El Estado nacional aportará casi 12 millones de dólares para conectar Starlink en 6 mil escuelas

El vínculo entre Javier Milei y las empresas del magnate Elon Musk volvió a escena este lunes, cuando el Presidente recibió en Casa Rosada a directivos de Tesla para conversar sobre posibles inversiones en el país. Pero tuvo la semana pasada un anticipo con la formalización del convenio de Starlink con el Estado argentino.

La Resolución 857/2026 del Enacom, publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial, expuso los detalles del convenio con la empresa integrante del grupo SpaceX, con el fin de llevar conectividad satelital a 6 mil escuelas que actualmente carezcan de internet o tengan una prestación deficiente.

El esquema fue presentado inicialmente como una donación de Starlink, pero la resolución expone una contraparte pública mayor que el aporte privado y una obligación que, a partir de 2030, será responsabilidad de las provincias.

Efectivamente, según se expresa en los anexos, la empresa aportará al Fondo del Servicio Universal el equivalente a US$9,978 millones: US$2,778 millones por 6.000 kits, accesorios y envío, y US$7,2 millones correspondientes a los primeros 24 meses de conectividad. El propio Enacom indica que se trata de una “donación con cargo”.

La otra mitad del proyecto corre por cuenta del Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por el organismo y nutrido por aportes de las empresas de telecomunicaciones. La resolución reserva otros US$11,898 millones para instalar los equipos, administrar el servicio y las incidencias, brindar asistencia técnica, operar la plataforma de monitoreo durante tres años y pagar el tercer año de conexión. El monto oficial asignado al proyecto completo asciende así a US$21,876 millones.

Por cada escuela, la ecuación base ronda entonces los US$3.646 durante los primeros tres años: unos US$1.663 correspondientes al aporte valuado por Starlink y US$1.983 provenientes del FSU.

Además, el contrato fija US$4,266 millones más IVA para instalación, gestión y soporte durante el primer año y US$2,016 millones más IVA para cada uno de los dos siguientes; sólo los US$3,6 millones destinados al tercer año de internet aparecen expresamente indicados con IVA incluido. Por lo tanto, los US$11,898 millones informados como contraparte del Fondo constituyen la suma de los importes base del convenio, por lo que el costo final puede ser más alto que le que figura por contrato por el adicional de los impuestos.

Starlink elige quién instala

Otro detalle aparece en la ejecución. Los equipos no podrán ser instalados por cualquier proveedor. La donación establece como condición que la entrega e instalación sea realizada “exclusivamente” mediante distribuidores autorizados por Starlink.

El mecanismo previsto tampoco crea una relación contractual directa entre Enacom y esos distribuidores: Starlink los selecciona, afronta inicialmente sus costos y luego traslada esos importes al Fondo del Servicio Universal mediante facturación.

La propia compañía también factura al Enacom el año adicional de conectividad y presenta las facturas correspondientes a instalación y servicios asociados.

El modelo permite una ejecución centralizada y bajo estándares del proveedor, pero deja en manos de la misma empresa que realiza el aporte la selección de los operadores autorizados para efectuar las tareas financiadas con el FSU.

El lugar de las provincias

Por contrato, Starlink cubre los primeros 24 meses. El Fondo del Servicio Universal financia del 25 al 36. A partir de allí, el modelo de convenio de adhesión que deberán firmar las jurisdicciones es explícito: “la continuidad y el financiamiento del servicio” quedarán a cargo de la provincia o municipio responsable de cada establecimiento.

También hay responsabilidades previas. El Ministerio de Capital Humano está a cargo del listado georreferenciado de los 6 mil establecimientos y firmar convenios de adhesión con las provincias. En tanto que cada jurisdicción deberá colaborar con la implementación, integrar los equipos a la infraestructura tecnológica de cada escuela y controlar su utilización.

Existe, además, una cláusula para las instalaciones que presenten fallas: si un establecimiento seleccionado finalmente no puede ser conectado, no tiene derecho automático a ser sustituido por otro. Si excepcionalmente se autoriza un reemplazo, los costos y gestiones de esa nueva instalación quedarán a cargo de la provincia.

Sin nómina definida

La documentación establece que la Secretaría de Educación deberá elegir establecimientos sin conectividad o con servicios deficientes, junto al Enacom. En el Anexo I publicado junto al convenio se muestra la plantilla con requisitos que serán solicitados para informar la nómina final: código de escuela, provincia, departamento, localidad, domicilio, coordenadas, cantidad de alumnos y docentes, disponibilidad eléctrica y sala de computación.

Por eso, de los documentos formalizados no surge todavía cuántos kits, por ejemplo, corresponderán a Santa Fe. Según el informe de INDEC que fue publicado el mismo miércoles actualizando los Accesos a internet al segundo trimestre de 2026, la provincia tiene una conectividad general cercana al promedio nacional: 3,99 millones de accesos a internet, equivalentes a 1,08 por habitante, frente a 1,11 en todo el país. Los accesos fijos provinciales aumentaron 7,2% interanual y los correspondientes a organizaciones, 4,4%.

El informe de INDEC no precisa datos por establecimientos educativos, pero reportes anteriores del Observatorio de Argentinos por la Educación han detallado que Santa Fe encabezaba las jurisdicciones con acceso a internet, aunque con diferencias en el alcance y la estabilidad de la conexión, sumado a una brecha en los dispositivos adecuados disponibles para un uso educativo.

El proyecto apunta justamente al lugar que esos promedios esconden: establecimientos donde todavía no llega una conexión suficiente.