Una comisión especial de Diputados por la situación del MPA de Rosario

La Cámara de Diputados resolvió crear una nueva comisión especial, en este caso para la información y seguimiento de los hechos que derivaron en imputaciones penales a miembros de la regional II (Rosario) del Ministerio Público de la Acusación ante la denuncia como arrepentido de un capitalista del juego clandestino. La decisión fue anticipada días atrás por el propio presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, y el proyecto fue votado aunque con el rechazo de la bancada justicialista y la abstención de Juntos por el Cambio. Fue durante una extensa sesión con los jefes de bloque en el recinto y el resto del cuerpo desde sus oficinas o viviendas en forma virtual y muchos de ellos con problemas de conectividad.

El socialismo quitó la facultad investigativa al proyecto original sobre la comisión acerca del MPA para intentar buscar el respaldo de todo el cuerpo pero no logró el propósito porque la bancada oficialista señaló que el sistema tiene mecanismos de control y la propia Legislatura actúa como tal mediante la Comisión de Acuerdos. "Además la investigación en este caso la realizó el propio MPA a través de sus fiscales" recordó Matilde Bruera (PJ).

La iniciativa fue firmada por los socialistas Joaquín Blanco, Lionealla Cattalini y Pablo Farías más Maximiliano Pullaro (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Amalia Granata (Somos Vida), Mónica Peralta (Gen), Gabriel Real (PDP), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Rubén Giustiniani (Igualdad).

La comisión tendrá once integrantes: los presidentes de Derechos y Garantías (Cattalini) y de Seguridad (Juan Cándido) más otros nueve integrantes por cada bloque político.

"El objetivo de la comisión será construir verdad sobre lo ocurrido en el MPA" dijo Blanco. "No es un tema de la justicia penal, es un tema de toda la población. La sociedad nos está mirando y no podemos desentendernos de lo ocurrido" en relación a la detención del ex fiscal regional, Patricio Serjal y del fiscal Gustavo Ponce Asahad, ambos con prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación. "Con la conformación de esta comisión de seguimiento e información queremos acompañar y apoyar a los buenos fiscales que se atreven a investigar a sus pares y a su propio jefe directo, algo que es para destacar y que también pone luz sobre los avances que ha representado el nuevo sistema de justicia penal", acotó.

"Desde el Frente Progresista queremos apoyar y acompañar la tarea que está llevando adelante el MPA y a los fiscales que pusieron en marcha este proceso y que son un orgullo para los santafesinos por la valentía y el coraje con que llevan estas y otras causas vinculadas a los delitos más resonantes ocurridos en los últimos años", había señalado Lifschitz al adelantar el tema. Desde la izquierda, Del Frade sumó su apoyo a la comisión "para asumir la búsqueda de la verdad".

En el recinto, Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) explicó la abstención del sector aclarando que apoyaban la tarea de los fiscales pero también de la Comisión de Acuerdos y de la justicia. "Nos parece que no debemos interferir en la causa que ya tiene su derrotero", explicó.

Fue el jefe de la bancada justicialista, Leandro Busatto el encargado de resaltar la vocación por el esclarecimiento pero consideró que "la comisión no aporta nada que no haga en otros lugares" y resaltó que la ley orgánica del MPA establece el control interno de la Auditoría de Control de Gestión, pero también está la tarea de la Comisión de Acuerdos y de la propia justicia penal. Antes no dejó de mencionar que el sistema tiene apenas 6 años de vigencia y demandó 7 años su puesta en práctica.

Con esta comisión más la constituida en abril sobre el seguimiento del caso Vicentin, son dos las especiales que tiene la Cámara de Diputados.

Observatorio

Tanto van el cántaro a la fuente.. que después de varias semanas, Oscar Martínez logró la aprobación de la resolución que crea en el ámbito de la Cámara de Diputados el Observatorio de Víctimas del Delito con las funciones y facultades que otorga la ley 27372 y el Código Procesal Penal de la provincia. "El objetivo es que se respeten derechos humanos de las víctimas que están olvidadas", afirmó.