Prosumidores: tres proyectos y ninguna ley

Mientras los prosumidores, usuarios de energía eléctrica que también son generadores, esperan la sanción de una ley que resguarde sus inversiones en el Senado santafesino existe una situación bastante particular. Hay tres proyectos en discusión que requieren del acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en ambas Cámaras.

Uno de los proyectos tiene media sanción y corresponde a la mayoría opositora de la Cámara de Diputados. Su autora es la diputada socialista Clara García del Frente Progresista, Cívico y Social.

La legisladora trabaja sobre la base del decreto del gobernador Miguel Lifschitz, que en 2018 le dio un fuerte impulso a esa actividad.

Otro texto sobre el mismo tema ingresó en la última sesión del jueves 24 de septiembre y es el mensaje del gobernador Omar Perotti, que refleja el trabajo de funcionarios de la Epe y del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, hay un tercero, que corresponde al oficialismo en la Cámara alta, y fue elaborado por el senador Marcelo Lewandowski (PJ-Rosario) que curiosamente ingresó al mismo tiempo que el del Ejecutivo.

Los senadores peronistas que tienen la mayoría enfrentan ahora un dilema, que deberán resolver mediante la negociación política: si aprueban el texto venido de la Casa Gris o el de uno de sus integrantes (o un mix de ambos) se enfrentan a la posibilidad de que la mayoría en Diputados no acepte esas modificaciones e insista con su propia versión o, lo que es peor, simplemente no lo trate.

Negociación

En cualquier caso, antes de que la bancada Juan Domingo Perón decida qué hacer con los tres proyectos habrá que ver en qué condiciones sigue la difícil relación política que buena parte de sus integrantes mantienen con varios funcionarios del gabinete, que parece condicionar el diálogo con el Ejecutivo.

Debe decirse que otro proyecto de ley pedido por Perotti, que ingresó como se había pedido por el Senado y fue anunciado por el gobernador en su primer mensaje a las Cámaras el 1ro de mayo no ha tenido ningún avance en comisiones. El proyecto de ley para que la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables pase a llamarse Santa Fe Redes (y sume a sus competencias la conectividad por internet y otros sistemas de comunicación) llegó en julio, muy pronto recibió el compromiso de un rápido tratamiento mediante una preferencia, pero desde hace tres meses ese lugar prioritario en la agenda simplemente se renueva sin mayores novedades.

Para que haya acuerdo sobre el tema de los prosumidores es necesario que primero el justicialismo en el Senado decida internamente, y que luego en conversaciones con sus pares del radicalismo y con representantes de la otra cámara unifique un texto que no cause más tropiezos.

En espera

Los usuarios de la Empresa Provincial de la Energía que cuentan con sus propios sistemas de generación de energía eléctrica (en especial fotovoltaicos) pueden volcarla a la red y así cubrir una parte de su factura, desde 2016.

Sin embargo, es apenas un decreto (del ex gobernador Miguel Lifschitz) la norma que cubre la necesaria previsión de largo plazo de sus inversiones para amortizar en el tiempo el costo de los paneles solares instalados en sus techos o de sistemas eólicos más complejos.

Desde entonces, los prosumidores esperan que una ley fije esa política del Estado provincial a favor de las energías verdes. En 2019 –acaso por ser un año con elecciones provinciales- ese debate no avanzó en el Poder Legislativo y bastó con la cobertura del decreto 1710/18 que sustituyó a otro de dos años atrás y sentó las bases de un nuevo perfil de clientes en el sector eléctrico, a partir de la existencia de un nuevo marco legal nacional: la Ley 27424 que creó el "Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Pública".

Luces y certezas

La falta de certezas caracteriza ahora a la situación de los prosumidores. Y sin señales claras es difícil que el sector crezca.

La inconsistencia de la situación puede llegar a dejar a obscuras a los prosumidores.

Al muy difícil panorma general que enfrenta el país se suman tensiones política propias de Santa Fe.

En un extremo están las necesidades de previsibilidad que tiene todo el sector eléctrico y -con más razón- uno nuevo, con costos a afrontar por particulares, además de toda la cadena de comercialización de los fabricantes e importadores de insumos para la generación fotovoltaica y eólica, entre otras energías verdes.

En el otro extremo, se ubica la situación política que puede trabar o demorar demasiado la sanción de una ley.

Por orden de aparición

Desde mediados de julio pasó a las comisiones del Senado santafesino un proyecto de ley con media sanción que muestra la visión del gobierno anterior sobre el tema.

Fija un completo programa que establece beneficios e incentivos para la autoproducción de energías no convencionales y permite la inyección de excedentes a la red.

Uno de sus puntos difíciles de aceptar por el oficialismo es que obliga a que, desde la sanción de la ley, toda construcción de edificio público provincial "deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación de energía proveniente de fuentes renovables", lo que puede encarecer las obras.