En medio del conflicto de poderes, firman un acuerdo sobre la Justicia

Habrá un "parate" al menos de un par de horas en la puja constante de poderes a la que viene asistiendo la provincia desde hace meses. Cesarán por un momento los chispazos entre legisladores y Poder Ejecutivo. Se suspenderán circunstancialmente los disparos intercambiados en el marco de la belicosa relación de fiscales y senadores. Este martes al mediodía, la cabeza de los tres poderes del estado y los máximos referentes de cada uno de los sectores involucrados coincidirán en tiempo y espacio. A fin de evitar más rispideces, se eligió para el hecho un ámbito netamente institucional: la inauguración y apertura del año judicial. Allí confluirán la Corte en pleno, el gobernador Omar Perotti; su vice y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas; el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; el fiscal General, Jorge Baclini; y la Defensora General, Jaqueline Balangione. Además, concurrirán los decanos de las facultades de Derecho de la provincia, y las autoridades de los Colegios tanto de Abogados como de Magistrados.

Contexto

La apuesta del gobierno provincial es proyectar una suerte de Plan Estratégico para la Justicia, similar en envergadura al que se había presentado en 2006, y que derivó – entre otras - en la reforma del Código Procesal Penal. La rúbrica prevista para este martes es el corolario de casi un año de trabajo; arrancó con las reuniones iniciales mantenidas entre el máximo tribunal y el gobernador, a poco de haber asumido su mandato. Continuó con otros encuentros, y demandó la construcción de consensos que estuvieron a cargo, sobre todo, del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. La intención había sido, incluso, firmar el acta a fines del año pasado. Pero la delicada situación institucional derivada del pedido de desafuero al senador Armando Traferri, obligó a posponer el acto.

Tres puntos

El primer punto del acta/acuerdo a suscribir, según pudo saber El Litoral, plantea una nueva etapa en la informatización del Poder Judicial, anclada en la Ley de Conectividad que, en rigor, no fue sancionada aún por la Legislatura.

El segundo es abarcativo de varios aspectos. Uno de ellos, apunta a descongestionar la casi colapsada justicia en lo contencioso administrativo. Dicho ámbito cuenta hoy con dos cámaras; la aspiración es constituir juzgados de primera instancia y mantener las instancias actuales de revisión.

Otro aspecto a abordar es la Justicia Comunitaria o de Pequeñas Causas. La intención allí es ampliar sus facultades y competencias en unas 40 ó 50 localidades, para evitar que los vecinos de esos distritos deban trasladarse a las grandes ciudades a la hora de dirimir causas laborales, desalojos y hasta sucesorios. La justicia comunitaria sustituye a los otrora juzgados comunales; la reforma pertinente sumó requisitos para quien fuera juez de ese fuero – tener el título de abogado - y estableció un mecanismo de selección que en la práctica terminó resultando poco ágil. Hoy, la mitad de los juzgados de pequeñas causas está vacante. Sobre dichos mecanismos también pondría el acento el nuevo plan de justicia.

Una última instancia incluida en el segundo punto del plan, plantea que los tribunales colegiados de familia de Santa Fe y Rosario sean unipersonales – actualmente, están constituidos por tres miembros-.

El tercer punto estipula una serie de reformas procesales: una Ley de Víctimas, una nueva Ley de Ejecución Penal, un Código Procesal Juvenil y un Código Electoral que logre reunir a las decenas de decretos firmados sobre la materia.

El desafío no es menor; se requiere de la sanción de leyes para que la rúbrica de este martes no quede reducida a una mera expresión de deseos. Y es allí donde es imprescindible el consenso político que por estas horas se ha tornado casi un bien escaso en la provincia.

Mandatos

Mediante el mensaje Nro. 4928, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de ley para ampliar de dos a cuatro años la extensión de los mandatos de presidentes comunales. La iniciativa, que ingresó por el Senado, plantea que los cambios sean operativos a partir de las elecciones de 2023. Como se sabe, si bien todos coinciden con el concepto, el Partido Socialista advirtió que no convalidará estos cambios si no es a través de una reforma de la Constitución.