Buscan indicios de actividades del crimen organizado para a terroristas

Por Antonio D'Eramo

La presencia de 14 venezolanos y 5 iraníes a bordo de un Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, que en principio tenía matrícula iraní y habría pertenecido a la empresa Mahan Air, aerolínea persa sancionada por Washington por promover actividades terroristas, y que permanecen bajo investigación en Buenos Aires, será tema obligado durante el acto que realizará la comunidad judía a 28 años del atentado contra la AMIA.

Las circunstancias que llevaron a los integrantes del vuelo a quedar varados desde el 6 de Junio no hacen más que alimentar las sospechas de los investigadores judiciales de estar frente a un escenario de posibles actividades relacionadas con el crimen organizado, desde trata de personas hasta narcotráfico, realizadas bajo la cubierta de actividades de logística para la industria automotriz o el transporte de tabaco, y cuyo objetivo final no sería el mero lucro resultado de actividades ilícitas sino la financiación de actividades terroristas.

Esa es la sospecha que busca develar la investigación federal que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Federico Villena quienes afrontarán una semana clave a partir de este lunes. No sólo por la cuestión simbólica que se producirá al recordar el atentado a la mutual judía sino porque, vencido el secreto de sumario, el magistrado deberá definir la situación judicial de los 14 venezolanos y 5 iraníes.

Misterios sin resolver

La investigación realizada luego de solicitar cerca de 60 medidas de prueba, ordenadas por el Juez Villena, entre exhortos internacionales, requerimientos a agencias de aviación, testimoniales y, fundamentalmente, el análisis de más de 30 aparatos de comunicación, teléfonos celulares, tables y computadoras personales, secuestrados a la tripulación sumada a la transcripción de la caja negra del Boeing donde se escuchan las voces del piloto y el copiloto hablando en un dialecto del farsi, serán fundamentales a la hora de brindar certidumbre.

La investigación mantiene muy activa a la encargada de negocios de la embajada venezolana en Buenos Aires, Stella Lugo Betancourt, a los representantes de los gobiernos occidentales y a las administraciones de varios países de la región como Paraguay, Uruguay, Ecuador, México y Chile.

Agentes de la Policía Federal, Gendarmería, y de la Policía de la Ciudad, suelen reunirse en diferentes lugares secretos, con traductores del farsi, idioma que se habla de manera oficial en Irán, Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán y que cuenta con más de 100 millones de hablantes nativos, para analizar las memorias de los cerca de 35 aparatos secuestrados a los iraníes y venezolanos que se hospedan en un hotel de la localidad de Canning.

Para esta tarea se utilizan los servicios de expertos en tecnología que suelen utilizar el programa UFED, o "herramienta" como le bautizaron los expertos cibernéticos, y que se utiliza para extraer información de los teléfonos celulares, para revisar las carpetas donde se acumulan mensajes de texto, documentos, fotos y videos. La filtración de la información del teléfono del piloto más sospechado de actividades terroristas, Gholamreza Ghasemi, al que se lo ve de joven en una imagen con uniforme de combatiente de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, fue suficiente para que el juez Villena decidiera estrechar el círculo de secretismo que rodea a toda la investigación.

¿De quién es el Boeing?

Los datos recabados llevan a indicios contradictorios y alimentan las peores sospechas. Informes del FBI estadounidense señalan que el avión de carga Boeing 747-300 no fue adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido en leasing por la compañía Mahan Air. El leasing es un sistema de arrendamiento de bienes de un equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario.

La cuestión por conocer la titularidad de la aeronave es fundamental por las listas negras o blacklist a las que han caído las empresas involucradas. Mientras que Emtrasur o Transportes Cargo del Sur, compañía de logística creada en 2020 por el Estado venezolano, subsidiaria de la aerolínea estatal del país bolivariano, Conviasa, fue sancionada por la administración estadounidense desde febrero de 2020, bajo el gobierno republicano de Donald Trump, por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos sobre la población venezolana.

Mientras que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encargado de administrar el tesoro público del país norteamericano, ha sancionado a las aerolíneas de origen persa, Mahan Air y Quehm Fars, por "apoyar los esfuerzos del régimen iraní para fomentar la violencia regional a través del terrorismo y sus programas de armas", según se desprende de un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), que además agrega, "esta advertencia se lanzó con el objetivo de señalar a la industria de la aviación civil, incluyendo los grupos que proveen de servicios a la actividad, sobre prácticas engañosas con respecto a temas aeronáuticos".

Con respecto a la matrícula de la nave, originalmente pertenecía a Irán pero, una vez lanzadas las relaciones carnales entre los gobiernos de Venezuela e Irán, en enero hubo un cambio de matrícula a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, el juez Villena ha pedido a Conviasa toda la documentación necesaria acerca del dominio del avión.

El Boeing, matrícula YV3531, habría sido transferido a Venezuela para evitar las sanciones internacionales contra las dos empresas aéreas persas. Un modus operandi que ya se ha practicado en otras ocasiones al asociarse con líneas aéreas de terceros países y poder operar bajo otra bandera. Existen informes alertando acerca de las actividades de Qesham Fars Air de Azerbaiyán o Pouya Air de Sudáfrica.

Piloto y copiloto

Si bien la figura del piloto Gholamreza Ghasemi parece opacar las posibles actividades ilícitas de los 14 venezolanos y el resto del grupo iraní, NA informó que el copiloto está siendo investigado como un nexo importante dentro de esta trama. El piloto Ghasemi fue gerente de la empresa NAFT o Karun Airlines, una subsidiaria de Mahan Air, que pertenecería al conglomerado de compañías dirigidas por los líderes de la Guardia Revolucionaria, responsables de llevar adelante el programa atómico y misilístico de Teherán.

El copiloto Mohammad Khosraviragh presentó ante Migraciones Argentina el pasaporte Z46712482 y, según el periodista experto en relaciones internacionales, Daniel Romero "es muy común en el mundo árabe o persa que algunas personas tomen como apellido sus lugares de nacimiento y en esas costumbres, los activos de Hezbolah, Cuds y otras organizaciones deformen cambiando letras o jugando con las pronunciaciones, cosa que para los occidentales no es sencillo determinar".