Debate parlamentario y elecciones para evitar que se paralice el Consejo de la Magistratura

El Senado de la Nación tiene previsto votar entre miércoles y jueves el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura enviado por el Poder Ejecutivo, que lleva la cantidad de miembros de 13 a 17. Con dictamen de minoría está también para su tratamiento el de Juntos por el Cambio, que eleva ese número a 20 y lo empareja con lo dispuesto por la ley original, modificada en su momento por Cristina Kirchner.

Esa integración, vigente desde 2006 hasta hoy, es la que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo del 16 de diciembre pasado. Para el tribunal, esa distribución no respeta el equilibrio entre los estamentos: hay más representantes de la política (son siete) que de los técnicos (seis). Y puso como plazo el del 15 de abril para que el Congreso sancione una nueva ley, que respete esa pauta fijada por la Carta Magna. En caso de que ello no ocurre, estableció que recupera vigencia la ley original y la composición de 20 miembros, por lo cual los distintos estamentos representados en el organismo pusieron en marcha sus respectivos procesos eleccionarios para cumplir con esa disposición. En caso de que eso tampoco se pueda hacer, la perspectiva que se abre es alarmante, ya que el Consejo debería dejar de funcionar. Y con él, los procesos de selección y remoción de magistrados, además de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Cada una de estas instancias reviste dificultades para su cumplimiento que, enlazadas por esa relación de causa y efecto establecida por el fallo, desembocaría en una situación institucionalmente crítica, que además se producirá en medio de una verdadera crisis política entre el gobierno nacional y la cabeza del Poder Judicial.

En lo que hace al trámite parlamentario, las principales fuerzas políticas han coincidido en orientar sus esfuerzos a propuestas para, miembros más miembros menos, reformar el Consejo acorde a las pautas establecidas por la Corte con base a lo dispuesto por la Constitución Nacional en 1994. La principal diferencia está en si el presidente de la Corte debe encabezar el Consejo (como fue originalmente y propone, con matices y posiblidad de variaciones, Juntos por el Cambio) o si lisa y llanamente debe quedar por afuera de la integración, como es la aspiración del Frente de Todos, y plasma el proyecto con dictamente de mayoría en el Senado.

La modificación del organismo fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo del 16 de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la ley de 2006 escrita por la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa norma redujo la cantidad de miembros de 19 a 13 y le quitó al máximo tribunal la presidencia del organismo. Ahora, para la Corte esa integración no respeta el equilibrio entre los estamentos de los jueces, abogados, sector académico y la política.

Por ello, el tribunal que preside Horacio Rosatti exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley en un plazo de 120 días y señaló que si eso no ocurre las decisiones posteriores del organismo serán consideradas nulas y el Consejo deberá arbitrar los medios para volver a la configuración original de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular.

Finalmente, si su composición no se modifica por ley para el 15 de abril sus decisiones serán nulas y esto implica entre otras cosas que ya no podría llevar adelante los concursos para cubrir vacantes en la Justicia. Y es que el organismo es el encargado de armar las ternas de candidatos, de las cuales el Poder Ejecutivo selecciona luego a un aspirante y envía su pliego al Senado para que lo designe oficialmente como juez. Así, los concursos del Consejo para designar jueces podrían frenarse hasta volver a la anterior composición.

Mientras el Congreso intenta avanzar contrarreloj y con pocas expectativas de éxito, los distintos estamentos han puesto en marcha sus procesos eleccionarios para cubrir la vacante de manera provisoria hasta fin de año, que es cuando deberá renovarse por completo la integración del organismo.

Esto no representó mayores dificultades para las asociaciones de jueces y para el estamento universitario, sí lo hizo pero fueron solventadas en el caso de los abogados de Capital Federal y del interior, y aparece como un nuevo escollo difícil de salvar en el caso del sector político.

Desde 2006, el organismo está integrado por tres jueces del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría); dos representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.

La iniciativa del Poder Ejecutivo amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, al sumar un juez, dos abogados y un representante académico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

En tanto, el proyecto unificado que presentó Juntos por el Cambio propone una integración similar a la original de 20 miembros y le devuelve al presidente de la Corte la presidencia del Consejo. Además del titular del máximo tribunal, se sumarían un juez, dos abogados, dos legisladores (uno por el Senado y uno por Diputados) y un representante del ámbito académico.

Calendario

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) definieron sus comicios para el 5 de abril. Otra elección encaminada es la de la futura consejera por el estamento de los jueces, que está fijada para el 7 de abril. Los académicos de las universidades públicas de todo el país votarán el 18 de abril, que sería el lunes siguiente al límite del 15 de abril, que cae en día viernes. En cuanto a los delegados del Congreso, aún no hubo novedades. Además, resta que se pongan de acuerdo acerca de a qué se refiere la ley cuando pide la representación del primero, segundo y tercer bloque en Diputados y Senadores, donde hoy funcionan como interbloques.

La elección de los abogados

Unos 164.000 abogados de la matrícula federal de todo el país podrán optar por las dos listas de abogadas que se presentan: Abogacía por la Independencia Judicial, que lleva como primera candidata a Jimena De la Torre, especialista en derecho tributario y redactora de ley de blanqueo de Mauricio Macri. Fue jefa de Gabinete de la AFIP de Leandro Cuccioli y fundadora de la organización Bases Republicanas. Su postulación cuanta con el apoyo de Pro. Completan la lista Virginia Badino, docente de la Facultad de Derecho, con el apoyo del radicalismo, y Patricia Virili, presidenta del Colegio de Abogados de Reconquista.

La otra lista es Abogacía Federal, encabezada por María Fernanda Vázquez, decana de la Universidad de Lomas de Zamora, referente de Diego Molea (consejero de la Magistratura alineado con el Gobierno), junto con la abogada cordobesa Verónica Wagner. .

"En esta elección vamos exclusivamente mujeres", corroboró Virili, en diálogo con El Litoral, y a partir de lo dispuesto por el propio Consejo de la Magistratura en orden a cumplir con la normativa de cupo.

Virili reivindica su filiación y militancia radical, y subrayó que "nuestra lista lo que propone es dar mayor transparencia al proceso de selección de candidatos a magistrados, y también reclamar que se muevan los procesos que ya se han terminado, y que el Ejecutivo no envió los pliegos al Congreso, o no fueron tratados".

La abogada apuntó especialmente a la situación de Rosario, alarmada por "la ausencia de jueces, se necesita cubrir con urgencia esos cargos. Yo no entiendo como el poder político no se da cuenta de la gravedad de la situación", en la que un mismo magistrado debe hacer cargo de más de un juzgado y acumular subrogancias.

"Es una carga sobrehumana que se le está pidiendo a alguien, pero además eso no es justicia", y todo en un lugar particularmente jaqueado por la situación de inseguridad y la necesidad de enfrentar al narcotráfico, añadió. Y, a la vez, trasladó esas mismas falencias a otras regiones, como el norte de la provincia, donde en muchos casos las subrogancias de juzgados implican traslados de cientos de kilómetros de distancia.

"Llamamos a los abogados a que nos acompañen, que el 5 de abril vayan a votar, es necesario que el Consejo de la Magistratura se ponga en línea con lo dispuesto por la Corte, pero que a la vez agilice su funcionamiento", añadió Virili, quien reivindicó y destacó lo que en su momento fue la gestión del santafesino Miguel Piedecasas, durante la cual "se triplicó el trabajo y se avanzó en un montón de cosas".

En orden a su propia candidatura, Virili destacó como un hecho inédito que se presente como candidata una mujer del norte de la provincia de Santa Fe, y lo puso en contexto del "importante trabajo" que se está llevando adelante desde el Colegio de Abogados de la 4ta. Circunscripción, que le toca presidir.

La Corte en el foco del debate

El eje de la discusión de una nueva Ley Orgánica para el Consejo de la Magistratura es si la Corte Suprema debe o no formar parte. El proyecto del oficialismo que fue respaldado en comisión con un dictamen de mayoría, incrementa el número de representantes de 13 a 17, incorporando perspectiva de género y sumando 2 abogados, un juez y un miembro del ámbito académico, pero deja afuera al Máximo Tribunal.

En rigor, durante el debate del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, fue el propio ministro de Justicia, Martín Soria, el encargado de esclarecer el punto de vista del gobierno: "El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo".

Por su parte, los senadores de la oposición firmaron otros dos dictámenes en minoría. El primero es un proyecto unificado de los legisladores de Juntos por el Cambio que promueve un Consejo con 20 miembros presidido por el titular de la Corte. El otro dictamen de minoria lo firmó el senador por Rio Negro, Alberto Weretilneck, que propone federalizar el Organismo con una representación regionalizada. Con este proyecto tiene una llave de negociación clave con el Frente de Todos, que necesitaría de su apoyo para conseguir los 37 votos que permitirían dar media sanción a su iniciativa en la sesión del próximo miércoles o jueves.

El oficialismo tiene 35 manos propias, y necesita que se levanten dos más a favor de su propuesta, lo que dependerá no solo del acompañamiento de Weretilneck, también se jugarán sus alianzas con las senadoras provinciales Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (La Rioja).

En cualquier caso, la perspectiva para el oficialismo es mucho más complicada en la Cámara de Diputados, donde la paridad es mucho mayor.

A pesar de las diferencias, en el oficialismo y oposición destacan que el debate haya comenzado. Con demoras -porque el gobierno propuso que se trate en sesiones extraordinarias en el verano y no ocurrió- pero que ya se esté discutiendo. Ante la inminencia del 15 de abril, la expectativa es que haya una nueva ley para antes de noviembre, cuando la actual integración del Consejo se deba renovar. "Antes de octubre tiene que haber una ley", sostiene en la oposición.

¿Hacia la parálisis?

La Corte Suprema dijo que si no había una nueva norma que lo regule, el organismo debía volver a su integración anterior a la de 13 miembros, que es de 20. Se deben incorporar el Presidente de la Corte, dos abogados, una juez, un académico, un diputado y un senador.

El titular del máximo tribunal ya está y para los jueces, abogados y académicos se convocó a elecciones y hay fechas. Para respetar la paridad de género serán todas mujeres. El problema está entre los legisladores. Cada Cámara debe designar a su representante que le corresponde a la segunda minoría. Pero no hay acuerdo de a qué bloque le corresponde porque para las últimas designaciones de legisladores para el Consejo se estableció que los bloques podían unirse para pelear un lugar.

Hoy oficialismo y oposición creen que le corresponde. Pero también señalan que esas designaciones no están en agenda. Así, todo se encamina a que para el 15 estén el resto de los consejeros que faltan pero no los del Congreso y que tienen el mecanismo menos complejo de elección. Pero más difícil en lo político.

La Corte estableció en el fallo que declaró inconstitucional el Consejo que sus nuevos integrantes deben asumir juntos y en simultáneo. Por lo que no se prevé que no puedan hacerlo los que ya fueron designados si faltan otros.

Como el máximo tribunal dijo que si no hay nueva integración todo lo que el Consejo haga será nulo, en el organismo -ante la cercanía del 15 de abril- comenzaron a pensar qué podrán hacer y qué no. Entienden que será nulo lo que apruebe el plenario, pero no el resto de las comisiones o dependencias del Consejo. Lo más importante es la administración del Poder Judicial: pago de sueldos, compras de insumos, licitaciones, arreglos. En el organismo eso creen que está garantizado y que no habrá inconvenientes y que si aparecen se buscará la manera de solucionarlo porque hay cosas que no pueden esperar.

También hay unanimidad en que no se podrán aprobar concursos de jueces o acusaciones por mal desempeño. Se podrá hacer todo el trámite hasta llegar al plenario donde se paralizará. Y hoy ese es el tema central en el Consejo