La Justicia cerró la causa por los supuestos "chats" de Silvio Robles con D’Alessandro

El juez federal Sergio Ramos cerró la causa contra Silvio Robles, el secretario del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que se había iniciado por los supuestos chats filtrados con el funcionario porteño Marcelo D'Alessandro, porque las comunicaciones fueron obtenidos a través de espionaje ilegal.

La decisión tendrá impacto político por varias razones. La primera y dominante es que los supuestos “chats” forman parte de las acusaciones a los miembros de la Corte Suprema en el trámite del pedido de juicio político, y serán traidos a colación en el debate en comisión. Pero la decisión judicial respalda la postura de quienes lo rechazan, justamente por su origen en presuntas tareas de espionaje ilegal.

Pero a la vez, la decisión del juez de no considerarlos surge de que el fiscal interviniente se abstuvo de acusar. Y se trata de Carlos Stornelli, una de las figuras judiciales más apuntadas por el kirchnerismo.

Finalmente, porque los fundamentos remiten al pronunciamiento de otra magistrada, Ana María Figuroa, que fue quien se opuso a reabrir la causa por el memorándum con Irán justamente por que se invocaban registros telefónicos ilegalmente obtenidos.

“Bajo ningún concepto”

“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal el fallo”, argumentó el magistrado al disponer el archivo del expediente.

Y añadió como sustento de esa decisión que “el juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique, lo que necesariamente implica proteger las comunicaciones como todo aquello que afecte la intimidad de los individuos que conviven en un estado constitucional de derecho (salud, patrimonio, etc), y en el que se aspira a vivir en un marco democrático, donde el ser humano se pueda desarrollar con plenitud, sin temor a que alguien o el propio Estado, se entrometa en su vida privada de forma ilegal”.

Impacto político

Los supuestos chats que vinculan a Robles con D’Alessandro forman parte de la agenda de discusión en la Comisión de Juicio Político, en el marco del proceso que puso en marcha el kirchnerismo contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El archivo de la causa no implica que los supuestos chats, ya difundidos a través de los medios de comunación, queden afuera del proceso de investigación abierto por la Comisión, ni que se pida explicaciones a los involucrados.

Pero más allá de la causa como tal, y de lo que pueda ser el desarrollo de la investigación legislativa, la decisión del magistrado toma en cuenta las opiniones vertidas en el expediente por el fiscal interviniente Carlos Stornelli, que tendrán también efecto político. Esto es porque el funcionario judicial, al rechazar la presentación de elementos “que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo", y que por lo tanto contaminarían todo el proceso, citó el voto de la camarista de Casación Ana María Figueroa, cuando se discutió la reapertura de la causa del Pacto con Irán invocando el registro de una conversación telefónica entre Héctor Timerman y el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, que había sido obtenida de manera ilegal.

"Uno de los pilares del estado de derecho radica en que el Estado no puede beneficiarse ni usufructuar por el resultado de un ilícito", escribió Figueroa en ese fallo, mientras que desde el oficialismo se cuestionó fuertemente a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que admitieron reabrir la investigación basados en esa prueba cuestionada.