La UCR rechazó los cambios a la ley de Tierras que impulsa el Gobierno

La Unión Cívica Radical (UCR) expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras propuesta por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento quedó postergado este jueves en el Senado, en el marco del debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un comunicado oficial, emitido en la misma jornada en que se postergaba la consideración de la norma, el partido consideró que con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

El Comité Nacional está presidido por el actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuyas posturas, como sucedía en la anterior gestión de Martín Lousteau, no siempre reflejan los posicionamientos de los senadores ni de los gobernadores radicales.

El radicalismo cuenta con 10 integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos son claves para definir el futuro de la "ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en uno de sus capítulos la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras para extranjeros.

Pero hasta el momento, solamente tres (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama) han manifestado abiertamente su rechazo. Los otros siete, algunos de los cuales responden a gobernadores radicales afines al Gobierno, podrían acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque también expresaron dudas.

Contexto parlamentario

Este jueves se cayó del temario de la sesión el tratamiento del proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por falta de votos y de acuerdos previos.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar el tratamiento de este proyecto hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

En el comunicado partidario, la UCR afirma que "el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos".

Recuerdan asimismo que la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación, que establece "un máximo de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un 30% máximo de ese cupo para una misma nacionalidad".

Además, dicha normativa estipula que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo".

"También establece la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos o ríos o en zonas fronterizas", se indica.

Sin embargo, el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que "cada provincia defina sus propios criterios", lo que podría conducir a una desregulación preocupante.

"Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros. El radicalismo promovió en su momento el debate por la Ley de Tierras", recuerdan sobre la iniciativa que había impulsado inicialmente el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010.

En Argentina, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han excedido el límite legal permitido.

“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente”, enfatizan desde la UCR.

A esto se suma la preocupación por las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que también fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

La Casa Rosada busca eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo por períodos de hasta 60 años tras incendios.

Desde la UCR señalaron que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por extranjeros.

En este sentido, abogan por la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país mediante regulaciones razonables.

“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyen en su comunicado.

Tránsito trabajoso

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 18 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió en que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda y se habían sumado otras cuatros modificaciones al despacho.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Este jueves y por cuarta vez, el proyecto de Federico Sturzenegger volvió a truncarse en el recinto y su debate quedó postergado para el jueves 6 de agosto, al regreso del receso invernal.