Postergan un mes el concurso múltiple para la justicia federal de Santa Fe

El Consejo de la Magistratura de la Nación informó que difirió por un mes las pruebas de oposición para los tres concursos múltiples abiertos para cubrir los 14 cargos previstos en la Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia.

Se trata del concurso 493 destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El 494 que busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el 495 para cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario.

El Litoral había informado la gran cantidad de inscriptos para esos concursos, con profesionales que se repiten en dos o más de los concursos. Así son 196 los anotados para el primer concurso cuya prueba de oposición estaba prevista para el 1° de noviembre y ahora fue diferida para el 4 de diciembre, a las 8.30, en lugar a determinar. Además se fijó como fecha el 17 de noviembre como fecha límite para confirmar la presencia en la prueba de oposición.

En tanto, son 180 anotados para el segundo concurso cuya prueba de oposición prevista para el 2 de noviembre se hará el 5 de diciembre y la ratificación de participación deberá hacerse antes del 21 de noviembre. Finalmente 145 son los inscriptos para el tercer concurso con fecha del 3 de noviembre llevada al 6 de diciembre y confirmación al 22 de noviembre.

La resolución 122 de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial es firmada por su titular, María Fernanda Vázquez. En los considerandos advierte que desde la convocatoria se han suscitado diversas cuestiones relativas a la integración de los jurados intervinientes y dada la gran cantidad de inscripciones recibidas, se trabaja en la búsqueda, concreción y puesta a punto de ámbitos que cumplan con criterios adecuados de espacio, conectividad, comodidades y seguridad para llevar a cabo los exámenes en el lugar de la jurisdicción en el cual existen las vacantes a cubrir.

Los cargos surgen del dictado de la Ley 27.715 que fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

En estos tres concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tienen la particularidad de nombres de inscriptos que se repitan, algunos de ellos anotados en los tres, con funcionarios de la justicia federal, de la justicia santafesina, abogados de la matrícula e inscriptos de otras provincias. El Litoral había detectado entre los inscriptos al suspendido fiscal de Reconquista, Algo Gerosa o Adrián Spelta, fiscal rosarino que ya cumplió una suspensión ordenada por la Legislatura.

Nombres que se repiten en dos o tres concursos son los Francisco Dallo, Gustavo Durando, Gonzalo Iglesias, Cecilia Labanca, Leandro Lazzarini, Susana Luna, Tomás Malaponte, Santiago Saux, Emilio Rosatti, Orlando Toniolo, Mariángeles Usandizaga, Rodolfo Urtubey, Nicolás Foppiano, Walter Rodríguez, Patricio Saldutti, Gustavo Urdiales y Pablo Bufarini, entre otros. Otros tienen inscripción en un solo concurso como los jueces Bruno Netri o Roberto Prieu Mántaras o la fiscal Karina Bertocci.

Alta médica

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, recibió ayer el alta médica en el Sanatorio Santa Fe donde se encontraba internado desde la semana pasada. En el nosocomio informaron que Gutiérrez "evolucionó favorablemente y continuará con controles de manera ambulatoria".

El magistrado venía atravesando un estado gripal y por los registros de fiebre asistió a la guardia para ser asistido. Ya en ese ámbito se le realizaron una serie de estudios – tomografías y placas- que permitieron confirmar el diagnóstico de neumonía. También se le realizó el test Covid, con resultado negativo.

Ojito sin más recursos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos presentados por los integrantes de la banda de "Ojito", quienes se dedicaban a la compra, venta y distribución de drogas en la provincia de Santa Fe y en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el respaldo de funcionarios policiales que ofrecían protección a cambio de información.

El 11 de marzo de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario condenó a Ignacio Mario Actis Caporale, alias "Ojito", a la pena de 9 años y 6 meses de prisión como organizador de la actividad de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada. Como coautores, condenó a Leandro Sebastián Cano, Daniel Leandro Illanes, Carlos Edgardo Colombini y Ramón Emiliano Palamedi, a los que les aplicó penas de entre 6 y 6 años y medio de prisión.

También condenó a Juan Angel Delmastro y a Alejandro Miguel Drueta como partícipes necesarios, agravado en su caso por su condición de funcionarios públicos. A ellos les impuso penas de prisión de 7 y 10 años, multas e inhabilitación absoluta y especial.

Contra esa resolución las defensas interpusieron sendos recursos de casación, que fueron rechazados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Ello motivó la presentación de sendos recursos extraordinarios que también fueron denegados. Las defensas, entonces, interpusieron recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Máximo Tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó todos los reclamos.