El Senado de Santa Fe llevó a 12 años la renovación del Fondo de Electrificación Rural

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural (FER), que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Producto del debate en comisiones con el bloque del justicialismo y con el consenso de las autoridades del Poder Ejecutivo se dispuso que en lugar de 10 sean 12 años los de la prórroga, a partir de julio de este años, por lo que serán tres las gestiones involucradas en la norma que asegura que la masa de los recaudado en la totalidad de las boletas de la Epe tenga como destino el servicio eléctrico rural.

Se trata de un típico subsidio cruzado entre usuarios en un servicio público monopólico. Va del común de los clientes a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan de la prestación y que podrían hacerlo si se extienden las redes o mejora la infraestructura existente. Las áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o las muy pequeñas localidades, con el norte de beneficiar a la producción guían las decisiones para esas inversiones.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig (UCR) es el autor de la iniciativa y quien lideró la media sanción. El presidente provisional de la Cámara debió hablar desde el estrado de la presidencia al conducir la sesión, en ausencia de la vicegobernadora Gisella Scaglia. Subrayo que todos sus pares del oficialismo y de la oposición acompañaron con su firma el expediente y que además del voto por unanimidad hubo aportes valiosos. Destacó especialmente los de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias ) quien luego también habló de la norma.

La ley que renueva la vigencia del FER amplia su comisión de seguimiento que hasta ahora solo contaba con integrantes legisladores y ahora contará también con un representante de la compañía estatal, otro de las cooperativas eléctricas, lo mismo de la Secretaría de la Energía de la Provincia y de la Secretaría de Municipios y Comunas. Deberá rendir cuentas mensualmente de cómo se usan los recursos y reunirse también con esa periodicidad. Ese control pretende que el subsidio cruzado no pueda usarse para gastos corrientes de la empresa. La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que aún cubre el tesoro provincial.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano.

El FER es una política de Estado en Santa Fe. Nació durante las gestiones de gobernadores socialistas con el Senado como impulsor; siguió durante la gestión del peronismo en la Casa Gris y ahora es también apoyado por el radicalismo con mayoría en la Cámara alta y la conducción del gobierno provincial actual. Las últimas modificaciones al texto que tomó el dictamen de la Comisión de Economía se hicieron junto al ministro de la Producción, Gustavo Puccini. Como es casi habitual los jueves en la Legislatura, estuvo en los pasillos el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

Debate sobre la Caja de Jubilaciones

Un proyecto de ley del senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) ingresó este jueves 11 a la Cámara alta de la Legislatura, recibió la habilitación del Poder Ejecutivo Provincial para su tratamiento en sesiones extraordinarias y también el compromiso del tratamiento en la próxima sesión, para que Santa Fe comience a debatir la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Se trata de una vieja iniciativa, que Gramajo (hoy electo por Unite y parte del interbloque del oficialismo) trajo al debate sin suerte durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuando el déficit de la Caja era aún sensiblemente menor y llegaban (aunque mal y tarde) los correspondientes aportes del gobierno nacional.

Por aquel entonces su proyecto para crear una comisión y obtener un estudio de fondo sobre los números del sistema previsional fue mal interpretado. Lo rechazaron sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas.

Hoy la situación política -acaso por la realidad contable de la Caja- es muy distinta. Ya han acompañado con sus rúbricas el expediente los senadores del radicalismo y los 5 del bloque PJ en minoría estudian un eventual apoyo. Se trata justamente de salvar al sistema previsional amenazado por la decisión ilegal del gobierno nacional de no enviar fondos de compensación dispuestos por leyes vigentes pero también de los desequilibrios propios de sus ingresos y egresos. En rigor, hoy es el conjunto de los santafesinos (beneficiarios o no de las jubilaciones y pensiones) quienes pagan el rojo. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.