En 9 meses, por "falsas alarmas" el 911 debió comprometer unas 89 mil horas de trabajo policial

Hasta el mes de septiembre de 2025 y desde el primero de enero, hubo en total 597 mil incidencias o llamados al servicio de emergencias del 911 que demandan una veloz respuesta de la Policía. De esa cifra aproximadamente un tercio, 215 mil, provienen de sistemas de alarmas provistas a los hogares por empresas privadas. Y de ellas, apenas el 2% "dieron positivo".

Al resumen lo escucharon con atención un grupo de senadores provinciales del radicalismo encabezados por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig y el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo Borla. También, una parte de los integrantes del bloque opositor del PJ, entre ellos Armando Traferri.

El primero y el último de los mencionados son el presidente y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública donde se encuentra un proyecto de ley para regular a los servicios y agencias privadas en este rubro, del diputado socialista Rubén Galassi que fue especialmente invitado a la reunión, para acordar cambios en su propuesta.

Básicamente, como se informó días atrás, se busca incorporar un nuevo capítulo que crea un protocolo de actuación obligatorio para que sean las propias empresas de seguridad privada quienes (con sus recursos) chequeen las llamadas que hoy -en algunos servicios- automáticamente se disparan al 911, sin más.

En pocas palabras, que con las agencias privadas de seguridad, el procedimiento sea igual al que tiene lugar con cualquier ciudadano que llama. Un operador del 911 chequea previamente y luego se envía esa información a los móviles policiales para su pronta respuesta. Y obviamente deben ser las propias proveedoras del sistema quienes tomen esa tarea.

"Hoy destinamos un tercio de las salidas de móviles a atender alarmas que, cuando llegamos con el patrullero cargado con dos agentes, se comprueba que son sencillamente errores de funcionamiento o situaciones accidentales que hicieron sonar la alarma" y causaron la llamada al 911. "Son falsas alarmas las que vienen de las agencias en un 98% de los casos y queremos corregir eso", dijo a los legisladores el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Tanto para atender correctamente los 4 mil casos reales de alarmas privadas como los restantes dos tercios de pedidos de auxilio al 911 la disponibilidad de los recursos debe ser óptima. Y según explicó el funcionario a El Litoral no se trata solo de un uso eficiente de los recursos y mucho menos del ahorro, "nos preocupa que son móviles que dejan de trabajar sobre la prevención", en otras áreas ya asignadas.

Al impactante número de 89 mil horas policiales se llega del siguiente modo. Cada vez que un móvil policial acude a una alarma lo hace con un agente al volante y otro en el asiento del acompañante. Así es que el número de casos de alarmas sin que haya peligro debe multiplicarse por dos. El cálculo por cierto, no tiene presente el gasto de combustible ni el desgaste de las unidades.

Demasiado tiempo perdido

¿Por qué se permitió en la provincia de Santa Fe, desde hace décadas, que un mecanismo automático en los proveedores de alarmas disparen esas alertas, sin ningún filtro previo? Porque en rigor hubo una progresiva incorporación de tecnología que extendió la mancha urbana cubierta por el 911. Hoy en la región de Santa Fe es posible pedir auxilio desde San Cristóbal o San Justo.

Al iniciarse, estaba disponible solo en las dos grandes ciudades de la Provincia. Además, en forma paralela, se incrementó la oferta de los proveedores de estos servicios y su contratación.

Regular de forma integral a las agencias y servicios de vigilancia privada es una deuda de la la Legislatura para con los santafesinos. Entre otros antecedentes, ocho años atrás, en 2017 fueron debatidos varios proyectos de distintos diputados hasta acordar un texto que luego al pasar al Senado no tuvo eco.

Años más tarde, en abril de 2024, la Cámara joven sancionó otra vez un proyecto de ley con la intención de comprender la totalidad de las actividades del sector.

Su autor, Rubén Galassi -acompañado por Antonio Bonfatti con su firma- supo desde el primer momento que del tema del 911 y las falsas alarmas iba a encargarse con su propia iniciativa el Poder Ejecutivo Provincial. Ahora esa propuesta llega al Senado para su incorporación, como una suerte de nuevo capítulo con unos seis o siete nuevos artículos al texto de 60 elaborado por el ex ministro de gobierno.

Se estima que en labores de vigilancia privada en blanco existen unos 12 mil trabajadores, de los que solo una parte tiene la formación y capacitación necesarias.

La prestación de estos servicios está regulada por viejas resoluciones ministeriales de la década, en algunos casos de la década del '90.

Registro

El proyecto de ley que tiene media sanción del Diputados y es parte de las prioridades de los senadores crea "un Registro de Prestadores de Seguridad Privada, donde se asentarán los datos de los prestadores y sus actividades. Se determina, además, en otros artículos, las modalidades de contratación del personal de vigilancia, incompatibilidades e inhabilidades, y los requisitos para la obtención de la habilitación, como así también las funciones del Director Técnico", de cada empresa.

Se presta especial atención a quienes podrán portar armas de fuego y a la capacitación de ese personal de vigilancia. Lo mismo, sobre las calidades de las instituciones educativas autorizadas a su formación.

Se crea el régimen sancionatorio, con sanciones proporcionales a las infracciones cometidas por los sujetos intervinientes: desde el apercibimiento hasta las inhabilitaciones temporales o -llegado el caso- la cancelación definitiva de la habilitación, pasando por multas.