Diputados debate este jueves la reforma laboral sin el artículo de licencias por enfermedad

Este jueves desde las 14 habrá sesión extraordinaria en Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral, luego de que el oficialismo lograra dictamen de mayoría en un plenario de comisiones atravesado por el paro general de la CGT como telón de fondo.

La citación fue rubricada por Martín Menem, titular de la Cámara baja, mientras se realizaba el Plenario de las comisiones de Legislación y Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que tuvo en primera instancia la exposición de invitados y luego la discusión de los legisladores.

En lo que se espera será una jornada maratónica, el objetivo del Gobierno es dejar aprobado el proyecto para devolverlo al Senado y ratificar el texto, de manera que la ley quede lista antes del 1° de marzo, cuando Javier Milei pretende exhibirla como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del Congreso de la Nación.

Sin el artículo 44

En el arranque del plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni anunció que el dictamen de mayoría replicaría la media sanción del Senado “con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad”, un punto que detonó rechazo durante el fin de semana largo y empujó al Gobierno a ceder para no perder apoyos.

Así, del proyecto de 219 artículos que fue aprobado en la Cámara alta, el despacho mayoritario lo dejó en 218. La consecuencia reglamentaria indica que si Diputados aprueba esa versión, el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva. De suceder de esa manera, la intención del oficialismo sería sesionar el viernes de la próxima semana.

El dictamen de mayoría reunió 44 firmas de La Libertad Avanza, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. El PRO y el MID acompañaron, pero en disidencia por un capítulo que siguen queriendo reabrir: la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. Por el contrario, Unión por la Patria y la izquierda presentaron dictámenes propios, al igual que Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

El oficialismo estima que contará con la asistencia de los bloques que firmaron la convocatoria, que le permitiría asegurarse una base de quórum de 130 diputados. Del otro lado, avisaron que no darán quórum Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; mientras que el interbloque Unidos sugirió que no prestará asistencia en el llamado.

En el bloque libertario aseguraron que no cederán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones y otras obligaciones, que se nutriría con contribuciones mensuales del 1% de las remuneraciones brutas por trabajador en grandes empresas y 2,5% en PyMEs. Ese punto es otro de los que concentra objeciones de aliados y dialoguistas, como también la derogación de estatutos profesionales.

En tanto, desde Unión por la Patria, Germán Martínez describió el trámite como “desprolijo” y advirtió: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. La izquierda directamente habló de “ley esclavista”. Y, desde el universo judicial, se anticipó un complejo escenario post sanción: “Si se aprueba la reforma, las disputas se trasladarán a los tribunales”.

Exposiciones y debates

La jornada estará marcada por el paro nacional convocado por la CGT, cuyos popes prometieron que se va a "sentir fuerte". A eso se suma que desde sectores de izquierda llamaron a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad con la aplicación del protocolo antipiquetes, con un protocolo especial dedicado a la prensa, según adelantó el Ministerio de Seguridad.

Al plenario asistieron los tres secretarios generales de la CGT —Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— ratificaron la huelga y cuestionaron una reforma a la que calificaron de “regresiva”. Solá apuntó contra el concepto de modernización: “¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos”. Y luego apuntó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de $ 6.000 millones anuales”.

El plenario transcurrió casi ninguna alocución del oficialismo, solo con la excepción de Lilia Lemoine cargando contra expositores. Los principales cruces se dieron al discutir sobre los trabajadores de plataformas. El director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, definió a los repartidores como “independientes” y dijo que el proyecto otorga "cobertura y un piso para toda la actividad” con “la posibilidad de elegir el día, la hora y el lugar de conexión es el principal atributo” garantizando así "la soberanía del tiempo". Esto le valió las críticas de los referentes de la CGT por fuera de los micrófonos.

También se refirió al respecto el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa: "Los rappi según esta ley son emprendedores, pero yo lo único que veo en la calle son personas en muchos casos mayores de edad que andan en bicicleta por la calle con una caja y sin ningún tipo de protección... Esto parece más una vuelta a la esclavitud que una ley de modernización laboral", manifestó y generó los reproches a viva voz de parte del bloque libertario.

En otro tramo, Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, se refirió al artículo que quedó excluido en el Senado y por el cual insiste el bloque del PRO. “Argentina necesita una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y económica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que en ese mismo proceso haya quedado excluido del debate un artículo que introducía mayor libertad y competencia: la libre elección de acreditación salarial”, sostuvo.

Otro artículo que fue discutido fue el que impulsa la derogación seis meses después de sancionada la ley de los estatutos profesionales, entre ellos el del periodista profesional, principalmente por parte de los legisladores de Unidos. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó la representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi.

La iniciativa recibió respaldo de parte de Santiago Mignone, presidente de IDEA, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.