Infancia vulnerada: Niñez explica cómo se aplican las medidas de excepción

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, salió al cruce de la presentación que realizó días atrás la Defensoría del Pueblo sobre la aplicación de Medidas de Protección Excepcional, previstas en la ley para aquellos casos en que niños, niñas y adolescentes están en serio riesgo y deban ser separados de su centro de vida.

"En primer lugar coincidimos con el diagnóstico de la Defensoría respecto al análisis de la situación de NNyA dentro del Sistema de Protección de Niñez ya que el muestreo que utiliza se basa en procedimientos realizados de enero a diciembre de 2019". Esto es porque, "cuando asumimos esta gestión nos encontramos con 1.100 NNyA alojados en centros residenciales, algunos con larga data incluso de 2013, lo que hizo que niños que ingresaron siendo pequeños lleguen a la adolescencia en dichos centros, y sabido es que no hay familias inscriptas para adoptar a mayores de 10 años".

Por otro lado, recordó que "en todo proceso administrativo y judicial de las Medidas de Protección Excepcional, se trabaja de manera articulada y en constante comunicación con los Juzgados de Familia y/o Juzgados de Instancia dentro de los plazos legales establecidos": 180 días en el Código Civil y Comercial, y plazo máximo de un año y medio.

En la mayoría de los casos, estas medidas se aplican por negligencia (abandono temporal, situaciones de riesgo, maltrato) o por abuso sexual. "Casi todos ingresan por los equipos socio educativos".

"Es real que existen casos en que estos plazos se prolongan", sostuvo Chialvo en relación con uno de los cuestionamientos realizados por la Defensoría.

Esta situación, aseguró, se produce por tres razones: "se trazan planes de acción con el grupo familiar que muchas veces no pueden revertir rápidamente la situación que motivó la MPE y requiere prolongar los plazos"; "las familias pueden y suelen recurrir las medidas ante los Juzgados de Familia y son los Jueces los que habilitan estos procesos legales que impiden tomar medidas definitivas", y "hay NNyA con padecimientos subjetivos o discapacidad profunda sin ninguna posibilidad de alojamiento familiar, familia extendida o referente afectivo con medidas de situación de adoptabilidad que probablemente permanezcan definitivamente dentro del sistema de alojamiento".

Este último es uno de los desafíos a resolver en el marco de la "corresponsabilidad" establecida en la ley, donde "debemos combinar la ley de niñez, ley de salud mental y convención de discapacidad".

Para dar idea de la complejidad de la situación que se aborda desde la secretaría, Chialvo aportó otro dato preocupante: durante 2022 y en lo que va de 2023 se interrumpieron 14 procesos adoptivos en jurisdicción de Rosario, 5 en Santa Fe y uno en el interior de la provincia. "Con todo lo que implica en la subjetividad de esos niños cuyos derechos ya habían sido arrasados y ahora son 'devueltos' a Niñez", advierte.

En su presentación, la Defensoría realizó otra recomendación, en este caso relacionada con el tema presupuestario. "Es falaz que el presupuesto destinado al programa de Alojamiento y Acogimiento Familiar se haya reducido", consigna .

En tal sentido, informó que en estos años se aumentaron las plazas alojadas y los montos asignados a esa tarea. "Para el año 2023, se dictaron Resoluciones Ministeriales que aprobaron un total de 785 plazas distribuidas en 39 ONG y 8 municipios y comunas con un incremento del valor por plaza en promedio del 110% respecto del 2022. El año pasado fueron 773 las plazas con un incremento del valor por plazas en promedio del 90% respecto del 2021. Y ese año eran 723 las plazas con 35 % de aumento respecto de 2020", según establece un informe realizado en la repartición.