Mientras Europa demora el acuerdo en la Justicia, el Gobierno argentino acelera para ratificarlo en el Congreso durante las extraordinarias del 2 al 27 de febrero.
Mientras el expediente se encamina a los tribunales de Luxemburgo, la Casa Rosada define la hoja de ruta para ser el primer país en ratificarlo en el Congreso. En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió que no aceptarán el “obstáculo”, abriendo una grieta en el viejo continente.

Mientras Europa demora el acuerdo en la Justicia, el Gobierno argentino acelera para ratificarlo en el Congreso durante las extraordinarias del 2 al 27 de febrero.
Casa Rosada puso en marcha una estrategia para aprobar el Acuerdo Mercosur–Unión Europea pese al reciente voto del Parlamento Europeo que habilitó un nuevo y largo trámite: la revisión judicial del texto en Luxemburgo.
Cuatro días después de la firma en Paraguay, una mayoría muy ajustada en Estrasburgo aprobó denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), impulsada por sectores de la izquierda que alertaron sobre posibles incompatibilidades con el Derecho comunitario. El resultado se saldó por apenas diez votos de diferencia y también aparecieron voces críticas en contra de la moción, que abren una grieta al interior del viejo continente.
El escenario judicial no es de corto plazo: el dictamen del TJUE puede demorar hasta dos años, con un recorrido burocrático que, inevitablemente, mete ruido en exportadores y actores del comercio birregional. Sin embargo, la gestión de Javier Milei no acusa recibo de las alteraciones y quiere ser el primer país en darle respaldo al tratado de comercio.
El texto del acuerdo fue incluido por el presidente en el temario de extraordinarias en la convocatoria previa a su viaje a Davos. Ahora, el oficialismo activa las negociaciones con el objetivo de mostrar “músculo” político en un contexto global turbulento, como dejó en evidencia el reciente Foro Económico Mundial.
La decisión del Parlamento Europeo no implica un rechazo definitivo del tratado, pero sí un retraso significativo que vuelve a sembrar dudas sobre los tiempos de implementación. La discusión, tal como se planteó, giró sobre si el texto respeta los tratados constitutivos de la Unión Europea. Eso obliga ahora a que el máximo tribunal del bloque, con sede en Luxemburgo, lo revise y emita dictamen.
Mientras tanto, la Comisión Europea, presidida por Úrsula von der Leyen, conserva la potestad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Esa alternativa, sin embargo, aún no fue definida y enfrenta resistencias, en particular de legisladores franceses que cuestionan el impacto del tratado sobre los productores agropecuarios de su país.
En la discusión se metió el canciller alemán Friedrich Merz. En Davos, lamentó que el Parlamento Europeo hubiera puesto un “obstáculo” y sentenció: “No dejaremos que nos detengan”. También defendió que el acuerdo con Mercosur es “justo y equilibrado” y sostuvo que no hay alternativa si Europa pretende mayor crecimiento, instando a que se aplique de forma provisional.
La discusión europea es seguida con atención por el Gobierno argentino, ya que la entrada en vigor del tratado comercial tendría un impacto relevante sobre las exportaciones argentinas, con fuertes ingresos de divisas por la baja de aranceles prevista para el sector agroindustrial, principal generador de dólares de la economía argentina.
El Gobierno decidió encender la maquinaria legislativa esta semana con una definición estratégica que, según dejaron trascender desde Casa Rosada, es “altamente probable”: enviar el acuerdo directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados. La decisión se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores y cerrar filas antes del arranque formal de extraordinarias el 2 de febrero.
La lógica que busca imponer el oficialismo es la misma que exhibió en diciembre, replicando el esquema del Presupuesto: centralizar las conversaciones y evitar circuitos paralelos de negociación. Para ese fin, la Casa Rosada delega el trabajo en sus dos alfiles: Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados.
Menem, por su parte, ya se mostró activo en la construcción de respaldos. La semana pasada recibió al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, y ratificó la relevancia del Acuerdo de Asociación Mercosur–UE. En ese encuentro, el titular de Diputados sostuvo que el tratado “reafirma la decisión de la Argentina de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y regida por reglas claras, como condición necesaria para volver a crecer, atraer inversiones y generar empleo genuino”, en sintonía con el discurso económico del Ejecutivo y su apuesta por el RIGI.
La hoja de ruta contempla, además, la necesidad de ordenar comisiones en Diputados para el eventual tratamiento. Según se adelantó, los libertarios propondrían a una diputada de su bloque para presidir Relaciones Exteriores, en reemplazo de Fernando Iglesias, cuyo mandato legislativo finalizó el 9 de diciembre y fue designado por Milei embajador ante Bélgica y la UE.
El pliego de Iglesias es un asunto que si bien se presenta menor puede convertirse en un capítulo propio. No es habitual que designaciones diplomáticas se discutan en verano; menos todavía en un momento en que el Gobierno pide “prolijidad” para evitar “distorsiones” en el acuerdo. Pero el Ejecutivo lo incluyó en el temario y el Senado deberá expedirse.
Iglesias fue designado el 8 de enero como embajador ante el Reino de Bélgica y, a la semana, también como embajador ante la Unión Europea por el decreto 18/2026, con firma de Milei y del canciller Pablo Quirno. El decreto justificó la doble función por un “ahorro genuino del gasto público” y la consideró “esencial” para garantizar continuidad diplomática y “la adecuada atención” de asuntos bilaterales e internacionales. Este domingo, debutó en el cargo con una accidentada jornada que describió en sus redes.
En relación con el Acuerdo Mercosur-UE, el propio Iglesias se encargó de fijar posición pública a través de su cuenta de X. El día de la firma en Asunción, compartió una publicación celebrando: “Empezamos a dejar definitivamente atrás la paradoja del nacionalismo, que dice que somos los mejores del mundo pero no podemos competir con nadie”.
Esta semana, en un extenso mensaje dirigido a Jorge Fontevecchia por críticas a su designación, defendió su perfil y su vínculo con Europa: “Tanto Bélgica como la Unión Europea aprobaron mi designación en tiempo récord”, afirmó, y agregó que del tratado “me ocupo desde hace años”, enumerando antecedentes académicos y de gestión. Cerró con una frase que también funciona como señal interna: “ya estoy en Bruselas trabajando a full con el excelente equipo diplomático”.
Y luego de la votación del Parlamento Europeo para remitir el acuerdo al TJUE, Iglesias también eligió confrontar el diagnóstico de “freno”. Cuando se señaló que “el Parlamento Europeo frenó el acuerdo”, respondió: “no se frenó nada”. Y redobló la crítica: “Son los mismos que hace un año decían que cualquier tipo de acuerdo era imposible. Y los mismos que la semana pasada decían que el acuerdo ya estaba completamente aprobado. Ahora dicen que se frenó, aunque todavía no entró en vigor, y confunden las intenciones de los diputados que votaron la moción con su efecto real”.




