Discapacidad en el centro del debate: entre la prórroga a la emergencia y el Presupuesto 2027

Si el sensible tema de discapacidad, particularmente los fondos asignados a las pensiones, atención y prestadores, tuvo protagonismo la semana pasada, para los próximos días será un capítulo central de la gestión nacional ejecutiva y legislativa y, una vez más, de la rosca política.

Es que en este tema juegan todos: oficialistas, oposición y aliados. Para el miércoles a las 12 se espera el plenario de las comisiones de Discapacidad, y Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre un proyecto de ley cuyo contenido es categórico: prorrogar hasta diciembre de 2027 la Emergencia que rige hasta fines de este año y que tantas idas y vueltas tuvo entre el Congreso y el Ejecutivo (sanción, veto y ratificación incluidas).

La fecha surge del emplazamiento aprobado en la última sesión de la Cámara baja el 9 de septiembre, cuando por mayoría se dispuso un cronograma para tratar este tema sin dilaciones.

El expediente lleva la firma de Juan Marino, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Oscar Ahuad Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Yolanda Vega, María Inés Zigarán, Victoria Tolosa Paz, Yamila Ruiz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau y Jorge Fernández. Como se ve, suscriben referentes de una amplia representación política.

La primera reunión plenaria se realizó el 16 de septiembre, horas después del ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 y cuando ya había estallado la polémica por los artículos contenidos en el capítulo VI “De las Jubilaciones y pensiones”, de los que no tenían noticia los principales referentes de La Libertad Avanza y modifican, y elimina el nomenclador universal, vuelve atrás con el modelo de pensiones por invalidez laboral y deroga varios artículos de la Ley 27.793.

En definitiva, son cambios medulares a la ley de emergencia en Discapacidad, la misma iniciativa que la oposición quiere prorrogar para evitar que los titulares de pensiones no contributivas pierdan derechos a partir del año próximo.

Los cambios

En primer lugar, el Presupuesto elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que consagra el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema.

Esta modificación llevará a que los prestadores tengan que negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga y cada obra social.

Con esta reforma planteada por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto, se termina con la homogeneidad de los aranceles.

Según explicó el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria) en un extenso tuit, con esta nueva política "cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica".

A través del artículo 39 del Presupuesto, se sustituye en artículo 7 bis de la ley de emergencia por una nueva redacción que además de dar por tierra con la política de arancel único, deja sin efecto la actualización automática mensual de los valores de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria.

El nuevo texto establece explícitamente que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles” y se dispone que el nomenclador "no incluirá valores universales".

Objeciones

En un posteo largo, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro coincidió con Marino en que lógica contemplada en el artículo 39 del Presupuesto "permite que cada ente obligado (obra social, prepaga o Estado) determine los valores en su relación con los prestadores".

El legislador opositor acotó que "sólo para el Estado Nacional prevé una determinación trimestral de aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad", aunque sin definir un índice concreto como la movilidad jubilatoria.

Por otra parte, a través del artículo 37 del Presupuesto se elimina la compatibilidad de la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo que aporte ingresos de hasta dos salarios mínimos.

"El proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión", explicó Marino.

El diputado de Unión por la Patria también advirtió que mediante los cambios en el Presupuesto se "elimina la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata al terminar el contrato, empujando a las personas con discapacidad a la informalidad".

Otro artículo del Presupuesto, en tanto, suprime el instrumento de estudio de costos para cada uno de los servicios o prestaciones del sistema.

"Borran la herramienta que permitía actualizar aranceles según costos específicos del sector que no capta el IPC, asfixiando a los prestadores", lamentó Marino, que puso como ejemplo los valores que se pagan a los transportistas (apenas 900 pesos por kilómetro), que ni siquiera alcanzan a cubrir los costos reales de mantenimiento del servicio.

En otro orden, el Presupuesto deroga el artículo 5 de la ley 27.793 que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, se le da al Poder Ejecutivo discrecionalidad para reducir los requisitos para que una persona pueda ser considerada discapacitada, y así depurar la nómina de beneficarios.

En el artículo 41 elimina el articulo 8 de la ley de emergencia que es el que garantiza la cobertura de salud a los titulares de pensiones no contributivas por Discapacidad.

"Es decir, la cobertura (de salud) deja de ser un derecho legal exigible por los titulares de pensiones", alertó Marino.

Mientras la insistencia o la eliminación del capítulo en cuestión es considerada como alternativa dentro del oficialismo para aquietar las aguas, La Libertad Avanza busca el aval de aliados en el Congreso para presentar una alternativa “superadora” a la prórroga de la Ley de Emergencia. Ese ingrediente formará parte del menú del plenario de comisiones del miércoles.

La renuncia de Vilches

En medio de todo el ruido de fondo y para sumar un dato más al desconcierto, este lunes se conoció la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

El funcionario, que depende del Ministerio de Salud, estuvo a comienzos de septiembre en la comisión de Diputados, que preside el tucumano Gerardo Huesen (LLA) y junto a su equipo explicó las políticas que venía llevando adelante la repartición a su cargo.

“Queremos mejorarle la vida a las personas con discapacidad”, dijo entonces ante un auditorio que reclamaba por la situación de un sector particularmente golpeado por la crisis.

Pocas semanas después presentó la renuncia y hasta el momento no se conoce reemplazo.