Reclamos por una voz ausente ante el inminente debate sobre la edad de imputabilidad

Mientras el avanza el debate político, el Congreso mantiene en pausa un cargo clave.

Luego del aberrante hecho que tuvo lugar semanas atrás en la ciudad de Santa Fe y que conmociona a todo el país, se sumó a extraordinarias la modificación del Régimen Penal Juvenil, por lo que los legisladores debatirán proyectos para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Mientras, la agenda parlamentaria tiene estancada la designación de la conducción de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El concurso consumió buena parte del trabajo parlamentario del año pasado y podría perder vigencia. La terna seleccionada por la Comisión Bicameral de Infancia fue aprobada en octubre por la Cámara de Diputados, pero luego quedó varada en el Senado. Por este motivo, la ONG Infancia en Deuda emitió un comunicado alertando que el procedimiento podría caducar a mediados de marzo de 2026, obligando a reiniciar el proceso desde cero, en medio de la necesidad de abordar temas tan complejos.

Un concurso cerrado, una designación frenada

Según expresó la organización, Argentina lleva casi seis meses sin una Defensoría en funciones por una razón que atribuye a una decisión política.

El proceso de selección concluyó el pasado 22 de septiembre de 2025, cuando la Comisión Bicameral elevó a las Cámaras la propuesta de postulantes surgida del concurso público previsto por la Ley 26.061. Luego, el 8 de octubre, Diputados aprobó el orden de mérito sin cambios aunque con discusiones. Desde entonces, los pliegos quedaron estancados en el Senado.

En plazos, el reglamento del concurso fija una vigencia de 180 días desde la elevación de la propuesta a las Cámaras, con vencimiento aproximado a mediados de marzo de 2026. Si la Cámara alta no completa la designación dentro de ese período, el concurso queda agotado y el procedimiento debería reiniciarse.

“No es un tecnicismo”, remarcó la ONG. Y definió el estancamiento de la terna como un “bloqueo institucional con consecuencias concretas” para un organismo pensado para intervenir ante el Estado y actores privados, exigir cumplimiento de políticas públicas, monitorear recortes y actuar frente al deterioro del sistema de protección integral.

Una terna votada y con debates

El expediente que hoy duerme en el Senado salió de una sesión con temperatura alta en Diputados. Allí se trató la designación de María Paz Bertero como Defensora, junto a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos en primer y segundo orden.

La votación en la Cámara baja fue de 156 afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones. Pero la discusión dejó expuestas tensiones políticas y cuestionamientos sobre el proceso del concurso.

La presidenta de la Bicameral, la radical Natalia Sarapura, defendió el procedimiento y enumeró sus etapas: convocatoria, 231 postulaciones de 19 provincias, valoración de antecedentes, exámenes anónimos, audiencias públicas y ponderaciones finales, con escribano público y participación de legisladores de distintas fuerzas. En su lectura, los cuestionamientos fueron más políticos que técnicos.

En representación libertaria alzó la voz el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA), que cargó con dureza contra el mecanismo y el resultado. Habló de “ilegalidad”, de “irregularidades” en exámenes, de arbitrariedades y favoritismos; cuestionó también que se propongan adjuntos desde el Congreso y no por el Defensor ya designado, y apuntó contra el perfil ideológico de la candidata.

Antes, en la Bicameral, la elección también había sido áspera. Incluso se había dado una curiosa situación en la que se necesitó de cinco votaciones para dar con el acuerdo final. En Diputados, pese a las discusiones, el resultado no demandó una nueva votación. El expediente fue girado a la Cámara que conduce la vicepresidenta Victoria Villarruel; y ahí quedó trabado.

Reclamo de prioridades

El planteo de la organización es que mientras el Ejecutivo y diversas fuerzas políticas bregan por endurecer la penalidad a menores de edad, la designación de la Defensoría quedó fuera, por lo que avanza una discusión punitivista sin que participe el organismo diseñado para garantizar derechos del sector implicado.

La relevancia del reclamo, recuerda la organización, tiene como agregado un complejo contexto social: “casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza”, recuerda Infancia en Deuda que apeló además a compromisos normativos de la Argentina como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 que no se están respetando.

Trece años pasaron desde la creación del cargo hasta que se logró el consenso y la voluntad para que sea ocupado. La Ley 26.061 se sancionó en 2005 estableciendo la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de monitorear, promover y proteger el cumplimiento de los derechos consagrados en la normativa nacional e internacional. El cargo permaneció vacante hasta que en 2018 fue designada Marisa Graham. A principios de 2025 fue desplazada y el Congreso decidió abrir un concurso público para designar nuevas autoridades.