Pullaro afirmó que la cárcel "El Infierno" romperá definitivamente el vínculo del delito con el afuera

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este mediodía las obras de la Unidad Penitenciaria N° 8, el complejo carcelario de alto perfil que el propio Ejecutivo provincial denomina “El Infierno”. Se trata de una infraestructura inédita en la Argentina, diseñada para alojar a los detenidos más peligrosos y cortar de raíz la operatoria delictiva desde el encierro.

Durante la visita, Pullaro destacó la magnitud de la obra y el ritmo de ejecución. Señaló que en el predio trabajan en simultáneo doce grúas, una postal poco habitual incluso en grandes desarrollos urbanos. “Esto habla de la decisión política y de la inversión que estamos llevando adelante para terminar una infraestructura clave”, sostuvo ante la prensa.

El mandatario explicó que el complejo no se limita a una sola cárcel. En el predio se construyen tres unidades penitenciarias nuevas. La primera, destinada a reclusos de alto perfil, tendrá capacidad para 150 detenidos y podría estar finalizada entre septiembre y octubre de este año, con un avance de obra que ya es significativo.

En paralelo, se levantan otras dos cárceles de gran escala, cada una con capacidad aproximada para 1.950 internos. Una de ellas se prevé concluir hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, mientras que la tercera estaría lista a mediados de ese mismo año. En conjunto, el proyecto ampliará de manera sustancial la capacidad del sistema penitenciario santafesino.

Pullaro enmarcó la iniciativa dentro de una política integral de seguridad pública. Remarcó que la estrategia no se agota en el accionar policial ni en la incorporación de tecnología, sino que incluye el control efectivo de la población carcelaria. “Durante muchos años, una parte importante de los delitos violentos se ordenaban desde las cárceles. Eso no puede volver a suceder”, afirmó.

El gobernador recordó que entre 2021 y 2023 se evidenció con crudeza cómo organizaciones criminales seguían operando desde el encierro, aprovechando falencias estructurales del sistema penitenciario. La nueva cárcel busca cerrar definitivamente esa puerta, mediante un diseño arquitectónico y operativo orientado al aislamiento real de los líderes del delito.

Celdas individuales y control total

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema penitenciario es la individualización de los detenidos. Cada interno contará con una celda propia, bajo control permanente del Servicio Penitenciario. El contacto con otros reclusos estará estrictamente regulado y sólo se permitirá, en caso de corresponder, en grupos muy reducidos.

Pullaro explicó que hoy existen pabellones con más de 200 detenidos, una lógica que favoreció la reproducción de la violencia y la captación de internos de bajo perfil por parte de delincuentes más experimentados. “Una persona que entraba por un delito menor terminaba compartiendo espacio con alguien con varios homicidios encima”, graficó.

En la cárcel de alto perfil, los detenidos sólo podrán compartir patio si así lo autoriza la Secretaría de Inteligencia Criminal, la Secretaría de Investigaciones y el Servicio Penitenciario. Aun en esos casos, el número máximo será de doce personas, muy lejos de los esquemas masivos actuales.

El complejo está pensado para alojar a los aproximadamente 500 presos de alto perfil que hoy tiene la provincia, distribuidos en tres niveles de peligrosidad. Según detalló el gobernador, hay 70 internos en el nivel 1, 166 en el nivel 2 y cerca de 300 en el nivel 3, todos ellos con vínculos comprobados con organizaciones criminales.

Además, la infraestructura permitirá contar con un “backup” de más de 600 plazas adicionales para detenidos de toda la provincia, lo que facilitará una separación más eficaz de los internos más conflictivos y violentos. El objetivo es claro: quebrar los lazos entre las cárceles y el delito en la calle.

Visitas restringidas y máxima seguridad

Consultado sobre el régimen de visitas, Pullaro fue contundente. Señaló que la idea es que los detenidos de alto perfil prácticamente no tengan contacto con el exterior. Sólo en casos expresamente ordenados por la Justicia se permitirán visitas familiares, que se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad.

En esos casos, el contacto será a través de blindex, sin contacto físico y con supervisión permanente. “Estamos hablando de personas que no sólo cometieron delitos afuera, sino también adentro, o que siguen siendo peligrosas para la sociedad”, sostuvo el gobernador.

La infraestructura de seguridad incluye muros especiales, un cerco perimetral doble que permite la circulación de vehículos de control y torreones de vigilancia. El muro tendrá nueve metros de altura y los torreones alcanzarán los catorce metros, lo que brinda una visión panorámica tanto del interior como del exterior del penal.

A esto se suma un sistema de monitoreo permanente, con cámaras que registran lo que ocurre dentro de cada pabellón, en el perímetro y en las zonas aledañas. Pullaro subrayó que se trata de una inversión “muy grande”, inédita para la provincia, destinada a garantizar una cárcel de máxima seguridad.

El mandatario comparó el proyecto con experiencias internacionales, como el caso de El Salvador, aunque marcó diferencias sustanciales. Explicó que en ese país rige un sistema de garantías constitucionales distinto al argentino, lo que habilita un régimen mucho más restrictivo de derechos civiles.

En Santa Fe, dijo, el gobierno trabaja dentro del marco legal vigente. “Las leyes nos permiten llegar hasta acá, y con esta infraestructura podemos tener niveles de seguridad incluso superiores a los de otros modelos internacionales”, afirmó, destacando la dureza del control penitenciario que permite la normativa local.

Pullaro cerró con un balance de gestión. Recordó que en cien años se construyeron unas 3.500 celdas en la provincia, mientras que su gobierno proyecta superar ese número en apenas cuatro años, sumando ampliaciones y nuevas cárceles. “Vamos a ser el gobierno que más cárceles hizo en Santa Fe”, concluyó.