El abordaje de los derechos de la Vejez gana cada vez más espacio en el mundo jurídico

María Isolina Dabove es abogada (UNR), Doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y dos veces posdoctorada en la Universidad de Valladolid. Investigadora Principal del CONICET, docente y autora de 350 publicaciones, integró la delegación oficial argentina ante OEA para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores hasta su aprobación.

Docente de grado y posgrado, dice: "Hay un mecanismo de viejismo en la pretensión positiva de vernos jóvenes y es un error hasta ético de respeto con la propia historia", entre otras frases cuyo valor se aprecia en conjunto o palabra por palabra.

Dabove estuvo en Santa Fe en el marco de la convocatoria del Centro de Capacitación Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia y que dicta el curso anual de Periodismo Judicial. Allí, frente a participantes de la actividad e integrantes del máximo tribunal, expuso sobre "¿Cuándo viviremos libres de violencia? Digamos no a la discriminación, abuso y maltrato en la vejez". Antes, dialogó con El Litoral.

- ¿Por qué abordar este tema en un curso de capacitación organizado por la Corte Suprema de Justicia?

- Hay muchas razones. Una tiene que ver con la nueva realidad social: la población está envejeciendo, somos más longevos y eso genera nuevos desafíos, dentro de los cuales el Derecho es un factor fundamental. Cada vez hay mayor cantidad de conflictos a causa de las circunstancias de vida que genera la vejez, y en esta realidad social se observa un aumento muy grande de casos que llegan a la Justicia.

A eso hay que sumar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que Argentina dio jerarquía constitucional, que aborda derechos y deberes del Estado, la sociedad civil y las familias. Te diría en ese orden, porque hasta ahora el Derecho pensaba la cuestión de la vejez teniendo en cuenta a dos colaboradores: la familia, en primer lugar, y el Estado. La Convención invierte esa jerarquización y ahora es el Estado el que aparece obligado a responder a las nuevas necesidades de las personas mayores; luego, la sociedad en general, dentro de las cuales las ONG tienen un lugar importante, y, por último, la familia. E introduce una nueva mirada en sentido positivo, porque habla de envejecimiento activo y saludable.

Otro de los cambios que introduce la Convención es el enfoque de género. Y lo hace por dos razones: las mujeres vivimos más, lo hacemos en peores condiciones y con una gran carga de tareas de cuidado que no son reconocidas. Es paradójico que suelen ser las mujeres mayores las que cuidan a sus parejas cuando ambos están frágiles.

La segunda razón es que otro sector social que ni siquiera tiene expectativa de vida longeva es el de personas trans. Aquí la perspectiva de género es fundamental, porque pone sobre la mesa que el Estado tenga en cuenta esos sesgos para deconstruirlos y proponer políticas que promuevan la igualdad en el acceso de bienes, servicios y derechos.

- Hablamos de un tratado que pone al Estado en el primer lugar de la protección de las personas mayores. A la vez vemos lo que ocurre todos los miércoles frente al Congreso, donde jubilados reclaman por un aumento mientras el gobierno nacional advierte que va a vetar la ley aprobada por las dos cámaras.

- Nuestro país tiene una posición paradojal con respecto a la vejez en general y con los derechos de las personas mayores en particular. Hay una doble vara: en lo discursivo estamos de acuerdo respecto de la necesidad de reconocer los derechos de este sector, porque las personas que lo atraviesan están en una posición desaventajada, tenemos altas probabilidades de llegar a esas edades y no nos gusta que nos traten así. Sin embargo, es cierto que las demandas crecen de manera exponencial en términos de análisis económico. En este caso, el sistema previsional, que es lo que motiva la marcha de los miércoles al Congreso y empezó con la querida y emblemática Norma Plá, se sostiene en un escenario económico que repite el de los '90, pero hay que añadirle la crisis mundial del sistema.

En el concierto mundial esta globalización del envejecimiento poblacional hace que el sistema jubilatorio no alcance. Al dato demográfico de la mayor expectativa de vida hay que añadir los cambios en el mundo del trabajo, porque lo que alimenta el sistema previsional es el empleo en blanco, con aportes. Las jubilaciones nacen hacia 1860 y 1890 y, en la Argentina, en 1905/6 gracias a Alfredo Palacios. En ese momento se tuvo en cuenta que solo el 1,2 % de la población llegaba a los 60 y más años. Hoy en la provincia de Santa Fe, el 18 % de la población está compuesta por personas mayores y a nivel nacional, un 16 ó 17 %.

El sistema previsional nació con un mercado de trabajo en crecimiento, por el cual con cuatro trabajadores dentro del sistema formal y 30 años de aporte, podíamos cubrir una jubilación mínima. En la actualidad esto parece ciencia ficción. Y si a eso le sumamos las nuevas tecnologías como la IA y la robótica, que van a generar cambios importantes en el mercado de trabajo y nuevos empleos, vemos que estamos en una transición de la que Argentina no es ajena.

En los últimos días conocimos un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revela que un 56 % de las causas tienen que ver con demandas por organismos públicos, dentro de los cuales el 91 % son contra Ansés. Eso es sinónimo de litigo previsional. Por debajo de ese 56 % hay un 18 % de causas penales. Es una brecha enorme.

Entiendo que hay una realidad económica, pero el país tendría que tener como prioridad una actualización para esta población, que abarca a 7 millones de personas dentro de los 48 millones que somos. Espero que el Ejecutivo reflexione sobre esto y pueda cumplir con los mandatos constitucionales y que la Corte se mantenga firme, como viene haciendo, en la defensa de los derechos de las personas mayores, en general, y, en particular, sobre los derechos previsionales.

- Entre esa mayor cantidad de casos vinculados con personas mayores que llegan a la Justicia, ¿también figuran hechos de violencia y maltrato?

- El Poder Judicial trabaja sobre todo tipo de cuestiones vinculadas con vulneraciones de derechos humanos de las personas mayores. En la doctrina nos referimos a una especialidad jurídica que es el Derecho de la Vejez, que nació en Rosario y fue postulado por mi maestro, el Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani, y en Santa Fe con la Dra. Josefa Méndez Costa. Hice un Doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Ahí advertí que el corazón de la problemática tiene que ver con el fenómeno de la discriminación y los viejismos que generan desde pequeñas a graves vulneraciones y atraviesan todas las situaciones, que organizo en cinco ejes. El primero es el de la persona mayor, porque ya es difícil ser una persona vieja, sostenerse en ese lugar y desarrollar una vida en la que se respete el nombre, domicilio, estado (¿por qué me dicen abuela si no lo soy?) y la capacidad jurídica. El segundo es el de los derechos subjetivos, que divido en tres: autonomía; participación e inclusión, y derechos de cuidados o protección. El último eje tiene que ver con el acceso a la Justicia.

Al Poder Judicial le llegan conflictos que abarcan estos cinco ejes. Hay un nutrido número de casos vinculados con la determinación de la capacidad jurídica en sede civil y penal a través de la figura de circunvención de incapaz, que es un delito (previsto en el Código Penal) que consiste en el aprovechamiento de alguien porque está vulnerable en algún aspecto.

También hay conflictos vinculados a la autonomía y esto roza con los cuidados paliativos, la buena muerte y, por qué no, la eutanasia, que son temas pendientes en el Derecho argentino. Muchos casos no llegan a la Justicia y los que llegan se tratan, por lo que cada vez hay más jurisprudencia con enfoque de vejez que protege el derecho a decidir de las personas mayores.

Hay muchos conflictos en relación con la integridad física y moral de las personas, y la contracara es la violencia sobre el cuerpo, la siquis y el patrimonio. En este sentido, es interesante el seguimiento que hace la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación. En los últimos años el tema se fue haciendo visible en la estadística y para el 15 de junio, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, publicó un informe con datos y gráficos referidos a este tema en particular. Hay que decir que este crecimiento se debe a que hay más información y la gente se anima a denunciar.

Entre el cúmulo de causas que llegan a la Justicia está el tema de las residencias gerontológicas y más aún del sistema de cuidados de las personas mayores. Ahí estamos frente a un nudo gordiano del Derecho de la Vejez, porque las residencias son instituciones complejas y multinivel, que deben atravesar una profunda transformación cultural puertas adentro y puertas afuera. En la provincia hay legislación razonable, pero necesita una revisión, tanto para hogares privados como públicos.

Pero, además, es importante generar condiciones de mercado y políticas para que se amplíen las soluciones a la necesidad de asistencia integral: hay que promover la capacitación de cuidadores domiciliarios, registros de cuidadores controlados por el Estado, asociaciones y legislación provincial en esa materia. Es necesario implementar cuidados en transición y desarrollar la figura de los centros de día.

- Un concepto que se repitió en esta charla fue el de "paradoja". La población crece en edad, celebramos el aumento de la expectativa de vida y a la vez invisibilizamos la vejez. ¿Considerás que las acciones que se están desarrollando van en línea con un cambio de perspectiva o seguimos estancados?

- No estamos estancados y esa es una buena noticia. El indicador clarísimo es este encuentro generado por el Poder Judicial y por la propia Corte. Hace más de 30 años que me dedico a este tema específico; en aquel momento investigaba la discriminación de vejez en Derecho y me decían: "Se ocupa de los viejitos, jubilaciones y pensiones". Pero desde fines del siglo pasado a hoy la conciencia mundial se expandió. La pandemia contribuyó a poner sobre la mesa el desafío, porque afectó en gran medida a personas mayores. Y hay un compromiso político de nuestro país a nivel internacional, que preside todas las sesiones en ONU y OEA vinculadas a esta temática porque fuimos el primer país en postular y ratificar la Convención y darle jerarquía constitucional.

Además, observo cómo crece el volumen de sentencias con criterio de Justicia Gerontológica, al punto que la Corte Suprema publicó un dossier sobre precedentes en materia de vulnerabilidad y hay un núcleo específico vinculado a causas sobre personas mayores.

Creo que la buena noticia es que esta paradoja está empezando a ser visibilizada y un dato no menor es que la tasa de natalidad está disminuyendo. Entonces, el problema de la asistencia y acompañamiento va a ser más grave de lo que pensamos.

- ¿Hay un cambio en los medios de comunicación en la manera de abordar los temas vinculados a las personas mayores?

- Antes de la pandemia era muy común que los medios se refieran a las personas mayores como "abuelitos" o "pasivos". Y era muy poco el tratamiento de este tema en páginas y horarios centrales. En la medida en que ganamos conciencia social, apareció un nuevo periodismo con enfoque gerontológico y se generó una red de comunicadores sociales y periodistas que se están capacitando en este tema. Los medios hegemónicos cada vez tienen menos "miedo" la vejez y la abordan, incluso desde la sexualidad.

- La sexualidad en las personas mayores es un tema del que casi no se habla.

- Te cuento una anécdota. Me invitaron a publicar un capítulo en un libro inglés que se va a editar en Londres sobre derechos sexuales de las personas mayores con discapacidad. ¿Cómo pensamos y respetamos la sexualidad de una persona con demencia en una residencia? En el marco de la investigación me propuse preguntarle al Chat GPT sobre sexualidad en personas mayores, sin incluir el dato de discapacidad. ¿Y sabés qué? Encontré su límite: "No tengo información", me respondió el programa. Esto fue un año y medio atrás. Hoy cambió porque la IA se va alimentando de nuevos contenidos y ya tiene respuestas.

Más allá de la anécdota, la sexualidad es un derecho humano fundamental y no se pierde en la vejez. Tanto la Convención como el propio Código Civil nos dicen que el dueño del cuerpo es uno, y la sexualidad es parte de esta estructura biopsicosocial que nos constituye.

- ¿Desde cuándo se es una persona mayor?

- La Convención Interamericana, en su artículo 2, define a la persona mayor como aquella tiene 60 años o más, no más allá de los 65 o una edad base menor conforme a la legislación interna, porque en algunos países el envejecimiento es más acelerado. A nivel mundial este corte etario se está discutiendo, porque a los europeos les parece muy temprano.

Etimológicamente, la palabra ancianidad, que no está de moda pero figura en la Constitución Nacional, significa "el de antes", para referirse a quien tiene un pasado mayoritario. Me parece que es un término bastante objetivo, matemático. Si se aplica a la expectativa de vida que es, en promedio, de 80/85 años, los 60/65 constituyen más de la mitad. Entonces no está mal ese corte.