degradación de la educación y su directa consecuencia, la pérdida de capital intelectual y social que, entre otras consecuencias, se manifiesta en la dificultad para comprender el sentido profundo de las normas.

Pero nada es para siempre. No lo fue el proceso virtuoso de la Organización Nacional que nos proyectó en cinco décadas a los primeros planos de la economía mundial, argentinizó a los inmigrantes y universalizó a los argentinos con una sistemática alfabetización que hacia 1930 abarcaba al 80 por ciento de la población. Y tampoco lo es este ciclo negativo de décadas en los que todos los indicadores del desarrollo se han derrumbado.

Ante esta durísima realidad, la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional colabora desde 2012 con las autoridades municipales y provinciales para restituir el valor de la ley como vector de convivencia, y hacer del complejo cultural levantado a la vera del río Santa Fe, una productiva usina de educación cívica, de restauración social a través del aprendizaje y la participación, experiencias importantes y duraderas en la gestación de ciudadanía.

Es un aporte por ahora pequeño, pero que puede escalar a medida que los argentinos reencontremos el camino de la ley. La promesa de lealtad a la Constitución expresada en alta voz por miles de estudiantes secundarios frente al Museo el pasado 2 de mayo, permite alentar esa esperanza.

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Comienzo de la serie de artículos producidos por la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional para El Litoral con motivo de los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994.