El pliego de Figueroa tensiona la sesión del Senado y vaticina un conflicto de poderes

La reforma del régimen del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, junto con la ley de Alquileres, concentra la mayor atención en la agenda de la sesión de este jueves del Senado nacional, a la vez que servirá para proporcionar el quórum necesario para que el cuerpo funcione, retaceado en anteriores intentos por la decisión de Juntos por el Cambio de no concurrir. Sin embargo, el debate que calentará la reunión se dará antes de que esos puntos lleguen al recinto, cuando se consideren pliegos para nombramientos judiciales, y en particular el de Ana María Figueroa.

Con número suficiente para sesionar, garantizado precisamente para que se pueda tratar una reforma impositiva con alto impacto para buena parte de la población, y con ello para la campaña presidencial de Sergio Massa, el kirchnerismo aprovechó para insistir con el tema que hasta ahora había impedido reunir el quórum, por la firme resistencia de la coalición opositora: la aprobación de pliegos judiciales. Y entre ellos, el de Figueroa en la Cámara de Casación Penal, a pesar de que ya cumplió los 75 años y la Corte Suprema estableció que está jubilada.

Para asegurarse el quórum hasta ahora esquivo, el kirchnerismo bajó el número de pliegos judiciales que se van a tratar, de 75 a 42. Y logró que concurran al recinto senadores de Unidad Federal, que votarán en contra de Figueroa, pero que permitirán que se pueda sesionar.

Arranque caliente

El caso de Figueroa, que forma parte del tribunal que ordenó llevar a cabo el juicio oral en causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y que habían sido mandados a archivar en instancias inferiores, como Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán, marcará el inicio mismo de la sesión, ya que el tratamiento de los pliegos está ubicado al principio del temario, y abrirá la discusión antes de tratar los proyectos económicos.

La polémica está servida no sólo por la afinidad con el kirchnerismo que la oposición atribuye a la magistrada, y que motiva el rechazo a su continuidad (y, como contrapartida, el interés en sostenerla), sino por el hecho de que, en caso de aprobarse su pliego, esto planteará una cuestión constitucional, por la extemporaneidad o no de la medida, y también un conflicto de poderes, por cuanto contradecirá abiertamente una disposición concreta de la Corte Suprema. La movida contará con el necesario aval del Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Alberto Fernández del decreto de designación.

Incumbencias

Para el constitucionalista Félix Loingro, el oficialismo actúa “ignorando alevosamente lo dispuesto en la Ley Fundamental, y desobedeciendo a la resolución del Máximo Tribunal”, cuando “pretende otorgarle un acuerdo ‘post-cargo’, a la entonces jueza, que es a todas luces nulo e inconstitucional”.

Desde el Frente de Todos respondieron que es potestad del Senado esa decisión y que, mientras el pliego de la magistrada para que ejerza por 5 años más esté dentro del proceso de sesiones ordinarias, tiene validez. En ese marco, entienden que la decisión del máximo tribunal no es pertinente.

“La jueza Figueroa obtuvo dictamen de comisión y su pliego nunca fue impugnado ni recibió cuestionamientos, por lo que no hay razón para no tratarlo en el recinto”, afirmó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

Por su parte, Germán Garavano, ex ministro de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri, consideró la jugada de la vicepresidenta como parte de su defensa en las causas que la tienen como protagonista por hechos de corrupción cuando ejerció la primera magistratura.

“Es una estrategia de Cristina Kirchner para enfrentar a la Corte y al Poder Judicial”, dijo Garavano. “Esto va a generar un conflicto de poderes en la sala de la Cámara de Casación que revocó dos sentencias que la beneficiaban por lo que se inscribe en una línea de tratar de fortalecer su estrategia de defensa”, agregó.

Las sentencias a las que hizo alusión el ex funcionario son, precisamente, las que la Sala I de la Cámara de Casación dictó hace diez días en las causas Hotesur-Los Sauces, en la que Cristina Kirchner se encuentra acusada con su hijo Máximo de maniobras de lavado de dinero con los hoteles de su propiedad, y la firma del Memorándum con Irán. En ambos casos, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, una vez que Figueroa fue declarada jubilada por el máximo tribunal de justicia del país, ordenaron dar marcha atrás con el cierre de los procesos que habían dictaminado juzgados de primera instancia.