Assa en audiencia pública: ahora es el turno del Enress

Por Luis Rodrigo
politica@ellitoral.com

La audiencia pública que -en Rosario, Rafaela y Santa Fe- celebró el Enress no fue, como se temía, una simple oportunidad para la catarsis. Hubo debate -y por momentos de fondo- en las tres jornadas, más allá de que cada parte haya llegado y se haya retirado con su propio libreto.

Se ha cuestionado -incluso en alguna declaración oficial- la utilidad de estas
instancias de participación, que no tienen carácter vinculante y que el marco legal vigente, una herencia de la privatización de los ‘90, no había previsto.

Fue el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, con su actual conformación, el que decidió ampliar los derechos de los usuarios y hacer que cada vez que haya un aumento, los funcionarios a cargo de administrar un bien público -la empresa de agua potable y cloacas estatal- deba pasar por la instancia de enfrentar a los usuarios. Y también a los que no son sus usuarios pero son ciudadanos santafesinos.

De estos elementos -y estas tensiones-, se nutrieron las reuniones de las tres ciudades: la empresa Aguas Santafesinas SA llevó sus explicaciones sobre por qué es necesario aumentar la tarifa y los usuarios enrolados en la oposición o en asociaciones de consumidores expresaron por qué no debería llevarse a cabo la pretendida actualización.

Por fortuna, no sólo rosarinos, rafaelinos y santafesinos hablaron de los valores de la tarifa y de los costos operativos para quienes tienen el servicio, sino que también se expuso -y mucho- sobre el problema más acuciante en materia sanitaria: los que no tienen los servicios y no podrán acceder a ellos en años, porque el atraso en las inversiones (heredado de los diez años de gestión privada) no se ha revertido desde febrero de 2006 hasta aquí.

Unos y otros

En Rosario y en Santa Fe, los libretos fueron más previsibles que en Rafaela (ver aparte). Sobre todo en la capital provincial donde, prácticamente en bloque, hubo un primer round de posiciones adversas al aumento de la tarifa por los legisladores del justicialismo que asistieron a la reunión y otras menos refractarias (porque no los afecta directamente) de cooperativistas y responsables de los llamados “otros servicios” por fuera de Assa que reclaman el mismo trato que los 15 distritos servidos por la empresa provincial.

Los primeros, críticos con la gestión, subrayaron que no puede ocurrir que la empresa reciba menos subsidios del Tesoro provincial, al mismo tiempo que baja la inversión pública en la materia. Y sostuvieron que los aumentos desde 2007 hasta aquí ha superado los niveles inflacionarios.

En tanto, quienes respaldaron la suba de tarifas, su actualización, subrayaron que no es la provincia quien define los niveles inflacionarios y que el manejo centralista de la inversión pública nacional en la materia discrimina a Santa Fe.

A esas posiciones en favor de subir tarifas se sumó el sindicato de los trabajadores sanitaristas: la semana que pasó se ha poblado de versiones sobre nombramientos de familiares de las conducciones gremiales.

Hubo, además de esas posiciones previsibles, otras que prefirieron valorar la instancia de la audiencia pública y sobre todo mirar los antecedentes del caso.

Parte de los discursos de los dirigentes de las asociaciones vecinales y de usuarios recordó que la empresa estatal debe cumplir con sus compromisos. Y colocar el número de medidores que se compromete a instalar, de sus propios fondos, no con el aporte de los particulares que se cansaron de esperar la micromedición.

Un dato fuerte quedó del debate: los más críticos dijeron que se estima que un 30% del agua que se potabiliza literalmente se va por los caños, sin que la población la consuma, por las pérdidas de las redes. La empresa no lo negó.

Sorpresa rafaelina

Rafaela supo con una declaración sorpresiva captar la atención del resto de la provincia. Al pedir la municipalización alteró la agenda y volvió a poner en cuestión el modelo de gestión de los servicios sanitarios. Esa ciudad tiene el 85% de su población servida con cloacas y casi toda su planta urbana con agua potable. Y posee una planta de efluentes cloacales que depura todas las aguas negras. Depende del acueducto de Esperanza, que es cada vez más insuficiente, y si -como dijo su intendente Luis Castellanos- la provincia ejecuta un refuerzo a esa obra, los rafaelinos podrían administrar mejor la empresa en su ciudad. En realidad, esa tarea se reduciría sólo a la administración de la red de distribución, es decir, la etapa final de los costosos procesos de captación de agua cruda y potabilización.

Esta fue la primera reunión en Rafaela y sus dirigentes no dejaron pasar la oportunidad de hacer sentir su voz con una posición que -en rigor- sólo tuvo la ciudad de Esperanza cuando se privatizó la Dipos, allá por 1994. Rosario reclamó siempre la potestad sobre el poder concedente.