Déficit, obras que requieren financiamiento y clausula gatillo

El equipo de transición designado por Omar Perotti comenzó a desglosar la información que el gobierno de Miguel Lifschitz concentró en tres biblioratos sobre las finanzas de la provincia. “La documentación entregada confirma todos los datos que teníamos extraoficialmente, y ratifican nuestra preocupación por el estado de las cuentas”, dijo a El Litoral el diputado justicialista, Roberto Mirabella.

El legislador es uno de los seis integrantes de la comisión que hace poco más de un mes dejó sobre el escritorio del ministro de Gobierno, Pablo Farías, una ambiciosa requisitoria contenida en seis carillas y con un desagregado de 56 puntos sobre diferentes temáticas. La semana pasada, la actual administración volvió a convocar a los delegados del gobernador electo para empezar a responder esas preguntas. Allí, se entregó parte del material y se prometió el restante para los días subsiguientes. Durante casi dos horas se confrontaron datos, se discutió y se ensayaron proyecciones económicas para el corto plazo. “El gobierno confirmó que la provincia cierra el primer semestre de 2019 con un déficit de 10.500 millones de pesos, y si el gasto se sostiene, la situación podría profundizarse hacia fines de año”, había sido la expresión con la que Mirabella enfrentaba los micrófonos al retirarse del despacho de Farías.

Una semana después...

A una semana de esa declaración y ya sobre la base de la información estudiada, Mirabella ratificó sus dichos y pronosticó un panorama sombrío para lo que resta del año. “Ingresamos en un momento de estrangulamiento de la caja de la provincia; una situación que nunca se había dado antes. Y esto será así porque los recursos corrientes en julio van a estar seguramente al límite o por debajo de los gastos. Eso, en julio; nunca había sucedido -insistió. Lo mismo pasará en agosto, y la curva va a ser cada vez más pronunciada porque los recursos caen y los gastos se incrementan”, planteó. “En un momento inflacionario pero con actividad económica, los recursos suben como la inflación o más -sostuvo-; pero acá hay inflación y no hay actividad económica. Entonces, los ingresos caen y los gastos crecen igual o más que la inflación”. Y a modo de ejemplo, recordó que en junio, mientras que los recursos crecieron interanualmente un 42%, la inflación fue del 56% respecto de igual período de 2018. “La situación se va a profundizar. La diferencia entre gastos y recursos va a ser cada vez más pronunciada. En agosto se ajustarán salarios por cláusula gatillo nuevamente, y entramos así en un desfasaje fenomenal”, vaticinó.

Sobre esa base, reveló que le recomendaron al actual gobierno frenar algunos llamados a licitación, y reabrir la discusión paritaria (ver aparte). “Comenzamos un semestre que será muy distinto. En 2017, la mitad de la inversión de capital se financiaba con recursos corrientes. Ahora, los recursos corrientes van a estar por debajo del gasto. Desde agosto, se ingresa a un estrangulamiento feroz -reiteró-, que no dejará dinero prácticamente ni para los gastos corrientes”.

Lo que falta

Según Mirabella, entre los ítems sobre los que el gobierno todavía no aportó información se encuentran las transferencias de obras menores a municipios y comunas, y las licitaciones públicas. “Hay muchas que están abiertas, algunas están adjudicadas, otras con contratos firmados pero sin iniciación de los trabajos; y otras que están en proceso de apertura. No nos dieron información sobre eso; lo que tenemos es extraoficial o a través de la página web oficial”, explicó. Y puso énfasis particularmente en tres procesos licitatorios que preocupan y generaron controversia. “Son procedimientos engorrosos que necesitan aval legislativo y están sujetos a crédito. Se abren los sobres, el oferente ofrece cómo financiar la obra; se preadjudica y se envía el proyecto a la Legislatura porque, además, ese financiamiento está sujeto a crédito. Pedimos concretamente que detengan esos procesos”, afirmó.

Se trata de la tercera etapa del acueducto de Rosario que incluye una planta potabilizadora con una inversión de más de 1.100 millones de pesos; de la planta potabilizadora de Santa Fe por un monto similar; y de un paquete de rutas para el norte de la provincia por más de 4.200 millones de pesos, cuyos sobres se abren en septiembre.

El legislador dijo que el gobierno tampoco brindó información aún sobre los juicios pendientes con fallo en primera instancia que tiene la provincia. “Queremos saber el monto. Y también queremos saber cuáles han sido los honorarios abonados al estudio jurídico responsable de la presentación del recurso ante la Corte por la deuda de coparticipación federal. Sería el 10% del mondo de la deuda reclamada”, adelantó.

¿Cuántos ministerios?

Mirabella no confirmó ni descartó una eventual modificación a la Ley de Ministerios de la provincia. Miguel Lifschitz la había reformado cuando asumió para crear nuevas carteras. A partir de allí, son catorce los ministerios y dos las secretarías de Estado. Desde que Omar Perotti ganó las elecciones, se especuló con un fuerte recorte del gasto político que podría derivar en la eliminación de algunas reparticiones. Mirabella no lo confirmó. Pero sí admitió que se estudian estructuras cuyas funciones están superpuestas. “Hay áreas que se podrían rediseñar porque hoy funcionan separadas y quizá eso no sea necesario, como es el caso de Viviendas, Infraestructura y Obras Públicas. Lo mismo sucede con temas ambientales; tenemos Medio Ambiente, una Secretaría de Energía, una Empresa de Energía... Quizá habría que repensar eso para mejorar la gestión”, consideró.

Revisión en paritarias

Según el acuerdo paritario cerrado a comienzos de año con los gremios estatales y docentes, el gobierno se reservaba la potestad de reabrir la discusión y analizar la situación en agosto, en caso de que los recursos crecieran interanualmente por debajo de la inflación. Ese escenario ya se comenzó a registrar en junio, cuando los ingresos subieron un 42% respecto del mismo mes de 2018, en tanto que el Indice de Precios al Consumidor fue en igual período del 56%. A dicha variable apela Roberto Mirabella para pronosticar un último cuatrimestre sumamente complejo en términos financieros. El legislador deslizó que la recomendación formulada a la gestión saliente fue la de propiciar esa instancia de rediscusión, a la luz del actual escenario económico. Pero es Miguel Lifschitz quien tiene “la lapicera” hasta el 10 de diciembre. ¿Será ésa su decisión política? ¿Reabriará una negociación que, lejos de redundar en mejoras para los trabajadores, probablemente implique rediscutir la permanencia o modo de aplicar la cláusula gatillo? ¿Promoverá reformular la misma cláusula con la que cerraron sus acuerdos salariales municipios y comunas? La potestad es pura y exclusivamente del actual gobernador.