La causa de "espionaje" en la que acusan a Saín de ir contra la libertad de prensa

En los últimos días de diciembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia preliminar de la causa en la que se acusa al ex ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín, de haber intentado beneficiar irregularmente a una empresa proveedora, en una operación de compra de armas para la Policía.

La imputación abarca a otras tres personas, por "negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública" y, en el caso de Saín, la Fiscalía solicita una pena de prisión de 5 años. La audiencia pasó a cuarto intermedio y será retomada este año en fecha a determinar.

Pero no se trata de la causa más grave que involucra al ex funcionario, que también se desempeñó al frente del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Esa condición corresponde al proceso abierto a partir de las acusaciones de haber llevado a cabo actividades ilegales de espionaje sobre personajes públicos, instituciones y particulares.

Las acusaciones

En noviembre de 2024, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, pidió elevar a juicio la causa iniciada en 2022 en contra de Saín por presunto espionaje ilegal.

De acuerdo con la acusación, el ex ministro lideró una asociación ilícita que confeccionó al menos 661 "perfiles" de dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales, sin orden de un juez y en violación de la Ley de Inteligencia. La imputación sostiene que esas prácticas implicaban la sistematización ilegal de datos sensibles -patrimoniales, familiares y migratorios-, obtenidos tanto de registros públicos como de bases privadas.

En esa causa también están involucrados seis ex colaboradores de su gestión en el Ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, y la ex directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Además, se les atribuyen delitos de abuso de autoridad, peculado y desvío de fondos destinados a gastos reservados.

Las querellas

En una extensa presentación realizada a fines de agosto pasado, el equipo de abogados que representa al gobernador Maximiliano Pullaro formalizó una acusación formal ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia contra Sain y otros funcionarios, en la que pide 10 años de prisión.

El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín, acusa al ex funcionario por defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.

La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.

Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.

El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.

En simultáneo, se conoció que la Fiscalía de Estado santafesina también acusa a Sain y sus ex colaboradores, y pide pena de prisión. La oficina a cargo de Domingo Rondina presentó un documento de más de 400 páginas con fundamentos para alcanzar esta acusación en carácter de querellante en la causa que se investiga.

A su vez, el CEO de El Litoral, Nahuel Caputto, contra quien apuntaron específicamente algunas de las acciones ilegales planteadas en el caso, presentó una querella contra el ex funcionario donde detalla la naturaleza y las finalidades de esos actos.

En la Justicia provincial

En su momento, Saín intentó sustraer el expediente de los tribunales provinciales santafesinos y llevarlo a la Justicia Federal, alegando que el supuesto delito de "espionaje" constituiría una violación a la Ley Nacional de Inteligencia (25.520), que corresponde a esa competencia.

En dos instancias, la Justicia santafesina rechazó la pretensión de la defensa, por entender que las tareas de inteligencia criminal supuestamente irregulares, formaron parte de un curso de acción "circunscripto al ámbito provincial", y no quedó acreditado que hubiesen intervenido organismos nacionales. La pretensión también fue rechazada por el entonces juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez.

"Queda claro que en materia de competencia penal lo determinante será el territorio, los sujetos y el interés afectado, resultando ajustada a derecho la intervención del Colegio de Jueces Penales de la Ciudad de Santa Fe en el caso que nos ocupa", señaló a El Litoral el abogado Ignacio Alfonso Garrone, patrocinante de la querella que lleva adelante Nahuel Caputto.

Garrone trajo a colación diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Paoli", "Gonzáles, Mónica" y "Pérez Esquivel") en los que se consagra ese criterio, replicado por la Corte de Santa Fe ("Aliau").

Cómo operaba

"Este caso resulta particularmente transparente y desnuda una de las formas en la que actuaba la asociación ilícita: el jefe de la asociación ilícita da una orden contraria a derecho procurando perjudicar a una persona a quien se considera un adversario político. A partir de ello se genera un anoticiamiento falso atribuyendo a la persona la supuesta comisión de un delito y ello es utilizado como excusa para recopilar información", expuso el letrado.

Esta finalidad perseguía precisamente la orden contraria al derecho dictada el 2 de abril de 2020 a las 12:43 hs. por Marcelo Sain.

En esa ocasión, instruyó a Nadia Schujman, Maximiliano Bertolotti, Paula Di Domenico, Alberto Mongia, Esteban Germán Montegro, Debora Cotichini, Pablo Alvarez y Mariana Olivieri, en orden a que "a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tenga algún problema legal. Inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto, por favor".

Dicha orden surge de un audio enviado al grupo de WhatsApp "MS Investigación Criminal", integrado por las personas mencionadas.

La inexistencia de la "denuncia anónima" de la que da cuenta el documento se encuentra demostrada por la inexistencia de IPP en el sistema de legajos del MPA que vinculada al hecho en cuestión. Es decir, no sólo no surge que haya sido comunicado la "denuncia anónima", sino que tampoco consta el despliegue policial realizado a partir de la supuesta denuncia fue comunicado al MPA.

Al día siguiente, Sain ordenó por medio de la aplicación WhatsApp a Débora Cotichini que "perfile" a Nahuel Caputto. Es precisamente ese el término utilizado por el ex funcionario, que refiere un supuesto acuerdo "con el gobernador" para "ir, en nuestros términos, perfilando a Nahuel Caputto". También indica que eso se realizaría para "ir contra él".

Meses después persistía de algún modo el interés en producir y recopilar información vinculada a Nahuel Caputto. Es por ello que Débora Cotichini ordenó la elaboración de un informe de inteligencia llamado (sugestivamente) "El cuarto poder en la provincia de Santa Fe".

Este informe, confeccionado fundamentalmente a partir de información obtenida de fuentes abiertas (publicaciones periodísticas y del Boletín Oficial), les sirvió para estructurar el grupo empresario integrado por Nahuel Caputto, objetivo de sus indagaciones.

Si bien el objetivo principal de este informe es Gustavo Scaglione, incluye un apartado bajo el título "Las Empresas de Caputto". En este apartado se hace referencia a los medios impresos, digitales y radios en los que posee acciones el empresario.

"Como queda absolutamente claro, la obtención, producción y sistematización de información respecto de Nahuel Caputto perseguía la exclusiva finalidad de influir en los medios de difusión que la propia información producida por la asociación ilícita indica que son de su propiedad", sostiene el escrito presentado por Alfonso Garrone.

"En esta cuestión nosotros consideramos de gravedad la afectación específica de la libertad de prensa, al pretender generar una causa penal contra el directivo de un medio, pretender amordazarlo y de esa forma coaccionarlo para que no pueda ejercer plenamente ese derecho", concluyó.

En resumen

- Según la acusación, la estructura habría operado entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, con una organización jerárquica encabezada por el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Saín, acompañado por altos funcionarios de su cartera y del OI. El objetivo central habría sido la recopilación sistemática de información personal, patrimonial, política y social de cientos de personas, sin orden judicial ni vínculo con investigaciones penales.

- El documento sostiene que se elaboraban “perfiles” o “dossiers” sobre funcionarios públicos, periodistas, empresarios, sindicalistas, militantes sociales y ciudadanos comunes, a partir del acceso a bases de datos públicas y privadas —algunas de uso restringido— como Veraz, Nosis, Migraciones, Renaper, DNRPA y registros judiciales. Esa información, se afirma, era utilizada para influir en la opinión pública, en la vida interna de los partidos políticos y para hostigar o intimidar a personas consideradas adversarias.

- Entre los hechos más graves, la acusación menciona un episodio ocurrido en abril de 2020, cuando se habría ordenado perfilar al empresario periodístico Nahuel Caputto y generar acciones para involucrarlo en una supuesta infracción durante la pandemia, incluso con la intervención de personal policial en la sede del diario El Litoral.

- La investigación se inició a partir de una denuncia interna y se nutrió de numerosos testimonios de ex funcionarios y empleados, algunos de ellos bajo reserva de identidad, que relataron un funcionamiento “promiscuo” entre el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, con órdenes informales, pedidos de información sin respaldo legal y un clima de temor e intimidación.

- El escrito también da cuenta del secuestro de documentación y dispositivos electrónicos en oficinas oficiales, donde se hallaron bolsas con papel triturado y evidencias de una presunta destrucción de pruebas. De acuerdo con los fiscales, solo un porcentaje mínimo de las miles de consultas realizadas en bases de datos estuvo vinculado a causas judiciales reales.

- Con este cúmulo de pruebas, la querella afirma que existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral y obtener condenas por asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de secretos y realización de inteligencia ilegal, en una de las causas más sensibles de los últimos años en la provincia.