La Legislatura de Santa Fe empezó a desatar el paquete de leyes sobre seguridad

A menos de una semana de la jura como gobernador, Maximiliano Pullaro tuvo las primeras cuatro leyes que envió a Legislatura con el objetivo de mejorar los indicadores de inseguridad de la provincia, mientras que otras tanto quedaron en gateras para ser tratadas en siete días más.

Se trata de las leyes que disponen la emergencia en seguridad pública por un año con posibilidad de prorrogarla por otro; cambios en la ley orgánica del Servicio Penitenciario; regulación de gastos reservados para las investigaciones criminales complejas y la desfederalización parcial de la competencia para los delitos de microtráfico de drogas.

Los cuatro proyectos fueron votados en la misma tarde por las dos cámaras tras 24 horas de reuniones, negociaciones e intercambio de textos. El Litoral dio cuenta de las reuniones de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno y de Gestión Pública, Fabián Bastía con los interbloques de diputados y de senadores del oficialismo. En la mañana del jueves, ambos ministros convocaron a los diferentes bloques opositores de la Cámara Baja y luego a los senadores del PJ. Fue Cococcioni la voz explicativa de los alcances de las normas impulsadas por el Poder Ejecutivo y luego fue Bastía quien estuvo desde la siesta en el Palacio Legislativo para hablar con los distintos actores y para recabar dudas de los bloques tanto oficialistas como opositores.

La respuesta legislativa fue positiva teniendo en cuanta que los once expedientes vinculados al tema seguridad pública ingresaron poco después de las 15 por las mesas de entradas de ambas cámaras. De las leyes sancionadas solo la vinculada sobre emergencia era novedosa. En cambio, sobre los otros tres temas hubo votaciones en otras ocasiones especialmente en el Senado. En Diputados, el único proyecto que tuvo votos en disidencia fue la adhesión a la norma sobre desfederalización del delito de microtráfico. "Fue una promesa de campaña, el gobernador Pullaro y todos nosotros dijimos que íbamos por esa norma como herramienta para combatir el narcomenudeo", destacó José Corral (UCR) a la hora de señalar la decisión del oficialismo de acompañar el mensaje del Ejecutivo. La oposición le dio los votos para el tratamiento sobre tablas y varios legisladores votaron favorablemente, entre ellos los ex ministros de Perotti: Walter Agosto, Marcos Corach, Celia Arena y Sonia Martorano así como La Libertad Avanza y el bloque que conduce Amalia Granata. Solo los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía votaron en rechazo.

Lo sancionado son los siguientes proyectos emanados de Casa Gris:

Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario: el objetivo es agilizar adquisiciones, proponer habilitaciones presupuestarias amplias, incluso en obra pública y amplias facultades de reordenamiento en la organización policial y del servicio penitenciario como el fortalecimiento de las áreas investigativas y de inteligencia. El texto brinda herramientas sobre la Policía, el Servicio Penitenciario e incluso del Ministerio Público de la Acusación.

Ley orgánica del Servicio Penitenciario: sustituye la Ley Nº 8183 del año 1978. Es una ley que resguarda los derechos de los trabajadores penitenciarios. Se elimina la sanción de arresto, ordena el régimen salarial, otorgando certeza y consagrando legalmente derechos económicos de los trabajadores. Además simplifica la diagramación del servicio, se modifican los escalafones que pasarán a ser tres: cuerpo general, profesional y técnico. Se incorpora al Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), como equipo de asistencia y control de situaciones de alteración del orden jurídico y generación de violencia dentro del escalafón cuerpo general.

Adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes: En el texto de adhesión está el requerimiento de transferencias presupuestarias, establece orientaciones político-criminales y criterios de intervención. Parte de la base de que el abordaje investigativo del microtráfico está limitado a los territorios problemáticos, que ameritan una intervención integral sobre los mercados abiertos de drogas. Esto ocurre fundamentalmente en Rosario, y en alguna medida en Santa Fe Capital. Para el interior de la provincia no habría propiamente investigación de microtráfico, sino una intervención directa e inmediata ordenada sobre el sistema de medidas cautelares y la posibilidad de articular con otras intervenciones en un marco programas de integrales de intervención en barrios. La ley crea una unidad fiscal especial provincial dependiente de la Fiscalía General y de una unidad policial especial (Central de Inteligencia y Operaciones Especiales); que es el grupo destinado a la investigación del microtráfico, como tarea previa debe realizar inteligencia en territorio. Este proceso de inteligencia está orientado principalmente a la toma de decisiones estratégicas, no únicamente a nutrir una causa penal.

Regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas: Texto que sancionó la Legislatura en 2019 y que el gobernador Omar Perotti vetó. El Senado rechazó el veto y en Diputados no tuvo los dos tercios necesarios para rechazarlo y la observación quedó firme. La idea central es eliminar la existencia de gastos ocultos y sin rendición alguna para pasar a un sistema en el que todos los gastos realizados con fondos del tesoro provincial deban necesariamente documentarse y rendirse. La ley sancionada sólo autoriza la postergación de la rendición en beneficio de una investigación criminal o para preservar la vida o la integridad física de una persona, por tiempo determinado y bajo estricto control de la autoridad competente para la utilización de los fondos reservados.

Pendiente

El paquete de leyes sobre seguridad enviados por el Ejecutivo y que serán discutidos a partir de la semana próxima se completa con los siguientes títulos:

• Reformas a la ley 13.013 de fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación.

• Creación de una agencia de medidas no privativas de la libertad

• Ejecución de la pena privativa de libertad

• Producción y gestión de la información para la prevención del delito

• Juicio por jurados

• Reformas al Código Procesal Penal

• Reformas a la ley 13.014 del Servicio Público provincial de la defensa penal

• Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial