La otra mitad de la justicia: 56.800 personas asistidas por la Defensa Pública

Las estadísticas suelen ser frías. Enumeran cantidades, porcentajes y variaciones. Sin embargo, detrás de algunos números se esconden definiciones institucionales profundas.

El capítulo III del Informe Anual de Gestión 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD) presentado el pasado 4 de junio ante la Legislatura santafesina ofrece precisamente esa posibilidad: leer, detrás de la acumulación de datos, la dimensión real que alcanzó un organismo que hoy constituye una de las columnas vertebrales del sistema de justicia penal santafesino.

La primera cifra resulta elocuente por sí sola. Durante 2025, la Defensa Pública asistió a 56.800 personas. No se trata de expedientes ni de causas judiciales, sino de individuos concretos que requirieron representación jurídica estatal para ejercer su derecho de defensa.

La magnitud adquiere otra dimensión cuando se observa que el MPD mantiene simultáneamente bajo su responsabilidad 45.406 legajos en etapa de Investigación Penal Preparatoria.

Más personas asistidas

La carga de trabajo también se refleja en la actividad cotidiana de los tribunales. Durante el último año, los defensores públicos participaron en 23.285 audiencias en toda la provincia. El dato equivale a un promedio superior a 63 intervenciones por día a lo largo de todo el año.

Más de la mitad de esas actuaciones estuvieron vinculadas a medidas cautelares y sus revisiones, que totalizaron 11.386 intervenciones. A ellas se sumaron 10.082 audiencias imputativas y otras 1.817 preliminares. Dentro de las audiencias imputativas, 6.913 se realizaron ante un juez y 3.169 se llevaron adelante en sede fiscal.

La estadística permite observar una tendencia estructural del sistema penal contemporáneo: buena parte de la actividad judicial se concentra en las etapas iniciales del proceso y particularmente en la discusión sobre restricciones a la libertad ambulatoria. De hecho, entre las personas asistidas por la Defensa Pública, 4.059 se encontraban sujetas a medidas de coerción.

La distribución territorial también resulta ilustrativa. Más de la mitad de las personas asistidas durante 2025 correspondieron a la Defensoría Regional Nº 2, con asiento en Rosario, que concentró el 51,5 % de los casos. La Región 1, correspondiente a Santa Fe, representó el 24 %; la Región 5, el 15,1 %; la Región 4, el 5,4 %; y la Región 3, el 4 % restante.

Un actor indispensable

Los números adquieren una dimensión aún más significativa cuando se los compara con el conjunto del sistema penal provincial. Los datos consolidados muestran que el MPD intervino en aproximadamente el 70 % de todas las audiencias penales realizadas en Santa Fe.

También participó en el 60 % de los juicios orales y públicos y en el 77 % de los procedimientos abreviados celebrados en la provincia.

Más revelador aún es otro indicador: el 82,43 % de las personas privadas de libertad en Santa Fe fueron asistidas por la Defensa Pública. Dicho de otro modo, más de ocho de cada diez personas detenidas, procesadas o condenadas dependieron de defensores públicos para garantizar el ejercicio de sus derechos dentro del sistema judicial.

Los datos refuerzan una conclusión que atraviesa todo el informe: la Defensa Pública dejó hace tiempo de ser un actor complementario para convertirse en una pieza imprescindible del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal.

Paridad de armas bajo presión

Esa centralidad, sin embargo, convive con uno de los principales desafíos institucionales señalados por la Defensora General, Estrella Moreno Robinson. El problema no radica exclusivamente en una reducción de la estructura defensiva, sino en el crecimiento desigual que experimentaron los organismos que integran el sistema acusatorio.

Al inicio de la reforma procesal penal, Santa Fe contaba con 144 fiscales y 78 defensores. Con el paso de los años, la estructura del Ministerio Público de la Acusación se expandió a un ritmo superior al de la Defensa Pública.

Según expone el informe, al cierre de 2024 existían 151 fiscales y 73 defensores activos, mientras que durante 2025 se proyectaba la incorporación de otros 48 fiscales, elevando el total a 199; contra la incorporación de 19 defensores adjuntos subrogantes,que llevó el plantel a 92.

La consecuencia de esa evolución desigual se observa en un indicador clave para medir el equilibrio del sistema: la relación entre acusadores y defensores. Mientras al inicio existía poco más de un defensor cada dos fiscales, la proporción descendió hasta equivaler a casi tres fiscales por cada defensor activo.

Para la conducción del MPD, esta situación afecta la denominada “paridad de armas”, uno de los principios fundamentales del proceso acusatorio, y vuelve indispensable avanzar en la cobertura de vacantes y en el fortalecimiento institucional del organismo.

Nuevas competencias, viejos desafíos

La expansión de responsabilidades constituye otro dato central del informe. Durante 2025, la Defensa Pública continuó consolidando su actuación en dos materias relativamente recientes: la justicia penal juvenil y las causas vinculadas al microtráfico de estupefacientes.

En materia juvenil, el organismo asistió a 873 adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante el año participó en 243 audiencias imputativas y en 446 audiencias relacionadas con medidas cautelares, además de finalizar 124 legajos.

Por su parte, la desfederalización parcial de los delitos vinculados al narcomenudeo generó una nueva demanda para el sistema. Solo en 2025, la Defensa Pública intervino en 736 audiencias imputativas y en 632 audiencias de medidas cautelares vinculadas al microtráfico.

La incorporación de estas competencias implicó no sólo un incremento cuantitativo de trabajo, sino también la necesidad de desarrollar procesos específicos de capacitación para garantizar defensas técnicas adecuadas en materias que hasta hace pocos años resultaban ajenas a la competencia provincial.

Lo que dicen los números

Los números del capítulo III permiten observar algo más que una rendición de cuentas. Describen el lugar que ocupa hoy la Defensa Pública dentro del sistema penal santafesino.

Un organismo que asiste a decenas de miles de personas, interviene en la mayoría de las audiencias penales, acompaña a más de ocho de cada diez personas privadas de libertad y absorbe nuevas competencias cada año.

Un organismo que, además, concluyó durante 2025 un total de 268 causas mediante juicio oral, incluidos tres juicios por jurados, y que sostiene su actividad cotidiana sobre una estructura integrada por apenas 309 agentes entre magistrados, funcionarios y trabajadores.

En un contexto de expansión permanente de la litigiosidad penal, las estadísticas dejan una conclusión difícil de discutir: fortalecer la Defensa Pública ya no aparece como una demanda corporativa, sino como una condición necesaria para preservar el equilibrio del sistema de justicia y garantizar la vigencia efectiva del derecho de defensa.

Las cifras del informe 2025 muestran, en definitiva, que esa “otra mitad de la justicia” es mucho más que una expresión retórica. Es una realidad medible, cotidiana y decisiva para el funcionamiento del Estado de derecho en Santa Fe.