EE.UU. va por el petróleo… ¿de Venezuela?

Lo paradójico es que fue durante los años de la llamada “revolución chavista” cuando el Estado, como tal, perdió el control de los beneficios financieros, aunque no así los directores de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), que fueron obteniendo una discrecionalidad cada vez mayor en el manejo de la empresa.

El proceso de privatización de hecho comenzó en la década de 1990, cuando se inició una internacionalización que incluyó la adquisición de refinerías y activos en el exterior a través de PDV Holding Inc. y CITGO, empresas subsidiarias de PDVSA registradas en el estado de Delaware. Delaware no fue una simple sede administrativa: fue el punto en el que la soberanía dejó de expresarse como decisión política y pasó a operar como cláusula contractual.

Del petróleo soberano al dinero sin bandera

El recurso siguió estando bajo tierra, en territorio venezolano, pero el dinero que generó dejó de tener bandera. La estructura PDVSA–PDV Holding–CITGO permitió que los flujos en dólares se administraran bajo normas corporativas extranjeras, sin control parlamentario ni contraloría efectiva. La soberanía quedó en el discurso; la caja quedó en el exterior.

Lejos de desarmarse, esta ingeniería financiera manejada fuera del control del Estado se profundizó durante los gobiernos de Chávez primero y de Maduro después. El mecanismo se afianzó con la incorporación de altos mandos militares en la conducción de la empresa y la proliferación de contratos multimillonarios con petroleras estadounidenses, chinas, canadienses, francesas, rusas y españolas.

Bajo la jurisdicción de Delaware, PDVSA pudo emitir deuda, mover fondos, constituir garantías y firmar contratos sin intervención del Congreso venezolano. Esa estructura no solo protegió a la empresa frente a terceros, sino también frente al propio Estado venezolano. El control dejó de ser público y pasó a ser corporativo.

El circuito offshore revelado

Las filtraciones del ICIJ y las investigaciones judiciales en Estados Unidos y Europa mostraron que la renta petrolera fue canalizada a través de estructuras en Islas Caimán, Bermudas y bancos suizos. Entidades como PDVSA Gas Accro Ltd. y múltiples sociedades pantalla funcionaron como nodos de un circuito financiero opaco que permitió ocultar beneficiarios finales y desviar fondos fuera de Venezuela.

La “casta” petrolera

Entre los nombres más reiterados en causas judiciales, sanciones y filtraciones aparece Rafael Ramírez, presidente de PDVSA y ministro de Petróleo entre 2004 y 2014, bajo cuya gestión se consolidó la arquitectura internacional de la empresa. También Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes de PDVSA, detenidos posteriormente por el propio gobierno venezolano en el marco de investigaciones por corrupción vinculadas a contratos y comercialización de crudo.

Alejandro Andrade, extesorero nacional y hombre de extrema confianza de Hugo Chávez, se convirtió en uno de los pocos casos con condena firme en Estados Unidos. En 2018 se declaró culpable de lavado de dinero y recibió una sentencia de 10 años de prisión, tras admitir el cobro de más de mil millones de dólares en sobornos vinculados a operaciones financieras del Estado venezolano. Su caso confirmó que el circuito offshore no era una hipótesis periodística, sino un mecanismo real de apropiación.

La militarización como cierre del circuito

A partir de 2014, la incorporación de militares activos y retirados a la conducción de PDVSA selló el modelo. El general Manuel Quevedo, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2017 y 2020, simbolizó la fusión entre mando militar y gestión corporativa. Oficiales como Antonio Pérez Suárez, coronel del Ejército y vicepresidente de Comercio y Suministro, fueron posteriormente detenidos por su presunta participación en esquemas de corrupción vinculados a exportaciones y pagos no ingresados al Estado.

Investigaciones periodísticas y judiciales identificaron a otros exfuncionarios y militares, como Nervis Villalobos y Javier Alvarado, vinculados a operaciones energéticas y financieras con ramificaciones en el exterior. En varios casos, los fondos terminaron en cuentas offshore o en bienes de lujo fuera de Venezuela. El patrón fue consistente: control del recurso, control del flujo y apropiación privada de la renta.

La doble pérdida de soberanía

Venezuela perdió soberanía hacia afuera, al someter sus activos estratégicos a jurisdicciones extranjeras que hoy habilitan embargos sobre CITGO. Y la perdió hacia adentro, al permitir que funcionarios y militares dispusieran de la renta petrolera como si fuera patrimonio propio. El Estado dejó de decidir y el pueblo dejó de beneficiarse.

Delaware no fue una anomalía heredada ni un tecnicismo neutro. Fue la garantía jurídica que permitió que el circuito funcionara sin control democrático. Protegió la confidencialidad, blindó contratos y facilitó que la renta petrolera circulara lejos del escrutinio público. El saqueo no ocurrió a pesar de esa estructura, sino gracias a ella.

La pérdida de soberanía venezolana no se mide solo en barriles ni en activos embargados. Se mide en haber convertido la renta petrolera en un circuito financiero opaco que benefició a funcionarios y militares mientras vaciaba al Estado. Cuando el petróleo se administra desde Delaware y termina en cuentas offshore, la soberanía deja de ser un principio y se convierte en una coartada.

Más allá del relato antiimperialista y bolivariano, la democracia venezolana comenzó su disolución a partir de la apropiación del recurso más importante del país por parte de una dirigencia que profundizó la pobreza y militarizó la conducción política, económica y social, bajo una fachada de nacionalismo de cartón que empoderó a una élite que concentró poder y riqueza con el control social de un ejército volcado a la seguridad interior, so pretexto del imperialialismo que acechaba.

Trump no se apropió, en su invasión territorial ilegítima, de algo que Estados Unidos no dispusiera ya. Todo se hizo con una sincronicidad y rapidez tales que ni siquiera el precio del petróleo se verá afectado, al realizarse la maniobra durante un fin de semana, con los mercados cerrados.

Cambiar para que nada cambie

Tal como lo dio a entender en su discurso, todo parece encaminado a la continuidad de un sistema corrupto que garantiza a Estados Unidos que la rueda gire bajo su control. Manteniendo los mismos nombres en áreas vitales del gobierno, Trump expresó que trabajará con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez como figura de transición, y no con la líder opositora María Corina Machado, a quien consideró que “no tiene el apoyo interno ni el respeto” suficientes para gobernar Venezuela.

Trump entiende, mejor que nadie, que el poder no siempre necesita apropiarse de lo que ya controla. La captura de Maduro no inauguró una nueva etapa: apenas blanqueó un orden previo. La renta petrolera venezolana hace años dejó de responder al pueblo y pasó a circular por jurisdicciones extranjeras y cuentas opacas, administradas por una élite política y militar. Delaware fue la llave; el ejército, la garantía; el discurso soberanista, la coartada.

Cuando el petróleo se maneja fuera del país y la obediencia se compra con dólares offshore, la soberanía no se pierde en una invasión: se liquida en silencio.