Ley Brisa: se otorgaron dos reparaciones en Santa Fe

En todo el país, alrededor de 50 hijos e hijas de víctimas de femicidio se encuentran recibiendo la reparación económica que establece la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa. Según fuentes oficiales, dos de esas asignaciones corresponden a la provincia de Santa Fe (una en el departamento San Javier y otra en el departamento Las Colonias).

La ley Brisa fue aprobada en julio de 2018 y creó el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, a través de un monto de dinero que equivale a un haber jubilatorio mínimo mensual para víctimas colaterales de femicidios menores de 21 años.

La norma fue promulgada en octubre del año pasado. Desde entonces, 50 niños y niñas se encuentran recibiendo la reparación, y a fines de agosto -siempre según la misma fuente- serán 85.

Además, los tres organismos que intervienen en el proceso (Anses, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Instituto Nacional de las Mujeres) se encuentran procesando otras 458 solicitudes, de las cuales 90 pertenecen a la provincia de Santa Fe donde hay 33 en trámite y fueron aprobadas 11.

La norma lleva ese nombre por Brisa Barrionuevo, cuya madre fue asesinada a golpes y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa. Cuando Daiana Barrionuevo desapareció, su ex pareja le dijo a la policía que se había ido con un amante, lo que motivó una búsqueda durante 20 días, tras el cual se encontró su cuerpo el 10 de enero de 2014. Tres años después, el padre de Brisa fue condenado a prisión perpetua. La hermana de Daiana se hizo cargo de la niña y de sus dos hermanos y los sumó a su propia familia. El tema fue tomado por la Casa del Encuentro para reclamar al Poder Legislativo por una herramienta de contención que les brindara un sustento a los hijos de víctimas de femicidio, hasta cumplir la mayoría de edad.

Reclamos

La aplicación efectiva de la ley y la necesidad de desburocratizar los trámites para el acceso a la reparación fue motivo de un planteo que realizaron días atrás en Buenos Aires familiares de víctimas de femicidios que pidieron “mayor apoyo del Estado” para acceder a esa suma de dinero, vital para el sostenimiento de hijos e hijas de las mujeres asesinadas. También se planteaba allí que al no contar con estadísticas oficiales a nivel nacional, sólo podían basarse en datos de la Casa del Encuentro que registra, entre 2008 y 2018, a 2395 huérfanos por femicidios.

Ya a fines de junio, la Cámara de Diputados votó sobre tablas el pedido impulsado por Silvia Augsburguer para que el Estado -en este caso provincial- promueva y garantice el cumplimiento de la ley, y para que las subsecretarías de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y de Políticas de Género asistan a beneficiarios y beneficiarias en el trámite para obtener la documentación y en la gestión ante la Anses.

Dificultades y propuesta

Desde Género, Gabriela Sosa señaló que por segundo año la subsecretaría a su cargo impulsa un espacio de encuentro de familiares de víctimas de femicidio que opera en la región centro-sur (no incluye a la ciudad de Santa Fe), aunque también tuvo participación de representantes de otros puntos de la provincia.

“Es contenedor el ámbito colectivo”, reconoció la funcionaria en diálogo con este diario, además de recordar que en la provincia se cuenta “desde 2016 con un protocolo que se activa ante femicidios y nos pone en contacto inmediato con autoridades locales y con familiares de las víctimas”. Pero más allá de esta forma de trabajo, lo que se pone de relieve en esa mesa es “lo dificultoso de los mecanismos a partir de la aprobación de la ley”. Y la principal dificultad es “la obtención de la tutela del niño o niña, ya sea en trámite o definitiva”.

Otro inconveniente que encuentra es que “la capacitación del personal encargado de las reparaciones es muy lenta. El trabajador y la trabajadora se forman en función de las definiciones políticas -reconoce Sosa- y en esto hubo lentitud a la hora de la capacitación”, que se traduce en que los familiares deben ir una y otra vez a la oficina para realizar el trámite. Por reglamentación, el organismo a cargo de tramitar la reparación es Anses.

“Detrás de cada situación hay una cantidad de cuestiones que tendrían que estar resueltas y en esto el Poder Judicial tiene un papel importante”, reflexionó Sosa quien sumó una pregunta que es también una propuesta: “¿Por qué no un equipo interdisciplinario de un municipio, que está cercano a la situación y que puede dar fe de que esos niños y niñas están siendo cuidados por una tía, una abuela o una hermana?”. Al menos hasta que se resuelva la situación legal, y siempre teniendo en cuenta que “quienes solicitan este derecho lo hacen porque no les alcanza con la asignación y, salvo alguna excepción, son familias en contextos de vulnerabilidad”.

Principales puntos

La reparación económica consiste en un monto mensual que equivale a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417. Es inembargable y se abona por cada persona menor de 21 años o con discapacidad siendo retroactiva al momento de cometerse el delito.

La reparación se extingue en caso de sobreseimiento o la absolución del presunto autor y es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares, y otras pensiones o prestaciones de las que sean destinatarios.

También está prevista la cobertura integral de salud tanto para la atención de la salud física como síquica a los que accedan al programa.

Requisitos

La Ley Brisa establece los requisitos para acceder a la reparación. Entre ellos se cuentan: partida de nacimiento de la o el titular; partida de defunción de la víctima; DNI del titular y del representante; guarda, tutela o adopción de los y las niñas en cuidado del representante; sentencia condenatoria de la causa que da origen a la reparación, o subsidiariamente el procedimiento firme o si no hubiera este último, el auto de elevación a juicio que expide el juez.

Registro

El gobierno de la provincia presentará este jueves a las 9 los datos del Registro Único de Violencia Hacia las Mujeres (Ruvim), correspondientes a 2018. La información será presentada por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la subsecretaría de Políticas de Género, junto al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).