En Diputados, impulsan la suspensión de una resolución de Catastro

La Cámara de Diputados votaría este jueves un pedido de suspensión de la resolución 10 del corriente año de la Administración Provincial del Servicio de Catastro que, entre otras cosas, dispone la anulación de los planos de mensura inscriptos antes del 3 de enero de 1953. El proyecto fue ingresado por la socialista Clara García y tendría el acompañamiento de los diferentes bloques políticos.

El pasado sábado, en una solicitada publicada en El Litoral, los colegios profesionales que integran la Comisión de Enlace (Abogados, Agrimensores, Martilleros, Corredores y Escribanos) expresaron "su enorme preocupación y total rechazo" a dicha resolución. Advertían allí sobre "el grave perjuicio a la sociedad, aumentando la inseguridad jurídica, incrementando los costos en la transferencia de bienes y generando una inadmisible paralización del tráfico inmobiliario".

El planteo ingresado por García tiene cuatro puntos: la suspensión de la resolución hasta tanto sean evaluadas con mayor detenimiento las consecuencias derivadas; razones de la extrema medida tomada; análisis efectuado respecto el impacto de dicha resolución en los actos jurídicos celebrados a título gratuito, tales como el caso de las donaciones; demora actual del Servicio de Catastro e Información Territorial en el procesamiento de nuevos planos; y, cantidad de trámites de registración de nuevos planos ingresados al Servicio que se encuentran pendientes de expedición a la fecha.

García señaló a El Litoral que 31 de enero de este año, el administrador del Servicio de Catastro dictó la resolución disponiendo la anulación de todos los planos de mensura, cuya fecha fuere anterior al 3 de enero de 1953, con excepción de aquellos registrados para sometimiento al régimen de propiedad horizontal, dejando a las parcelas alcanzadas sin estado parcelario.

La socialista se hizo eco de los plantes de colegios profesionales y ante ello "requiere información sobre los reales alcances y consecuencias de la medida tomada, considerando solo al efecto ejemplificativo las siguientes: Hasta el dictado de dicha resolución, los planos anteriores al año 1967 requerían la realización de una Verificación de Estado Parcelario (VEP). La nueva resolución encarece notablemente el tráfico inmobiliario, ya que la realización de un plano de mensura nuevo, duplica en costo a la verificación del estado parcelario".

Por otra parte, agrega que "afecta gravemente los plazos en el tráfico inmobiliario en relación a la VEP, ya que este último cuenta con una demora en su tramitación que oscila los 30/45 días, mientras que la confección de plano de mensura nuevo ronda los 150/210 días, incluido el visado municipal o comunal, dejando al inmueble fuera del tráfico inmobiliario por siete meses promedio". García también afirmó que esto "afecta gravemente a las donaciones y otros actos de disposición efectuados a título gratuito, para los cuales nunca fue exigida la realización de una VEP, ni plano de mensura, y luego de la entrada en vigencia de la resolución los ciudadanos deberán realizar planos de mensura nuevos para donar sus inmuebles, perjudicando notablemente a este tipo de actos al resultar más costoso la realización del plano nuevo de mensura que la escritura notarial misma".

También hace notar la consecuencia en los procesos judiciales en curso (sucesiones, escrituraciones, subastas, división de condominios, entre otros) "no contemplada en la resolución. "Idéntica problemática se suscita en las cesiones de derechos o boletos de compraventa inmobiliaria cuya financiación se encuentra en curso, al haber sido pactado un valor total sin tener en cuenta las nuevas erogaciones que este nuevo plano implicaría, con el agravante que, en la mayoría de los casos, sus pagos ya se encuentran en ejecución".

Asuntos

Casi dos meses después, la Cámara de Diputados realizará la segunda sesión del Período Extraordinario. En la jornada, dará ingreso formal a 399 expedientes que se fueron acumulando desde diciembre, entre ellos las siete observaciones del Tribunal de Cuentas a resoluciones del Ministerio de Seguridad en el marco de la entonces vigente ley de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario.

También la respuesta del Poder Ejecutivo a través de la subsecretaría de Asuntos Legislativos, a una treintena de pedidos de informes o comunicaciones de la Cámara Baja.

En preferencia se encuentra el mensaje del Poder Ejecutivo para cambiar el destino como museo de la ex Casa de Josefa Díaz y Clucellas en la esquina de La Rioja y San Luis.

UCR: Reclamo de cronograma electoral

El radicalismo santafesino instó al Poder Ejecutivo "a tomar definiciones inmediatas sobre el cronograma electoral" para los comicios provinciales, municipales y comunales del presente año.

El planteo público de la mesa del comité provincial que encabeza Felipe Michlig reafirma el pedido realizado el 19 de diciembre del año último al gobierno de Omar Perotti y "solicita se cumpla el compromiso asumido de realizar la convocatoria a elecciones". El texto insta "de forma urgente al gobernador Omar Perotti a firmar el decreto que de llamado a los comicios provinciales para dar previsibilidad y certidumbre al conjunto de los santafesinos".

Sobre el final, el documento hace votos "a un diálogo institucional maduro con el objetivo de salvaguardar la salud institucional mediante reglas de juego claras y previsibles. En una provincia donde faltan definiciones y sobran especulaciones brindar previsibilidad a los partidos políticos es fundamental como pilar para asegurar un proceso electoral transparente, que permita la participación ciudadana y la democracia interna de los partidos. Son tiempos complejos y el Poder Ejecutivo debe terminar con este tipo de prácticas que solo complican el funcionamiento de la democracia".