Cuando faltan pocas horas para que se ponga en marcha la Convención constituyente, uno de los puntos que más debate genera es la ubicación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal en la futura Constitución.
Vranicih reclamó autonomía, autarquía e independencia de los tres poderes y un nuevo sistema de juzgamiento. Moreno Robinson postuló para la Defensa autonomía, autarquía e integridad. La Asociación Tribunales exige que ambos institutos estén dentro de la órbita del Poder Judicial.

Cuando faltan pocas horas para que se ponga en marcha la Convención constituyente, uno de los puntos que más debate genera es la ubicación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal en la futura Constitución.
En las últimas horas, Estrella Moreno Robinson, titular de la Defensa; y María Cecilia Vranicich, de la Acusación, ratificaron las posturas reclamando autonomía y autarquía de esos institutos mientras el gremio de judiciales ratificó que para el sector, deben estar dentro del Poder Judicial.
"Se habilita la discusión en el sentido de reconocer constitucionalmente al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa, consagrando la autonomía funcional y la autarquía financiera de ambos órganos. Una ley especial determinará los alcances de su competencia y los principios que guiarán su actuación y la designación y remoción de sus órganos de dirección. Los fiscales y defensores serán designados de conformidad con el artículo 86 y se removerán de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la Constitución", señala la Ley .Nº 14.384 que declaró la necesidad de la reforma.
Moreno Robinson planteó los objetivos de la Defensa acompañada por defensores de otras provincias ante convencionales el pasado jueves. Además de autarquía y autonomía se reclamó una Defensa integral para que Santa Fe se ponga en línea con el resto de las provincias.
En tanto, Vranicich, ante el inminente comienzo de la Convención Constituyente reafirmó el posicionamiento institucional del MPA en relación al reconocimiento que la institución debe tener en la próxima Constitución.
Recordó que la posición del MPA fue transmitida a todos los bloques de convencionales. "En todos los casos fuimos escuchados, pudimos dialogar e intercambiar ideas, lo cual es muy importante para la instancia en la que estamos a horas de que comience a sesionar la Convención Constitucional", valoró e hizo hincapié en que "todas las reuniones fueron enriquecedoras".
La Fiscal General sostuvo que "somos optimistas de que el sistema de justicia penal resultará fortalecido, y se consolidarán sus dos instituciones basales: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, para lo cual es necesario el expreso reconocimiento como órganos autónomos, autárquicos e independientes".
En todas las reuniones, Vranicich refirió a la necesidad de que el MPA sea considerado como un órgano extrapoder, advirtiendo cuál es el significado de dicha denominación: "Cuando planteamos este tema, no estamos diciendo que el MPA tiene que ser un nuevo poder del Estado con la misma jerarquía que los tres poderes actuales, ser extrapoder significa ser independientes en nuestra propia organización y contar con nuestra propia superintendencia, extremo que hoy no ocurre en nuestra provincia aunque sí en el Ministerio Público Fiscal de Nación".
"Para ello necesitamos tener independencia de los tres poderes del Estado", reforzó: "Particularmente, es de vital importancia que el MPA pueda administrar su propio gobierno institucional y luego de la reforma deje de estar comprendido en la superintendencia que ejerce la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, extremo que fue puesto en crisis desde el propio nacimiento del MPA por cada uno de los Fiscales Generales anteriores".
En los encuentros que mantuvo con los convencionales, Vranicich se refirió a los "parámetros mínimos de diseño funcional del MPA". También remarcó "la necesidad de tener un piso presupuestario objetivo", y también se refirió a la política salarial, la cual, según dijo, "deberá estar equiparada al Poder Judicial como ocurre a nivel Nacional con el Ministerio Público Fiscal de Nación".
Por último señaló que se está "ante una oportunidad única de dotar de calidad institucional, modificar y mejorar el sistema de remoción de fiscales que funciona en la actualidad, que está a cargo del Poder Legislativo. No estamos diciendo que no existan sistemas de control. Todo lo contrario. Debe haber controles, tienen que ser cruzados y deben tener representación equilibrada de todos los sectores", concluyó.
En tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe se pronunció sobre la ubicación del MPA y la Defensa en la reforma constitucional.
"Entendemos que el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, de ser reconocidos en la nueva Constitución, deben serlo dentro del Poder Judicial, para que no pierdan la protección de integrar uno de los poderes del estado provincial, con todo lo que ello implica" define el sector.
Advierte que "de no ser así, de crearse la figura del extra poder, en vez de fortalecerse la autonomía funcional y autarquía financiera se verán debilitadas para ser sometidas en el futuro al poder político de turno, o a una mayoría circunstancial que pondrá en peligro, el ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, la propia división de poderes y en particular los derechos laborales de quienes instagram los organismos".
Para el gremio, "es voluntad de los trabajadores seguir perteneciendo al Poder Judicial y no escindirse de él, pues ingresaron con pleno derecho y como opción de vida a un Poder del Estado para desarrollarse como persona humana y en familia y en progreso de toda la comunidad".
Señalan que la mayor autonomía y autarquía debe ser resuelta en el marco de su pertenencia al Poder Judicial, única garantía de independencia y de un freno a probable o posibles posturas antidemocráticas de futuros gobernantes".




