El gobierno nacional prepara más denuncias y busca pruebas de un "modus operandi"

El Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello ratificará en las próximas horas su denuncia por los comedores "fantasma" y aportará nueva información en el juzgado de Ariel Lijo. En ese sentido, sospechan que existió un modus operandi para permitir la extorsión a los beneficiarios de planes sociales, por lo que está más vigente que nunca el temor de La Cámpora a que las investigaciones prosperen.

Entre el lunes y el martes próximo, la Subsecretaría de Legales del Ministerio de Capital Humano se presentará en Comodoro Py para aportar nueva información sobre los llamados comedores "fantasma".

De 1.201 comedores que los funcionarios del área de Leila Gianni terminaron de auditar, muchos de ellos no se pudieron hallar, otros ya no existían más y, en los casos más singulares, existían en barrios privados o funcionaba una escuela de "pole dance" -el famoso baile del caño-.

La decisión que tomó la ministra del gobierno de Javier Milei fue acabar con la intermediación de los bolsones de comida que se realizaban a través de las organizaciones sociales. Los dirigentes sociales –devenidos en funcionarios- eran quienes definían cuántos bolsones de comida se enviaban a los comedores y merenderos que ellos mismos designaban e inscribían, por lo que no existía control alguno.

Para el Ministerio de Capital Humano, el descontrol tenía una razón: la militancia partidaria beneficiando a comedores o supuestos comedores "amigos" y el delito. Por esa razón, están recabando más información para agilizar las investigaciones judiciales apuntando a las responsabilidades penales de los funcionarios a cargo de las millonarias cajas.

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos –Renacom- fue creado en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Dependía de la Secretaría de Articulación Social de la camporista Laura Alonso.

Le decían "la buena" para diferenciarla de la ex titular de la Oficina Anticorrupción macrista llamada igual. La ex ministra Victoria Tolosa Paz tendrá que dar explicaciones sobre su gestión y los planes sociales, ya que estuvo al frente de Desarrollo Social.

Las porciones

El Polo Obrero manejó el 4% de los Planes Potenciar Trabajo, mientras que el Movimiento Evita llegó a recibir casi el 50% de esos planes. Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y funcionario al frente de Economía Social, era el gestor de esos recursos. Los controles en el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández eran inexistentes. Eso intentará demostrar Capital Humano en la Justicia.

Allanamiento con "crocantes"

Tras 15 denuncias judiciales, el negocio de los planes sociales explotó en la agenda pública. Los audios y chats de integrantes del Polo Obrero sumado a los 76 mil dólares encontrados en los allanamientos de las segundas líneas del movimiento piquetero argentino instalaron el tema.

En las últimas semanas, en el Ministerio de Capital Humano sumó la decimoquinta denuncia contra los "gerentes de la pobreza" y otros negociados que se hacían desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la gestión de Alberto Fernández.

El presidente Javier Milei reposteó las investigaciones y denuncias. En el combate al negocio de la pobreza encontró una manera de generar empatía con su electorado y profundizar su discurso anticasta: "El que las hace, las paga". Todo comenzó con la denuncia sobre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE).

Esa área dentro del Ministerio de Desarrollo Social adquiría medicamentos oncológicos para personas vulnerables a precios elevados. El gasto en cuatro años alcanzó la friolera suma de 65.289.274 pesos. Además de las denuncias que prepara el gobierno nacional sobre los comedores fantasma, en Capital Humano están analizando las compras de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social y algunos llamativos gastos en Tecnópolis.

Por todo ello, Máximo Kirchner, referente de La Cámpora, se mostró elogioso con Milei y la manera en la que construyó poder. "Está preocupado", asegura alguien que lo conoce al hijo del ex matrimonio presidencial. Si las causas judiciales avanzan contra los referentes del Partido Obrero se podría destapar un "Mani Puliti" de la explotación a los más vulnerables.

La postulación de Lijo suma adhesiones

El juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema de Justicia tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo con un informe que preparó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. El proceso legal, que duró 15 días para reunir las adhesiones y rechazos, se inició el 22 de abril y culminó el 10 de mayo.

Entre quienes apoyaron a Lijo se encuentran la Asociación Mundial de Juristas, una organización no gubernamental que reúne a jueces, académicos y profesionales del derecho de más de 140 países; el Foro Legal Internacional; la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); y los jueces de la Cámara de Casación Penal, de la Cámara Federal Penal de la Capital, de la Cámara Penal Económico y magistrados y fiscales de todo el país.

A ellos se sumaron la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza el gremialista Julio Piumato y la Cámara Nacional Electoral, quien, a través de su presidente, Santiago Corcuera, resaltó de Lijo "su más absoluto apego a los valores republicanos, a los que se suman sus cualidades personales".

Quienes apoyan al actual juez federal como denominador común remarcan, entre otros aspectos, que a lo largo de su carrera ha demostrado en reiteradas oportunidades su compromiso en la lucha de delitos complejos como la trata de personas y el narcotráfico.

Los adherentes a la postulación de Ariel Lijo valoran y ponen como ejemplo sus investigaciones para culminar con las bandas que operaban en el interior de la Villa 31 de esta ciudad o distintas organizaciones que trasladaban estupefacientes desde el norte del país hacia distintos puntos de esta ciudad.

Y en materia específica de trata de personas, en general señalan que ha llevado adelantes muchas investigaciones que permitieron el rescate de víctimas de ese delito, logrando la detención e impulsando a juicio todos esos casos.

En el año 2013 fue reconocido por la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco por su labor en una investigación que permitió rescatar a 31 víctimas del delito de Trata en dos prostíbulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros en la localidad de Bonaerense de San Miguel.

Además, advierten que, a su conocimiento y dedicación, se suman los reconocimientos recibidos por su gestión y capacidad por mejorar el sistema de administración de justicia, obteniendo en el año 2017 el primer certificado de normas ISO 9001/2008 en un Juzgado Federal.