Estrella Moreno Robinson: "Pedimos una Defensa fuerte, con autonomía, autarquía e independiente"

Falta menos de dos semanas para que los convencionales constituyentes de la provincia de Santa Fe se reúnan por primera vez para iniciar el proceso de reforma en el que se discutirá, entre otros asuntos, el rol y el lugar institucional que ocuparán los ministerios públicos fiscal y de defensa de aquí en más.

Al igual que el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) dejó sentada su postura en un comunicado institucional la semana pasada, el cual fue luego ratificado por su titular, la Defensora General de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson.

En una rueda de medios la Dra. Moreno Robinson visitó la nueva redacción de El Litoral en el Puerto de Santa Fe, donde se explayó acerca de sus expectativas y convicciones para el futuro de la Defensa y explicó por qué decidieron manifestarlo a poco del inicio de la Convención.

“Consideramos que primeramente debíamos hablar con los convencionales, con las personas elegidas por el pueblo para que los representen en la reforma constitucional”, dijo una vez culminada la rueda de reuniones de la semana previa. “Ese diálogo se inició con ellos, donde también los escuchamos. Entiendo que hubo un intercambio enriquecedor y queríamos respetar ese espacio”, destacó.

Autonomía, autarquía e independencia

Consultada acerca de la devolución por parte de los reformadores, Moreno Robinson aseguró que “todos estuvieron de acuerdo en la importancia que tiene una asistencia jurídica integral. Que no sea solo penal, porque como dicen las reglas de Brasilia, los conflictos legales no pueden tener un solo enfoque, sino uno que abarque todos los fueros, porque la persona es integral”.

También señaló que hablaron de “la importancia del acceso a la justicia como un derecho humano fundamental y que eso debe garantizarse a través de una defensa fuerte, con autonomía, autarquía e independiente, que es lo que pedimos”.

Concurso en marcha

-¿Cuántos defensores tiene la provincia en actividad?

-Los cargos que están activos hoy son 72. Cuando inició el sistema había 78. Por jubilación, fallecimiento y diferentes cuestiones fueron disminuyendo y la carga de trabajo creció exponencialmente. También creció mucho el número de personas privadas de la libertad.

A propósito de ese desfasaje entre el incremento del volumen de trabajo y el recurso humano disponible, la defensora general recordó que “hubo un concurso para defensores públicos adjuntos subrogantes, se elevaron los nombres al Poder Ejecutivo y tenemos la palabra de que se va a cubrir un importante número de vacantes”.

-¿La palabra del gobernador?

-Sí, se van a cubrir cargos, porque lo importante es dar cobertura y que quedemos en una situación de paridad o más cercanos a los fiscales.

-¿Sabe cuántos son los fiscales actualmente?

-Los fiscales van a llegar a 199.

-Los duplican largamente.

-Sí. Por lo que dicen los manuales de Defensa Pública, tendría que haber siempre un defensor por cada dos o dos y medio fiscales como mínimo.

Una mesa de tres patas

En cuanto a la coyuntura actual, la entrevistada se remontó a diciembre de 2023 cuando se barajó la posibilidad de reducir a la Defensa Pública. “Creo que superamos una instancia muy importante” cuando “logramos explicar y dar a conocer nuestro verdadero peso y a la vez lo importante que somos para asegurar el funcionamiento de la justicia”, dijo.

Para Moreno Robinson “cuando hablamos de derecho a la defensa, lo hacemos como derecho humano fundamental, como regla de funcionamiento de la justicia, porque sin defensa no hay sistema que funcione y es obligación de los estados proveer una defensa pública”.

Recordó que “lo manda la Convención Americana de Derechos Humanos, toda la normativa internacional y la jurisprudencia” y que cuando “el Estado santafesino brinda un defensor está cumpliendo con esa exigencia”.

Utilizó la imagen de la mesa de tres patas -la que acusa, la que juzga y la que defiende- para referirse al “equilibrio del sistema de justicia”, donde “si una está sin fuerzas, se desequilibra el sistema. Porque puede haber muchos jueces y fiscales, pero si los defensores no están, no se pueden hacer audiencias”.

Población vulnerable

La titular de la Defensa Pública santafesina aclaró que “si bien somos subsidiarios en el sistema, la persecución penal muchas veces recae en personas vulnerables y no tienen los medios para afrontar una defensa privada. Y a la vez, las personas que pudieron solventar un abogado, cuando son privados de libertad muchas veces acuden a la defensa pública porque esos medios se han agotado”.

-La estadística marca que 9 de cada 10 presos tienen defensa pública, ¿Es así?

-El número lo sacamos haciendo un promedio de cuántas personas atendemos en medidas de prisión preventiva y cuántos condenados hubo en 2024. Es más alto en prisiones preventivas que en condenados, pero cuando se hace un promedio es 9 de cada 10. Y está directamente relacionado con la vulnerabilidad del encierro.

-¿Cómo se llevan con los Colegios de Abogados que representan a los profesionales del ámbito privado?

-Mantengo diálogo con los colegios porque jamás he visto a los abogados particulares como contrincantes. Creo que tenemos que estar todos unidos en elevar los estándares de la defensa. He conversado mucho para explicar que no es que atendamos gente con capacidad económica. Y algo importante a tener en cuenta es que tenemos la obligación legal de defender a las personas; y no dar asistencia legal podría llevarnos a un incumplimiento de deberes.

Código Penal Juvenil

-¿Qué implicó para la defensa pública el nuevo Código Procesal Juvenil?

-El código plasma los principios y los estándares internacionales respecto de cómo deben ser tratados los menores en cualquier proceso judicial en el que se encuentren. Siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Los principios que nos atañen directamente como organismo son el de especialidad y especificidad. Especialidad, implica que no cualquiera puede defender a un menor. Y especificidad, que es conveniente que solo algunos defensores los atiendan y no todos. De todas maneras, la ley, haciéndose cargo de la situación actual dice “en la medida de lo posible”.

Nosotros creemos que tenemos que tratar de dar respuesta. No tenemos una postura de resistencia, al contrario. Y en ese sentido es que gestionamos y somos escuchados porque siempre la postura es hacer el máximo para poder cumplir.

Hicimos tres capacitaciones importantísimas: Un conversatorio sobre justicia penal juvenil -fue la primera actividad con defensores de todas las provincias y con actores relevantes-; un curso de introducción a la justicia penal juvenil -en la Facultad de Derecho de la UNL-; y un seminario de formación en defensa penal juvenil -donde hicimos una alianza con organismos internacionales como ILANUD, Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente y con las universidades-.

En cuanto a la práctica, cada defensoría regional organizó la participación de los defensores en turnos y luego en las causas que quedarán dentro de la defensoría. Con el secretario de Relaciones Institucionales del SPPDP, Rodrigo Giménez, mantuvimos reuniones con el MPA, la Secretaría de Niñez, con la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y con los centros de admisión y derivación.

Pusimos especial atención en los menores que están tutelados. Si me preguntas cuántos hay, puedo decir que (al 27 de junio) había 25 menores en Rosario y 6 en Santa Fe. En cuanto a las causas, se nos comunicó a través del MPA que son aproximadamente 4900 y se está articulando para recibirlas.