Los crecientes embates a periodistas se colaron en una comisión de Diputados

El 31 de marzo fue una jornada intensa en Diputados de la Nación. Ese día, antes del feriado del 2 de abril y de Semana Santa, quedaron conformadas 8 de las 46 comisiones permanentes que tiene la Cámara baja. Una de ellas fue la de Libertad de Expresión.

Este grupo de trabajo, que fijó día y hora de reunión para los jueves a las 10, está presidida, como la mayoría, por La Libertad Avanza. En este caso, el lugar recayó en Guillermo Montenegro (Buenos Aires).

Como vicepresidente 1° fue electo Nicolás Trotta (UxP) y como vice 2° la mendocina Lourdes Arrieta, en representación del interbloque Unidos.

"Esta comisión es una de las más importantes en este momento de la Argentina donde la libertad de expresión es algo que debemos garantizar. Desde este lugar tenemos que defender nuestra Constitución, los tratados internacionales y, sobre todo, a las personas que no tienen voz y necesitan ser escuchadas", arrancó Montenegro que transmitió su compromiso por llevar adelante esta consigna.

"La seguridad de quienes informan"

A su turno, Trotta, ex ministro de Educación de la Nación, fue un poco más allá y aclaró que la comisión "no tiene por finalidad proteger a los periodistas sino a la ciudadanía para que exista la posibilidad de informarse sin interferencias, intimidaciones ni censura".

En ese punto, aludió al reglamento de la comisión que prevé "bregar por el respeto y la seguridad de quienes informan". Fue entonces cuando propuso una "breve agenda de trabajo" que contempla el compromiso para que "no se genere una criminalización del derecho de opinión".

Esto se planteó en el marco de la preocupación expresada por Adepa y otras organizaciones que nuclean a medios del país acerca de una posible modificación en el Código Penal para criminalizar el derecho a opinar.

"Tenemos que estar atentos para que nos se generen instancias que impliquen silenciar al periodismo en la Argentina", sostuvo el legislador.

Además, pidió poner el foco en los "ataques e intimidaciones al periodismo".

En este punto, repasó el resultado del Monitoreo de Libertad de Expresión que lleva adelante Fopea y establece que en el año 2023 hubo 116 casos de embates en la Argentina y 179 un año después, lo que supone un incremento del 54 % interanual.

En 2025 la situación se agravó: fueron 278 casos. Entre uno y otro hubo un llamativo aumento de "agresiones directas en cabeza del Presidente de la Nación": 52 casos en 2024 y 119 al año siguiente, lo que representó el 55 % del total.

Los hechos tuvieron como destinatarios a numerosos periodistas de una gran variedad de medios.

En 2025, "se sumó la novedad de una Oficina de Respuesta Oficial", que despertó el alerta en entidades, entre otras Adepa, que salieron a advertir que el Estado no se puede convertir en árbitro de la verdad pública "porque vigilar, restringir y discriminar no permite llevar adelante una agenda que tenga a la libertad de expresión como valor central de nuestra democracia".

"La censura moderna no es prohibir: es intimidar", continuó argumentando el diputado para concluir en que la comisión "debe funcionar para proteger el derecho público a la información como base para nuestra democracia".

Redes y bullying

Luego, fue Arrieta quien llevó al grupo de trabajo la preocupación por el mensaje que por estos tiempos llega a las generaciones más jóvenes.

"Es cierto que hay atentados en contra de aquellos que opinan diferente pero también hay mucha censura en redes sociales, sobre todo a los jóvenes a quienes les hace daño", apuntó para focalizar en un tema complejo como es el bullying que se propaga a través de esas herramientas digitales.