Los jueces penales de Santa Fe, ante el desafío de "unificar criterios y gestionar las dificultades cotidianas"

El Poder Judicial de Santa Fe definió las nuevas autoridades del Colegio de Jueces Penales de la Circunscripción Judicial Nº 1, un recambio institucional que comenzará a regir el 1º de enero de 2026 y que se produce en un contexto de fuerte exigencia sobre el fuero penal, atravesado por altos niveles de litigiosidad y una creciente demanda social sobre sus decisiones.

En ese marco, el juez de Cámara de Apelación en lo Penal Alejandro Tizón renovó por un año más la presidencia del Colegio en Pleno de Jueces Penales, en su carácter de juez coordinador del Colegio de Jueces de Cámara. De esta manera, continuará al frente de la conducción general del órgano que articula el funcionamiento de la primera y la segunda instancia del fuero.

Por su parte, la jueza María Celeste Minniti asumirá como vicepresidenta del Colegio en Pleno y jueza coordinadora del Colegio de Jueces de primera instancia en lo Penal, en reemplazo del magistrado Martín Torres, quien venía desempeñando esa función. Las nuevas autoridades ejercerán sus mandatos durante el año judicial 2026.

La elección se realizó conforme a los mecanismos previstos en la Ley 13.018, que regula el funcionamiento del sistema penal acusatorio en la provincia y establece la organización y atribuciones de los Colegios de Jueces. Desde el Poder Judicial se informó que el proceso quedó formalmente definido el 26 de diciembre pasado.

Canal de comunicación

En diálogo con El Litoral, la Dra. Minniti explicó que el rol del juez coordinador es esencialmente institucional y de gestión. “Es el canal de comunicación entre todos los jueces del Colegio y la Oficina de Gestión Judicial, con el objetivo de unificar criterios y gestionar las dificultades cotidianas”, señaló.

La magistrada remarcó que el Colegio de Jueces no cuenta con estructura administrativa propia, por lo que toda la organización operativa se encuentra a cargo de la OGJ.

El diseño institucional prevé además una conducción articulada entre instancias. El coordinador del Colegio de Jueces de Cámara preside el Colegio en Pleno, mientras que el coordinador de Primera Instancia ocupa la vicepresidencia.

“El pleno cumple una función central: unificar criterios entre la primera y la segunda instancia”, explicó Minniti, al destacar la importancia de sostener coherencia decisional en un sistema de alta exposición pública.

Vacantes y litigiosidad

La asunción de las nuevas autoridades se dará en un escenario complejo para el fuero penal santafesino. Según advirtió la jueza, persiste un déficit estructural en la cantidad de magistrados, a pesar del incremento sostenido de causas y audiencias.

“Las últimas incorporaciones datan de hace aproximadamente tres años, pero todavía quedan cargos vacantes que necesitan cobertura para dar una respuesta adecuada al nivel de litigiosidad actual”, afirmó.

Minniti recordó que, cuando se implementó el actual sistema penal, la legislación estableció que el plantel de jueces no debía ser inferior al existente en el modelo anterior.

“En ese momento teníamos 25 jueces; hoy somos 16”, precisó, y señaló que a ese desfasaje se sumaron nuevas competencias como microtráfico, juicio por jurados y faltas, además de un mayor caudal de causas impulsado por la incorporación de más fiscales.

Conflictividad y visibilidad social

La situación resulta particularmente sensible en el fuero penal juvenil. La magistrada confirmó que aún resta la jura de uno de los jueces del área (el Dr. Héctor Aiello), una incorporación que consideró “sumamente necesaria”.

No obstante, aclaró que el proceso depende de gestiones administrativas en curso y subrayó que solo se está cubriendo una de las dos vacantes, una de las cuales permanece sin ocupar desde hace casi seis años.

Más allá de las limitaciones estructurales, Minniti describió el contexto social en el que hoy interviene la magistratura penal. “El fuero está haciendo todos los esfuerzos para responder en tiempo y forma a los reclamos sociales, en un escenario de alta conflictividad y con resoluciones que tienen una enorme visibilidad pública”, señaló.

Frente a ese escenario, sostuvo que el objetivo del Colegio de Jueces es garantizar respuestas jurídicas adecuadas, preservando la independencia judicial y dejando de lado cualquier tipo de presión externa.

La renovación de autoridades aparece así como un paso clave para ordenar la gestión interna y fortalecer la coordinación institucional en un fuero que enfrenta demandas crecientes y desafíos estructurales de larga data.