El pedido del interbloque Unidos y otros sectores políticos que integran la Cámara de Diputados de la Nación para que se realice una audiencia pública previa al tratamiento de la Ley de Glaciares tuvo eco positivo.
El primer día será presencial en la Cámara y el segundo estará reservado para referentes alejados de Buenos Aires, de manera que se puedan comunicar por medios electrónicos. La condición de "federal" en el centro del debate.

El pedido del interbloque Unidos y otros sectores políticos que integran la Cámara de Diputados de la Nación para que se realice una audiencia pública previa al tratamiento de la Ley de Glaciares tuvo eco positivo.
Este miércoles, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, a cargo de José Peluc (San Juan), y Asuntos Constitucionales, que lidera el santafesino Nicolás Mayoraz, dispuso que el trámite se desarrollará los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y 19 horas.
El objetivo será escuchar las distintas opiniones de referentes y especialistas en el tema que se viene debatiendo desde su incorporación en la Ley de Bases y obtuvo media sanción del Senado el 26 de febrero, al filo del período extraordinario de sesiones.
La convocatoria del plenario a la reunión de este miércoles fue concebida, en principio, para debatir el texto girado por la Cámara alta con la intención de avanzar en un dictamen y acelerar el tratamiento en el recinto.
Sin embargo, arrancó directamente con el debate sobre la realización de la audiencia pública, a partir de un pedido que se hizo público el martes.
En ese sentido, la propuesta original de LLA se reducía a una jornada, pero luego se decidió sumar un día más. Fue ante la insistencia de bloques no oficialistas para que la audiencia pública (cuyos lineamientos están previstos en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara) tenga garantizada la condición de federal.
No obstante, ni Unidos ni Unión por la Patria lograron imponer su voluntad de trasladar el debate a las provincias a fin de asegurar la participación en los territorios que están involucrados o afectados por la ley (que son más de los que poseen glaciares). Sí se aceptó la propuesta de Sabrina Selva (UxP-Buenos Aires) para extender la modalidad por un día más.
Se dispuso que la presencia de referentes de las provincias que no puedan trasladarse hasta la Cámara será por medios electrónicos (zoom, por ejemplo). En definitiva, la audiencia pública se hará en dos jornadas: el 25, de manera presencial en la Cámara y al día siguiente, por vía virtual.
En cualquier caso, se abrirá una modalidad de inscripción hasta 24 horas antes de la fecha de audiencia, se garantizará difusión de la convocatoria y la transmisión oficial de las jornadas.
Para quienes participen se pondrá a disposición la ley vigente, el proyecto que la modifica y la media sanción del Senado como también la versión taquigráfica de esa sesión.
La convocatoria a una audiencia pública, tal como solicitaron integrantes del interbloque Unidos, con Maximiliano Ferraro a la cabeza, se funda en el Acuerdo de Escazú que nuestro país incorporó a su cuerpo legal en 2020 bajo el número 27.566.
Además, se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente.
Con el antecedente de la discusión de la Ley de Medios que también se llevó a las provincias, como también la reforma del Código Civil y Comercial, la oposición mantuvo el criterio de trasladar el debate al interior del país, cuestión que finalmente fue cambiada por la posibilidad de participar por otros medios.
Aún ante la insistencia de otras voces, como la de María Inés Zigarán (Provincias Unidas. Jujuy) para que se realicen audiencias en las cinco regiones glaciológicas existentes en el país, primó el criterio del oficialismo basado en que "el federalismo se garantiza escuchando todas las voces".
El proyecto aprobado en el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega "la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias", es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
El principal argumento en contra de opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona está fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece el proyecto, queda a consideración de cada provincia.




